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Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F: “Saldamos una deuda histórica”

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El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de asalto al Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La medida llega cuando se cumplen 45 años del intento de ruptura del orden constitucional ocurrido el 23 de febrero de 1981.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, la decisión permitirá “saldar una deuda histórica” con la ciudadanía, facilitando el acceso a información relevante sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia democrática reciente de España.

¿Qué ocurrió el 23-F?

El conocido como 23-F hace referencia al intento de golpe de Estado liderado por el entonces teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Durante varias horas, España vivió una grave crisis institucional que puso en riesgo el proceso democrático iniciado tras la Transición. La intervención televisada del rey Juan Carlos I, defendiendo el orden constitucional, fue clave para frenar la intentona golpista.

El fracaso del golpe consolidó el sistema democrático, pero durante décadas parte de la documentación oficial relacionada con aquellos hechos ha permanecido clasificada.

Transparencia y memoria democrática

Con la desclasificación anunciada, el Gobierno busca reforzar las políticas de transparencia y memoria democrática, facilitando el trabajo de historiadores, investigadores y medios de comunicación.

El Ejecutivo considera que, 45 años después, el acceso público a estos documentos contribuirá a un mejor conocimiento de lo sucedido y ayudará a cerrar interrogantes aún presentes sobre la trama del golpe y sus posibles apoyos.

La aprobación formal de la medida está prevista para el Consejo de Ministros de este martes, tras lo cual se iniciará el procedimiento técnico para hacer accesible la documentación conforme a la legislación vigente en materia de secretos oficiales y protección de datos.

45 años del intento de golpe de Estado

El anuncio se produce en un contexto simbólico, coincidiendo con el 45 aniversario del 23-F, una fecha clave en la historia política de España. La desclasificación de los documentos supone un paso relevante en la revisión histórica de aquel episodio que marcó el rumbo de la democracia española.

Con esta decisión, el Gobierno pretende reforzar el compromiso institucional con la verdad histórica y el derecho de la ciudadanía a conocer en profundidad los hechos que marcaron el devenir del país.

 

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La abogada de Maricarmen: «Si se hubiese suspendido el desahucio, hoy no estaríamos en esta situación»

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La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha lamentado el fallecimiento de la mujer de 87 años y ha asegurado que su estado de salud sufrió un deterioro evidente durante el último año, coincidiendo con el proceso judicial que terminó con su desahucio.

Duro ha defendido que, si se hubiese aceptado la petición para suspender el lanzamiento de la vivienda, la situación actual podría haberse evitado. «Hoy no estaríamos en esta situación», ha señalado la letrada, según recoge Europa Press.

La abogada ha insistido en que el deterioro de Maricarmen fue evidente durante los últimos meses y ha cuestionado que no se atendiera la petición de suspender el desahucio.

La salud de Maricarmen se deterioró durante el proceso

Beatriz Duro ha explicado que el estado de salud de Maricarmen había empeorado durante el último año, en paralelo al procedimiento que terminó con su salida de la vivienda en la que había residido durante décadas.

La mujer, de 87 años, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la lucha por el derecho a la vivienda después de que su caso provocara una importante movilización social.

Su desahucio generó protestas y volvió a situar en el centro del debate la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de lanzamiento de sus viviendas.

La petición para suspender el desahucio

La defensa de Maricarmen había solicitado que se suspendiera el lanzamiento atendiendo a su situación personal y de salud.

Sin embargo, el desahucio terminó ejecutándose y la mujer tuvo que abandonar la vivienda. Tras el lanzamiento, su estado de salud empeoró y permaneció ingresada en un centro hospitalario.

La abogada considera que la evolución del estado de Maricarmen durante el proceso demuestra la importancia de haber valorado su situación antes de ejecutar el lanzamiento.

Maricarmen fallece a los 87 años

Maricarmen falleció a los 87 años, después de que su caso se convirtiera en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y contra los desahucios.

Su historia generó movilizaciones y pronunciamientos de organizaciones sociales y volvió a poner el foco sobre la protección de las personas mayores ante situaciones de pérdida de vivienda.

La abogada ha querido destacar especialmente el deterioro que, según su valoración, experimentó Maricarmen durante el último año y la petición que se realizó para intentar evitar o aplazar el desahucio.

Una muerte que reabre el debate sobre los desahucios

El fallecimiento de Maricarmen ha reavivado el debate sobre la protección de las personas vulnerables ante los desahucios y sobre los mecanismos disponibles para solicitar la suspensión de un lanzamiento.

La afirmación de su abogada se produce después de meses de conflicto judicial y movilización social en torno al caso. Duro sostiene que la suspensión solicitada habría cambiado el desenlace, aunque no existe una conclusión médica que permita afirmar que el desahucio causó el fallecimiento de Maricarmen.

Su caso vuelve así a situar la vivienda, la vulnerabilidad de las personas mayores y la respuesta de las administraciones ante los desahucios en el centro del debate público.

Vivió 70 años en la misma casa

Maricarmen había residido durante unas siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro.

El conflicto por el piso se prolongó durante años. Según la información publicada sobre el caso, la mujer tenía un contrato de renta antigua y abonaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y suministros, con una pensión de aproximadamente 1.400 euros.

La propiedad del inmueble pasó a una sociedad inmobiliaria y, tras varios intentos de desalojo, la comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el 23 de septiembre.

La salida de Maricarmen se produjo mientras cientos de personas se concentraban frente al edificio para intentar impedir el desahucio. Los sanitarios la trasladaron en camilla hasta una ambulancia del Samur.

Su desahucio provocó movilizaciones en toda España

El caso de Maricarmen generó una importante movilización de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.

Las protestas se extendieron a distintas ciudades españolas y en Madrid se produjo una concentración multitudinaria en apoyo de la mujer. El lema “Maricarmen somos todos” se convirtió en uno de los mensajes de las movilizaciones.

También hubo movilizaciones en València tras el desahucio, convocadas por organizaciones de inquilinos para denunciar la situación y reclamar una mayor protección para las personas vulnerables.

Consiguió volver a su casa

Tras el impacto social generado por su desahucio, la empresa propietaria accedió finalmente a que Maricarmen pudiera regresar a la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler.

De esta manera, la mujer pudo volver al domicilio en el que había vivido durante décadas, aunque su estado de salud se había deteriorado y necesitaba ayuda para algunas actividades cotidianas.

Su historia también quedó vinculada al debate sobre las medidas de protección de los inquilinos vulnerables y al denominado “decreto Maricarmen”, nombre utilizado para referirse al paquete de medidas de vivienda impulsado posteriormente en respuesta al debate generado por casos como el suyo.

“He luchado para que los demás aprendan a luchar por su casa”

Desde el hospital, pocos días después del desahucio, Maricarmen envió un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido y animaba a continuar defendiendo el derecho a la vivienda.

La mujer explicó que su casa había sido su vida y que, aunque no había conseguido evitar el desahucio, quería que su lucha sirviera para otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar.

Su fallecimiento llega pocas semanas después de aquel desalojo y después de que su caso se convirtiera en uno de los episodios más destacados del debate sobre la vivienda en España durante 2026.

Una historia que ha marcado el debate sobre los desahucios

La muerte de Maricarmen vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de desahucio y sobre las medidas existentes para garantizar una alternativa habitacional.

Su caso coincidió además con la aprobación de nuevos decretos de vivienda por parte del Gobierno, que incluyen medidas destinadas a reforzar la protección de determinados inquilinos vulnerables y a ampliar la oferta de vivienda asequible.

Maricarmen se marcha a los 87 años después de haber convertido una batalla personal por permanecer en su casa en un símbolo nacional de la lucha por el acceso a una vivienda digna.

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