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Estos son los nuevos ministros de Pedro Sánchez
Publicado
hace 3 añosen
Madrid (OFFICIAL PRESS-EFE).- Entre los nuevos ministros de Pedro Sánchez, tres figuras sobresalen, ya que los ámbitos que gestionaban en el anterior Ejecutivo son reforzados. Se trata de María Jesús Montero (vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda); Félix Bolaños (Presidencia y Justicia); y Pilar Alegría (Educación y Deportes, y portavocía). En los tres se apoyará en gran parte la gestión de un Ejecutivo que muestra nueve caras nuevas.
Cinco de esas nueve novedades pertenecen al PSOE (Jordi Hereu, Ángel Víctor Torres, Óscar Puente, Ana Redondo y Elma Sáiz) y cuatro provienen del ámbito de Sumar, de Yolanda Díaz (Pablo Bustinduy, Sira Rego, Ernest Urtasun y Mónica García).
Este nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tendrá cuatro vicepresidencias y 22 ministerios (5 para Sumar), los mismos que antes.
Estos son los nuevos ministros y ministras.
Nadia Calviño, vicepresidenta 1ª y ministra de Economía
Nacida en A Coruña en 1968, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la UNED, y pertenece desde 1994 al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Calviño sigue como ministra de Economía y vicepresidenta primera, aunque con la aspiración de marcharse en enero al Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Entre sus mayores logros, la coordinación del plan de recuperación, transformación y resiliencia por el que ya se han recibido más de 37.000 millones de euros en fondos europeos.

Yolanda Díaz, vicepresidenta 2ª y ministra de Trabajo
Coruñesa de Fene, donde nació el 6 de mayo de 1971, es licenciada en Derecho y con tres másteres (en Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Urbanismo). Inició su trayectoria política en 2003 como concejala de IU en Ferrol.
Fue figura destacada de Unidas Podemos, que se ha segregado ahora. Por un lado, Podemos; por otro, Sumar, la plataforma que ha creado.
Al frente de Trabajo sacó adelante la reforma laboral, tres subidas del Salario Mínimo Interprofesional, los ERTE durante la pandemia, la ley ‘rider’, la ley del teletrabajo y hasta 17 acuerdos con los agentes sociales.

Ribera, vicepresidenta 3ª y ministra de Transición Ecológica
Con 54 años, licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Ribera se mantiene en el cargo desde el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el que ha ido ganado peso político, competencias y proyección internacional tras sus éxitos en Bruselas en materia energética.
La invasión rusa de Ucrania y la crisis energética que desencadenó llevó a su Ministerio a pisar el acelerador en la hoja de ruta de la transición verde. Entre sus logros, las rebajas de impuestos en los recibos de la luz y el gas, la ampliación del bono social o los descuentos en los carburantes y la denominada “excepción ibérica”.

Montero, vicepresidenta 4ª y ministra de Hacienda
Nacida en Sevilla en 1966, médica de profesión, comenzó su carrera política en la Junta de Andalucía en 2004 de la mano de Manuel Chaves. Fue consejera de Sanidad y Hacienda.
Se labró fama de buena negociadora y Sánchez contó con ella en su primer Gobierno, tras la moción de censura de 2018. Artífice de los últimos presupuestos, es también vicesecretaria general del PSOE.
Montero, con su ascenso, se consolida como parte del círculo más cercano del presidente.

Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia
Nacido en Madrid en 1975, proviene de la abogacía, ya que trabajó en Uría y Menéndez. Formó parte de la asesoría jurídica del Banco de España.
Se le considera un negociador discreto e incansable, y pieza clave del engranaje de la relación del Gobierno con los grupos políticos. Es uno de los artífices de la investidura. Entre sus logros, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos cuando era secretario general de Presidencia.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores
Nacido en Madrid en 1972, el diplomático desembarcó en la Moncloa junto a Pedro Sánchez a raíz de la moción de censura de 2018. Fue más tarde embajador en Francia.
Llegó a ministro de Asuntos Exteriores, departamento que conocía por haber desempeñado diferentes cargos, en 2021, después de la crisis diplomática con Marruecos que acabó con el paso de Arancha González Laya por el Palacio de Viana.
Figura esencial en la preparación y desarrollo de la actual Presidencia española de turno en la Unión Europa.

Margarita Robles, ministra de Defensa
Nacida en León en 1956, está considerada una pionera en la feminización de la judicatura, ya que fue una de las primeras magistradas del Tribunal Supremo, la primera presidenta de una sala de la Audiencia Nacional y la primera vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Con el nombramiento conocido este lunes, repite por tercera vez al frente de un Ministerio con un presupuesto histórico, en la senda de conseguir llegar al 2% del PIB, en línea con lo comprometido con la OTAN.

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior
Nacido en Bilbao en 1965, ocupa la cartera desde el primer Gobierno de Sánchez, desde 2018.
Este juez de la Audiencia Nacional, exvocal del CGPJ a propuesta del PP, ariete contra ETA, fue duramente criticado por la oposición, tanto por grupos aliados del PSOE como adversarios, durante la anterior legislatura, sobre todo debido a la crisis derivada del asalto a la valla de Melilla de junio de 2022.
Pese a las polémicas, Sánchez mantiene intacta la confianza en él.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible
Vallisoletano de 55 años, su ámbito político ha sido es el municipal, en donde forjó un estilo propio como político y orador. Fue alcalde de Valladolid durante dos mandatos, hasta las elecciones del pasado 28 de mayo.
Ahora diputado (de hecho, fue el encargado de dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura, luego fallida, de septiembre), da el salto a la política nacional al frente del Ministerio de Transportes.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana
Nacida en Ciudad Real en 1981, fue la senadora más joven en la historia de España, cámara a la que llegó en 2004. Conoce bien el PSOE, en donde empezó a destacar como secretaría general de las Juventudes Socialistas en Ciudad Real desde 2005 a 2008.
Ha sido cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha, diputada nacional y alcaldesa de Puertollano, responsabilidad que dejó para ser ministra de Política Territorial y Función Pública, y portavoz en 2021.
Su nombramiento supone el regreso del Ministerio de Vivienda.

Pilar Alegría, ministra de Educación, FP y Deporte, y portavoz
Nacida en La Zaida (Zaragoza) en 1977, Alegría conoce bien el PSOE porque comenzó a trabajar en el área de Organización en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, y en la sede de Ferraz coincidió con Sánchez.
Actualmente, es una de las dirigentes de la máxima confianza del presidente.
También conoce bien la política autonómica, ya que ocupó la Consejería de Universidades en el Gobierno de Javier Lambán de 2015 a 2019. Tras ello, aspiró a la Alcaldía de Zaragoza, y aunque ganó los comicios, no sumó mayoría. Sánchez le nombró delegada del Gobierno en Aragón, y más adelante, ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo
Nacido en Barcelona el 14 de junio de 1965, Hereu es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene un máster MBA (Master Business Administration) de Esade.
Considerado de trato afable y muy dialogante, el nuevo titular de Industria fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011. Hasta el nombramiento conocido este lunes, era presidente de Hispasat, el operador público de comunicaciones por satélite.
Asesoró a Jaume Collboni, actual regidor de Barcelona, en las anteriores elecciones municipales.

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Licenciado en Derecho e inspector de Trabajo, Planas ha sido consejero de la Junta de Andalucía, senador, diputado nacional y diputado europeo, así como embajador en Marruecos y ante la Unión Europea.
De perfil europeísta, talante negociador y capacidad incansable de trabajo, sigue al frente de una cartera a la que llegó en junio de 2018. La sequía y los precios de los alimentos, los principales asuntos de su área.

Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
Natural de Arucas (Gran Canaria) y profesor de Lengua y Literatura, Ángel Víctor Torres (57 años) comenzó su carrera política como concejal del Ayuntamiento de su localidad natal en 1999.
También tiene una dilatada trayectoria política: alcalde, diputado nacional, vicepresidente del Cabildo grancanario, diputado autonómico y presidente de Canarias.
Al frente del Gobierno insular, lidió con crisis como las provocadas por la pandemia, diversos apagones generales o catástrofes naturales como un gran incendio en Gran Canaria o la erupción del volcán de La Palma.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura
Nacido en Barcelona en 1982, es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), tiene un postgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona (UB) y en 2010 aprobó unas oposiciones para entrar en la carrera diplomática.
Fue eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) entre 2014 y 2019 y portavoz de Sumar. Muchos le sitúan como ‘mano derecha’ de Yolanda Díaz.

Mónica García, ministra de Sanidad
Nacida en Madrid en 1974, es graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en Anestesiología, ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital 12 de Octubre.
Más Madrid es la plataforma con la que da el salto político que le permite aspirar a la Presidencia de la comunidad madrileña, tras ser parte activa de las llamadas “mareas blancas”, primero, y diputada de Podemos en la Asamblea autonómica, después.
Ha sido la principal adversaria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2021 y 2023, en las que quedó segunda.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales
Nacido en Madrid en marzo de 1983, este licenciado en Ciencias Políticas y Humanidades muestra un amplio currículum académico: estudios de Filosofía en París y Nueva York y experiencia como profesor en varias universidades de EEUU. Habla varios idiomas.
Formó parte de la fundación de Podemos, formación que luego abandonó. Fue diputado nacional de 2015 a 2019, y en concreto, portavoz de asuntos exteriores, terreno que domina.
Yolanda Díaz le recuperó para su plataforma precisamente como responsable del área internacional.

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades
Nacida en Gandía (Valencia) en 1980, ingeniera de telecomunicaciones, Morant enseña un recorrido político que se inicia en el Ayuntamiento de su localidad natal, de la que fue alcaldesa.
En 2021 recibe la llamada de Pedro Sánchez y da el salto a la política nacional. Pronto dejó claros sus objetivos: aumentar la financiación del sistema de I+D+i, mejorar la carrera científica, estabilizar el empleo, y elevar los salarios de los programas para jóvenes. Estando al frente de la Cartera, el Parlamento aprobó la Ley de Ciencia.

Ana Redondo, ministra de Igualdad
Vallisoletana de 57 años, doctora en Derecho Constitucional, Redondo ha formado su perfil político en el terreno municipal, al igual que Puente, de quien ha sido “mano derecha” durante su etapa como alcalde de Valladolid.
De talante dialogante y poco amante de polémicas y choques dialécticos, la sucesora de Irene Montero presenta un perfil eminentemente técnico.
Llega a un Ministerio que durante la pasada legislatura fue foco de varias controversias, en especial la derivada de la ley del “sólo sí es sí”.

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social
Nacida en Pamplona en 1975, licenciada en Derechos y Máster en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, Saiz es nombrada ministra tras una trayectoria que alterna esfera pública y ámbito privado, pues ha trabajado en empresas de consultoría tributaria.
Políticamente, ha sido diputada, delegada del Gobierno en Navarra (2008-2012), directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, concejala en Pamplona y consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral.

José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital
Nacido en Albacete en 1960, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, inició su trayectoria en el Banco de España, siguió en el Instituto Monetario Europeo, fue jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo y máximo responsable de la AiReF, entre otros cargos.
Se ha interpretado que la cartera que asume pudiera ser temporal si Calviño finalmente es elegida presidenta del BEI en enero.

Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud
Nacida en Valencia el 20 de noviembre de 1973, sus primeros pasos profesionales los da como nutricionista, ya que es diplomada en Nutrición y Dietética.
Dentro del plano político, su punto de partida se localiza en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, en donde fue concejala. El siguiente gran salto lo da al Parlamento europeo.

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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 2 horasen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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