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Podem y PSPV lamentan los resultados de las bolsas de À Punt porque sólo favorecen a extrabajadores
Publicado
hace 9 añosen
(EUROPA PRESS)-Podemos y PSPV han admitido que no le gustan los resultados de las bolsas provisionales de trabajo de À Punt ya que, según ha indicado el síndic adjunto de la formación morada, César Jiménez, «solo el 8 por ciento son nuevas incorporaciones» y el resto se trata de extrabajadores de la antigua RTVV.
Para Podemos, los resultados de estas contrataciones «no son óptimos» y no se está consiguiendo el objetivo de combinar «experiencia y juventud», mientras que el portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata, ha admitido que ese porcentaje «no está bien» y ha lamentado: «Hemos cerrado la puerta a una generación de periodistas otros profesionales que, por razones ideológicas o generacionales, nunca han podido estar en el servicio público de radiodifusión».
Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha señalado que el proceso de selección lo ha llevado a cabo el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que es «un órgano independiente al control político» y, por tanto, «respeta» su decisión. No obstante, ha puntualizado que personalmente él hubiera hecho las cosas de forma «diferente».
Así lo han señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, al ser preguntado por los resultados de las bolsas temporales de trabajo de À Punt.
Al respecto, el parlamentario de Podemos César Jiménez ha recordado que el proceso de creación del nuevo servicio público de radio y televisión fue «complicado» desde el punto de vista judicial y legislativo, aunque ha admitido que si había una voluntad de los grupos del Botànic y de la directora general de À Punt, Empar Marco, de que hubiera una plantilla que conjugara experiencia y juventud, «es evidente que de momento no lo estamos consiguiendo».
«Estamos orgullosos del trabajo parlamentario y también de haber hecho una ley que asegurara que el Consell Rector era independiente, pero eso no quita que no podamos valorar los resultados que no son óptimos con el 8% de nuevas incorporaciones», ha manifestado para subrayar que es porcentaje no se lo deberían de permitir porque, a su juicio, «no es justo».
Preguntado por si ve «urgente» tomar alguna medida para corregir esta situación, Jiménez ha insistido en que es el Consell Rector el que debe propiciar iniciativas para revertir esta situación y hacer ajustes, aunque ha admitido que se deberían de tomar decisiones en este sentido.
Cuestionado sobre si desde Podemos se plantean tomar alguna iniciativa, ha indicado que la formación hará un balance sobre los porcentajes y, a partir de ahí, determinará las propuestas que presentan.
«CONFIAMOS EN QUE ESTA DISCORDANCIA SE PUEDA CORREGIR»
Por su parte, Mata ha señalado que la ley de la nueva radio y televisión pública se aprobó en las Corts con el apoyo de cuatro fuerzas políticas, aunque ha puntualizado que algunos «advertían de que eso no podía ser, pero había otras fuerzas comprometidas con una situación preexistente». Sin embargo, ha subrayado que la responsabilidad es de las Corts.
«No está bien el porcentaje y si la fuerza política que pilotó, impulsó y condicionó esta ley hace autocrítica es una buena noticia –en alusión a Podemos–, pero hoy por hoy no hay otra situación que los tribunales», ha lamentado para asegurar que no duda de que las bolsas «se ajustan a la ley» pero cierran «la puerta a una generación de periodistas y otros profesionales que, por razones ideológicas o generacional, nunca han podido estar en el servicio público de radiodifusión».
En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que la nueva televisión «arranque bien» y «esta discordancia se pueda corregir» dado que se trata de contrataciones provisionales. «Espero que cuando tengamos que consolidar los puestos de trabajo se tengan en cuenta estas situaciones para que no se vuelvan a reproducir», ha puntualizado.
Desde Compromís, Ferri ha recordado que el proceso lo lleva a cabo el Consell Rector que es un órgano «independiente al control político», por lo que «respeta sus decisiones» aunque ha remarcado que su espíritu es que la nueva RTVV combine «experiencia e innovación de jóvenes».
«El Consell Rector hace lo que hace en base a una ley. Yo no soy Consell Rector y yo lo haría distinto, pero respeto su decisión porque es lo que ha decidido», ha puntualizado para señalar que entiende la autocrítica de Podemos y el recurso que ha presentado la Unió de Periodistes contra las bolsas de trabajo.
En este sentido, ha afirmado que si algún grupo plantea cambiar la ley para cambiar los porcentajes «que lo haga», pese a que ha considerado que es «complicado». «Mi prioridad ahora es que arranque la televisión y comiencen los procesos de selección», ha subrayado.
«VICIOS Y ERRORES DE LA ANTIGUA RTTVV»
Desde Cs, su síndica en la cámara valenciana, Mari Carmen Sánchez, ha lamentado los «vicios» que está teniendo la reapertura de la nueva radiotelevisión valenciana porque «vuelve a caer en los errores de la antigua RTVV». «Si empezamos así, no sé dónde va a acabar todo esto», ha advertido.
En este sentido, ha admitido que si hubiera sabido que el proceso se iba a desarrollar de esta manera, se hubiera replanteado su voto a favor de la ley que promueve el nuevo servicio, por lo que espera que À Punt no se convierta «en un monstruo de siete cabezas con poca transparencia e imparcialidad».
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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno
Publicado
hace 7 horasen
3 noviembre, 2026
El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.
El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.
El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.
Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda
Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:
- Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
- Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.
Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.
El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.
Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil
Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.
El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.
De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.
Protección especial para los trabajadores afectados
El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.
Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.
Limitación de los precios del transporte alternativo
Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.
Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.
El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.
Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.
El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.
Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.
Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente
El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:
- Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
- Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
- Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.
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