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Puig, dispuesto a declarar sobre la operación del IVF y el Grupo Zeta

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VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que «por supuesto» que dará explicaciones de la operación del IVF sobre la deuda del Grupo Zeta, a pesar de que «no hay ningún problema» sino que es un intento del PP y Cs para «manchar» la imagen del Consell y para «desviar la atención de los gravísimos problemas» de estas formaciones.

Puig, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, le han preguntado si piensa comparecer en las Corts si se lo piden para dar explicaciones sobre esta operación y al respecto ha recalcado: «Sí, por supuesto». No obstante, ha apuntado que «se trata de una cuestión que forma parte de un intento de manchar la imagen del presidente y del Gobierno».

Así, ha recordado que en «todas» las declaraciones de bienes «desde el principio» de su vida política y «no como otros que no aclaran dónde tienen las acciones», ha incluido que tenía 1% de acciones en un periódico de Castellón que «surge precisamente de un despido ilegal de la derecha».

«A partir de entonces se produjo la construcción de una empresa en la que participé con total legalidad como ha dicho la Abogacía de la Generalitat por activa y por pasiva», ha subrayado. Por ello, ha insistido en que «no hay ningún problema» sino que es «un intento del PP y Cs de desviar la atención de sus gravísimos problemas».

MISMA PASIÓN
Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno del Botànic II tiene «la misma pasión» por la Comunitat Valenciana que el primer día y se «trabajará con toda la intensidad para que esta sea una legislatura importante para los valencianos» y ha recalcado que el Consell «siempre ha pensado en el interés general más allá de los propios grupos que lo sustentan».

No obstante, ha evidenciado que el Consell está «más consolidado» y «ya no se trata de reiniciarlo todo, sino de consolidar un proyecto que ha sido positivo según marcan todos los indicadores económicos y sociales».

Pese a este avance ha recalcado que estamos «muy lejos de donde tenemos que estar» porque «aún estamos 11 puntos por debajo per cápita, hay un problema de invisibilidad problema y un problema de infrafinanciación gravísimo que hasta que no haya gobierno no podemos acometer».

En ese sentido, preguntado por las consecuencias de que se tengan que prorrogar los presupuestos del exministro popular Cristóbal Montoro por segunda vez si no hay gobierno, Puig ha advertido de que estamos en «un impase que acaba provocando un recorrido institucional muy negativo».

«Esto tiene un coste que no se va a corto plazo pero no tener un gobierno ni un presupuesto tiene costes económicos y sociales y sin este marco desde para las Comunidades Autónomos es muy difícil presupuestar ni ejecutar», ha evidenciado.

Por ello, ha apelado a «la responsabilidad de todos» porque «en cascada van cayendo decisiones que acaban en el ciudadano: en la sanidad, educación y servicios sociales, que están gestionadas por las autonomías».

Por tanto, ha apuntado que el debate sobre la financiación «no es una cuestión identitaria, sino del Estado de bienestar y cuando se erosiona a las comunidades autónomas se erosiona al Estado del bienestar». «Claro que no tener un gobierno tiene consecuencias», ha apostillado.

REQUISITO LINGÜÍSTICO
Por otra parte, ha descartado que en la Comunitat Valenciana exista «un conflicto con la lengua» sino que, ha explicado, tiene dos lenguas oficiales y los ciudadanos tienen el derecho de poder expresarse y relacionarse con la Administración en cualquiera de ellas dos, en valenciano y en castellano.

Por ello, la ley que se prepara de Función Pública «quiere garantizar que los empleados públicos tengan un nivel de valenciano y de castellano razonable» para el desempeño de sus funciones. «Lo razonable es que tengan unos conocimiento básicos de las dos lenguas», ha evidenciado.

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El CIS da la victoria al PSOE con el 33,3% y deja a PP y Vox sin mayoría absoluta

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La macroencuesta para las elecciones del 29 de noviembre sitúa a los socialistas casi ocho puntos por delante del PP. Vox alcanzaría el 18,4% de los votos, pero la suma de ambas formaciones no lograría los 176 escaños necesarios para gobernar con mayoría absoluta.

El PSOE ganaría las elecciones con un 33,3% de los votos y entre 134 y 143 diputados, según la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves, 12 de noviembre, de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

El sondeo sitúa a los socialistas como primera fuerza política, con una ventaja de 7,8 puntos sobre el Partido Popular, que obtendría un 25,5% de los votos y una representación de entre 98 y 106 escaños.

La principal conclusión del estudio es que la suma de PP y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados. La formación liderada por Vox conseguiría un 18,4% de los sufragios y entre 57 y 65 representantes. Incluso en el escenario más favorable para ambos partidos, se quedarían por debajo de esa cifra.

El PSOE necesitaría el apoyo de sus socios para gobernar

Pese a la victoria que pronostica el CIS, el PSOE tampoco tendría garantizada la formación de Gobierno por sí solo. Para revalidar una coalición necesitaría reunir el respaldo de sus socios de izquierda y de las formaciones nacionalistas e independentistas.

La encuesta también refleja un retroceso del espacio político situado a la izquierda del PSOE. El Frente Amplio obtendría un 4,7% de los votos y entre siete y once diputados, una cifra inferior a la representación que consiguió Sumar en las elecciones de 2023.

El estudio contempla además la presencia de otras formaciones territoriales. El Front Valencià lograría un 1,6% de los votos y podría obtener entre cuatro y seis escaños.

Por su parte, la coalición canaria Unidad del Pueblo Canario (UPC), en la que también participa Podemos, alcanzaría un 0,2% y tendría opciones de conseguir hasta dos diputados. La alianza balear Ara Més-Front Ampli obtendría también un 0,2% y podría lograr un representante.

Una macroencuesta con más de 45.000 entrevistas

El estudio del CIS destaca por el tamaño de su muestra. Se basa en 45.074 entrevistas telefónicas realizadas a electores de 4.190 municipios de las 50 provincias españolas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 7 y el 30 de octubre. Por tanto, únicamente en los últimos días pudieron recogerse posibles efectos de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), mientras que la encuesta se realizó antes de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

Los resultados dibujan un escenario electoral con el PSOE como primera fuerza, un PP que pierde terreno respecto a 2023 y un Vox al alza, aunque sin que la suma de las dos formaciones de derecha alcance la mayoría absoluta.

 

 

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