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Ribó lleva al Tribunal de Cuentas unas expropiaciones por las que se pagó 17 millones de más

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El Govern de la Nau pondrá en manos del Tribunal de Cuentas toda la información relativa al expediente de expropiación de tres parcelas del Parque de Cabecera, inicialmente calificadas como suelo agrícola y valoradas en 961.000 euros, por las que el Ayuntamiento ha pagado finalmente 18.280.000 tras ser retasadas y pasar a tener consideración de suelo urbano, después de que la corporación municipal anterior no realizara el pago en tiempo y forma pese a los informes de los técnicos a las reiteradas advertencias incluso de los propietarios.

El alcalde, Joan Ribó, ha comparecido junto al responsable del Área de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, para dar cuenta del expediente en el que se recoge el perjuicio de más de 17 millones de euros a las arcas municipales como consecuencia de una actuación del gobierno municipal anterior, calificada por Ribó “como mínimo, de negligente”, tras la retasación de unas parcelas del Parque de Cabecera inicialmente tasadas en 961.000 euros como suelo agrícola, pero por las que se acabó pagando 18.280.000 euros al pasar a convertirse en suelo urbano.

“Perder más de 17 millones de euros en un Ayuntamiento que tiene un déficit endémico de infraestructuras, como plazas de vivienda pública, nos parece sencillamente escandaloso, en el menor de los casos, una negligencia y un ejemplo de gestión pésima, porque habían sido advertidos reiteradamente”, ha afirmado Joan Ribó al referirse al perjuicio económico generado “como consecuencia de no haber hechos las cosas adecuadamente por parte de la anterior alcaldesa y unas cuantos concejales; por no pagar las valoraciones de estas parcelas en su momento y de que los solares de uso agrícola pasaran a ser recalificados como suelo urbano”.

Ribó ha calificado como “muy grave” la situación. “La analizamos, pedimos un informe jurídico, que dice que ha habido un perjuicio económico para este este Ayuntamiento que es totalmente intolerable, y la vamos a llevar al Tribunal de Cuentas por presuntas responsabilidades, además de la anterior alcaldesa, de Miguel Domínguez, como concejal responsable de la Junta de Gobierno Local; Alfonso Grau, coordinador general del Área de Economía; Silvestre Senent , concejal de Presupuestos; Jorge Bellver, coordinador del Área de Urbanismo, y Francisco Lledó, delegado de Expropiaciones.”

Ha añadido el alcalde que el Tribunal de Cuentas “analizará la situación, estudiará la documentación y nos dirá qué pasos hemos de dar”. Según el informe jurídico, los citados son aquellos integrantes del gobierno municipal anterior “que directa o indirectamente tenían que haber participado en la tramitación de estos pagos por las parcelas 21, 58 y 59 del proyecto de ejecución del Parque de Cabecera”.

Ha recordado el alcalde que en el periodo 2006-2007 se pagaron expropiaciones por 9,3 millones de euros, “pero no se pagaron estas expropiaciones de parcelas de dos familias de apellidos conocidos: la familia Cotino y la familia Gómez Trénor”, y también que en el periodo 2006-2008 “el presupuesto inicial para expropiaciones era de 25’86, millones pero tras sucesivas modificaciones de crédito pasó a 83’6 millones, y a pesar de eso no se procedió al pago”.

DECISIÓN POR OMISIÓN

“A pesar de todas las advertencias, incluso de los propietarios, incomprensiblemente las expropiaciones no se pagaron”, ha asegurado el concejal Vicent Sarrià, “y al no realizarse los pagos dentro de los plazos establecidos, tenían derecho a solicitar una retasación de los terrenos, que pasados los años gozaban de la consideración de suelo urbano”.

Sarrià ha señalado igualmente que “la conclusión del informe jurídico es que los técnicos funcionarios informaron en todo momento correctamente de los pasos a dar, y que fue una decisión por omisión de no llevar nunca a la Junta de Gobierno el pago de estas expropiaciones hasta que ya era demasiado tarde y se había producido el perjuicio económico para las arcas municipales que ciframos en 17.325.000 euros”.

En cuanto a las posibles acciones legales a tomar tras “este claro quebranto económico”, se ha decidido que la vía más conveniente era el Tribunal de Cuentas “para que establezca el alcance del perjuicio y las responsabilidades que se deriven de lo que nosotros entendemos como una clara negligencia en la gestión de los recursos públicos”, ha explicado Sarrià.

Se ha puntualizado que los justiprecios del Jurado de Expropiaciones (961.000 euros) no se recurrieron ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de los propietarios de las parcelas, y el alcalde ha afirmado que “es llamativo que con unos niveles de endeudamiento como los que tenía este ayuntamiento en el pasado, que han bajado mucho, se ‘olvidaran’, entre comillas, de hacer los pagos correspondientes en tiempo y forma, pese a haber sido advertidos reiteradamente por los funcionarios y hasta por los mismos propietarios, cuando además tenían dinero para hacerlo”.

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Muere Maricarmen a los 87 años, la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid

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María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, ha fallecido este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según ha informado El País. Su historia se convirtió en uno de los símbolos de la lucha por el derecho a la vivienda después de que fuera desahuciada en septiembre del piso en el que había vivido durante alrededor de 70 años.

Su caso provocó una fuerte movilización social en Madrid y otras ciudades españolas y llegó a situarse en el centro del debate político sobre los desahucios y la protección de los inquilinos vulnerables.

Maricarmen murió a los 87 años

Maricarmen falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde había recibido atención médica después del desahucio ejecutado el pasado 23 de septiembre.

La mujer había abandonado su vivienda del distrito madrileño de Retiro en una camilla, acompañada por los servicios sanitarios del Samur. La imagen de su salida del inmueble se convirtió en una de las fotografías más reconocibles de su caso.

En los días posteriores al desahucio permaneció ingresada en el hospital. En uno de sus últimos mensajes públicos, difundido desde el centro sanitario, aseguró que no había conseguido defender su casa, pero que había luchado para que otras personas aprendieran a defender la suya.

Vivió 70 años en la misma casa

Maricarmen había residido durante unas siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro.

El conflicto por el piso se prolongó durante años. Según la información publicada sobre el caso, la mujer tenía un contrato de renta antigua y abonaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y suministros, con una pensión de aproximadamente 1.400 euros.

La propiedad del inmueble pasó a una sociedad inmobiliaria y, tras varios intentos de desalojo, la comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el 23 de septiembre.

La salida de Maricarmen se produjo mientras cientos de personas se concentraban frente al edificio para intentar impedir el desahucio. Los sanitarios la trasladaron en camilla hasta una ambulancia del Samur.

Su desahucio provocó movilizaciones en toda España

El caso de Maricarmen generó una importante movilización de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.

Las protestas se extendieron a distintas ciudades españolas y en Madrid se produjo una concentración multitudinaria en apoyo de la mujer. El lema “Maricarmen somos todos” se convirtió en uno de los mensajes de las movilizaciones.

También hubo movilizaciones en València tras el desahucio, convocadas por organizaciones de inquilinos para denunciar la situación y reclamar una mayor protección para las personas vulnerables.

Consiguió volver a su casa

Tras el impacto social generado por su desahucio, la empresa propietaria accedió finalmente a que Maricarmen pudiera regresar a la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler.

De esta manera, la mujer pudo volver al domicilio en el que había vivido durante décadas, aunque su estado de salud se había deteriorado y necesitaba ayuda para algunas actividades cotidianas.

Su historia también quedó vinculada al debate sobre las medidas de protección de los inquilinos vulnerables y al denominado “decreto Maricarmen”, nombre utilizado para referirse al paquete de medidas de vivienda impulsado posteriormente en respuesta al debate generado por casos como el suyo.

“He luchado para que los demás aprendan a luchar por su casa”

Desde el hospital, pocos días después del desahucio, Maricarmen envió un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido y animaba a continuar defendiendo el derecho a la vivienda.

La mujer explicó que su casa había sido su vida y que, aunque no había conseguido evitar el desahucio, quería que su lucha sirviera para otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar.

Su fallecimiento llega pocas semanas después de aquel desalojo y después de que su caso se convirtiera en uno de los episodios más destacados del debate sobre la vivienda en España durante 2026.

Una historia que ha marcado el debate sobre los desahucios

La muerte de Maricarmen vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de desahucio y sobre las medidas existentes para garantizar una alternativa habitacional.

Su caso coincidió además con la aprobación de nuevos decretos de vivienda por parte del Gobierno, que incluyen medidas destinadas a reforzar la protección de determinados inquilinos vulnerables y a ampliar la oferta de vivienda asequible.

Maricarmen se marcha a los 87 años después de haber convertido una batalla personal por permanecer en su casa en un símbolo nacional de la lucha por el acceso a una vivienda digna.

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