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El TSJ ratifica de nuevo la adjudicación del contrato de gestión de 7TV a Secuoya

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El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por la mercantil Mediaproducción SLU contra la resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales de 13/3/2015. En dicha resolución se rechazaba el recurso anterior planteado por la misma entidad contra la orden del consejero de Economía y hacienda por la que se acordaba la adjudicación del contrato para la gestión indirecta del servicio público de televisión de la Región de Murcia.

Es la tercera vez que el TSJ se pronuncia con un fallo en contra de los recursos interpuestos anteriormente contra el citado Tribunal de Recursos Contractuales, avalando así la transparencia y legalidad de la adjudicación del servicio de 7TV al Grupo Secuoya.

El demandante, Mediaproducción, pretendía en su recurso presentado en mayo de 2015 que se declarase nulo el procedimiento de contratación y exigía a la Administración pública al pago de las costas. Alegaba en su demanda el incumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la nulidad del anexo de prescripciones técnicas “por infringir el principio de libre implantación de las empresas en el territorio”.

En el primer punto, el TSJ hace la misma consideración que ya hizo al dictar sentencia en noviembre de 2017 en los recursos de las mercantiles Videoreport y GTM, que pretendían impugnar la misma resolución del Tribunal de Recursos Contractuales. En este sentido, las tres demandantes coinciden en reclamar la nulidad de la oferta de Secuoya por incluir el importe de la compensación por el servicio público en el apartado de viabilidad económica. El Tribunal recuerda que la Mesa de Contratación señaló que todos los concursantes habían incluido esta previsión de ingresos en su informe de viabilidad y estimaba “que no había motivo para excluir a ninguna de las empresas”.

Por otro lado, Mediapro reclamaba la nulidad del pliego de prescripciones técnicas, alegando que en él se obliga a los concursantes a presentar información sobre sus emplazamientos y sedes físicas para la prestación del servicio. Alegaba la productora audiovisual que esta obligación conculca el principio de concurrencia competitiva e infringe el derecho de libre implantación de empresas en el territorio. Estas alegaciones “no pueden ser acogidas”, dice el TSJ, ya que cualquier entidad licitante se somete al concurso tal como ha sido convocado y tiene la oportunidad de impugnar las bases previamente. De no hacerlo “carecerá de legitimación para impugnarlo después”.

Con esta, son ya tres las sentencias del TSJ que desestiman los recursos interpuestos contra resoluciones anteriores que avalan la legalidad y transparencia del proceso de adjudicación del servicio público de televisión de la Región de Murcia.

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Víctor de Aldama apunta a Sánchez como conocedor de la trama de corrupción

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El empresario Víctor de Aldama, investigado por presunta corrupción junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como presunto conocedor de la operativa investigada. Durante una entrevista en Herrera en Cope, Aldama afirmó que Sánchez llamaba a Ábalos «seis o siete veces al día» y le consultaba «todo».

Según el empresario, Ábalos era una figura clave en el Gobierno. «El presidente tenía una confianza en él más allá de lo normal», aseguró, aunque también señaló que Sánchez «se equivocó con él». A la pregunta de si Sánchez estaba al tanto de las operaciones, Aldama respondió: «Quiero entender que sí».

Los pagos señalados por Aldama

Aldama declaró ante el juez que realizó pagos de 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y de 25.000 euros al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También mencionó pagos continuados por más de 600.000 euros a Ábalos y otros en efectivo y especie a Koldo García. Sin embargo, sostuvo que no se trataba de sobornos, sino de pagos para mantener privilegios en la adjudicación de contratos públicos.

«Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo, el corrupto es el político», afirmó, destacando que pagaba para garantizar que las empresas para las que trabajaba mantuvieran preferencia en la administración pública.

Colaboración con la justicia y nuevas revelaciones

Aldama aseguró que mantiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, lo que le ha permitido quedar en libertad tras reconocer dos delitos de cohecho. Entre las pruebas aportadas, figura información sobre el viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España, supuestamente organizado con la ayuda de Ábalos.

En cuanto a una investigación publicada por The Objective sobre supuestos pagos en bolsas a la sede del PSOE, Aldama negó cualquier vinculación con la financiación del partido y afirmó que ha entregado información relevante a la Fiscalía.

Viajes a República Dominicana y presencia del Falcon

Otro punto controvertido de la entrevista fue el cuestionamiento sobre los frecuentes viajes de Sánchez a República Dominicana. Aldama afirmó haber visto el Falcon presidencial estacionado en el país en múltiples ocasiones, aunque no ofreció detalles sobre los motivos. «Puedo tener mis conclusiones, pero no voy a hablar de lo que no sé», añadió.

Reacciones del Gobierno

Tras las declaraciones de Aldama, miembros del Ejecutivo han defendido la inocencia de los señalados. La ministra Montero declaró en el Senado que «pone la mano en el fuego» por su jefe de gabinete y por Santos Cerdán, mientras que acusó a Aldama de «mentir». Estas declaraciones se producen en medio de la comisión de investigación del caso Koldo, que sigue en curso.

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