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Compromís inicia una campaña de presión por la gratuidad de la AP-7 y pide a Ábalos que «diga claro qué hará» con ella

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VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) – Compromís ha puesto en marcha una campaña para reivindicar la gratuidad de la AP-7 y presionar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos», para que «diga claro qué hará» con el vial tras terminar su concesión. La coalición ha asegurado que será «insistente» porque no quiere «ninguna sorpresa» tras el vencimiento de la concesión y ha advertido que los votos de Compromís en el Congreso «se circunscriben a la capacidad de negociación del Gobierno estatal».

Así lo han manifestado este lunes la coportavoz de Compromís Águeda Micó; el portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, y la diputada nacional Marta Sorlí, en una rueda de prensa para presentar la campaña que ha emprendido la formación para que el Ejecutivo central se comprometa de forma «clara» a no implantar peajes en la sombra, euroviñetas u otras alternativas que impliquen el cobro por el uso de la AP-7 después de que termine el plazo concesional de la vía, en enero de 2019.

También han pedido que se construyan las conexiones que ha propuesto la Generalitat entre esta vía y determinados municipios, además de otros cinco enlaces que la coalición reclama tras un estudio que ha elaborado: en Calp, Gata de Gorgos (Alicante), Tavernes de la Valldigna (Valencia), Almenara y Alcalà de Xivert (Castellón).

Mulet ha instado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a que «diga claro qué va a hacer con la AP-7». «Sabemos lo que quiere la Generalitat, no Madrid», ha indicado, antes de lamentar que la explotación privada de este vial ha sido una «vieja constante» durante legislaturas del PP y PSOE, porque «siempre» se ha renovado la concesión con alguna «excusa». «No queremos más sorpresas y agravios», ha subrayado.

Según ha explicado, a tres preguntas registradas por Compromís en el Senado al respecto, las respuestas recibidas han sido «ambiguas» y se limitan a contestar que no se prorrogará el plazo concesional, se revertirá a la Administración General del Estado y se suprimirá el peaje, sin comprometerse de forma explícita a que no haya ningún tipo de gestión privada como peajes en la sombra, euroviñetas, blandos u otras alternativas que impliquen el cobro por el uso de la vía.

Del mismo modo, ha recriminado que el Ejecutivo, cuestionado sobre «garantizar el acceso desde los municipios a la AP-7», señale que «analizará la medida una vez se finalice en plazo concesional». Para Mulet, se trata de un «problema serio» que no se debe «postergar».

MOCIÓN APROBADA EN EL SENADO
Mulet ha explicado que Compromís presentó antes de verano una moción en el Senado que contó con el voto favorable de todas las fuerzas excepto los socialistas, en la que se pedía que no se prorrogase la concesión «bajo ningún concepto»; que se dijera «claro que no habría ningún tipo de explotación privada»; se exigiera que la empresa entregase la autopista en condiciones «óptimas», algo que «no se está cumpliendo» porque hay zonas en «estado lamentable»; que se garantice como mínimo el «rescate» de los puntos negros y que se redacten «urgentemente» los enlaces de la vía con los pueblos que aún no cuentan con ellos.

Compromís está «muy preocupado» por la «postura» del PSOE, que es «parecida a la del PP» y «deja la puerta abierta a la gestión privada», no de peajes pero sí mediante otras modalidades que son «injustas» y «agravian a los valencianos». «No sabemos cómo más presionar», ha señalado, antes de indicar que instar a Ábalos a «que siga claro qué va a hacer con la AP-7».

CAMPAÑA «CONTUNDENTE» EN LOS MUNICIPIOS
El senador ha remarcado que «hace falta una campaña contundente y seria para dejar claro al PSOE» que Compromís «no transigirá». En este sentido, Àgueda Micó ha detallado que la coalición trasladará la moción que presentó Mulet a las tres diputaciones y a todos los ayuntamientos en los que está presente, para que la «ciudadanía vea su compromiso con la gratuidad y las conexiones» de la vía.

Además, organizará ruedas de prensa con los alcaldes de las comarcas «más afectadas»: La Safor, Marina Alta, Baix Maestrat y Plana Alta. Del mismo modo, se celebrarán «actos explicativos» para los ciudadanos.

Igualmente, ha puesto el foco en la visita del secretario de estado de Infraestructuras, Pedro Saura, el próximo miércoles para reunirse con a consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la socialista María José Salvador. Compromís exigirá «que se moje y diga qué solución aportará» para la AP-7.

También se ha referido a la reunión del jefe del Consell, Ximo Puig, con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. «Reclamamos que tenga la actitud de un presidente de todos y no de un miembro del comité del PSOE», ha enfatizado Micó.

CONEXIONES CON LOS MUNICIPIOS
La diputada Marta Sorlí ha insistido en que Compromís apoyó la moción de censura para «revertir los chanchullos del PP» y que, para la formación, «uno de los temas fundamentales» en este sentido es la liberalización de la AP-7, que debe ser «gratuita» y, a la vez, «útil para los pueblos».

Bajo esta premisa, ha urgido al Gobierno central a que «se comprometa» a construir las conexiones con los pueblos que la Generalitat ha presentado. No obstante, ha dicho que el Consell «se ha quedado corto» y que Compromís, tras un estudio de las necesidades de los pueblos, añade a esta lista cinco enlaces más en en Calp, Gata de Gorgos (Alicante), Tavernes de la Valldigna (Valencia), Almenara y Alcalà de Xivert (Castellón). Son propuestas complementarias, «razonables» y «asumibles», ha remarcado.

EL PSOE «DEBE TENER VALENTÍA»
«Ahora, más que nunca, tenemos que tomar medidas» y Ábalos «se debe comprometer a estas conexiones», ha subrayado, antes de incidir en que el PSOE «debe tener valentía, que no es una de sus máximas fortalezas».

En la misma línea, Águeda Micó ha indicado que Compromís apoyó al Gobierno de Sánchez para «deshacerse del Gobierno de la corrupción y ser parte del cambio», pero «no es gratuito», ya que sus votos «se circunscriben a la capacidad de negociación del Gobierno estatal».

A su juicio, la formación se encuentra ante un «momento histórico» por el papel que puede jugar un «proyecto estrictamente valencianista», que además tiene en frente a un «Gobierno con el que se puede hablar». «Presionaremos al Gobierno de Madrid para tener lo que nos toca», ha concluido.

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Escándalo en España: seis padres detenidos por abandonar a sus hijos cerca de comisarías para que el Estado los mantuviera

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La Policía Nacional ha arrestado a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa por presuntamente dejar a sus hijos adolescentes en España tras entrar con visados de turista y regresar después a sus países de origen.

Una investigación de la Policía Nacional ha destapado un presunto fraude al sistema de protección de menores en España. Seis progenitores han sido detenidos por, supuestamente, abandonar a sus hijos de entre 16 y 17 años cerca de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil para que fueran considerados menores extranjeros no acompañados y quedaran bajo la tutela de las instituciones públicas.

Los arrestos se han producido en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz). Los detenidos, dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años, están acusados de presuntos delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según la investigación, los familiares entraban en España con visados de turista, en ocasiones acompañados de sus hijos y en otras junto al resto de la familia. Después de pasar unos días en el país, los adolescentes acudían a dependencias policiales para manifestar que se encontraban en situación de desamparo, mientras sus progenitores regresaban a sus lugares de origen.

Dejaban a sus hijos cerca de comisarías para que fueran tutelados

La investigación comenzó a principios de año, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la unidad de Alicante, detectaron un patrón similar en varios casos.

Los jóvenes, procedentes de países del Magreb y con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, se presentaban en comisarías de la Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil asegurando que estaban desamparados y necesitaban protección.

La Policía sostiene que sus familiares habrían utilizado de forma fraudulenta los recursos destinados a los menores extranjeros no acompañados (MENA), con el objetivo de que las administraciones españolas asumieran su tutela, manutención, educación y desarrollo personal con cargo a fondos públicos.

Los investigadores comprobaron que los adolescentes habían entrado en España por distintos aeropuertos, entre ellos Madrid-Barajas, Valencia-Manises, Málaga, Murcia y Barcelona-El Prat.

Unas 20 órdenes de búsqueda para localizar a los progenitores

La investigación ha permitido identificar alrededor de una veintena de casos en los que se habrían producido abandonos de menores siguiendo este mismo procedimiento. En estos asuntos se han dictado órdenes de búsqueda y detención dirigidas a los países de procedencia de los progenitores.

Sin embargo, los agentes han conseguido detener a seis de ellos antes de que abandonaran España.

La Policía también constató que, según sus investigaciones, los menores procedían de familias con recursos económicos suficientes para obtener visados turísticos, que exigen acreditar medios para permanecer en el país durante la estancia prevista.

Además, en la mayoría de los casos los adolescentes contaban con familiares adultos de segundo o tercer grado que residían legalmente en España, por lo que disponían de una posible red de apoyo en territorio nacional.

Seis detenidos en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa

La operación se ha saldado con seis arrestos: dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años.

Tres de las detenciones se han practicado en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa, mientras que las otras tres han tenido lugar en Valencia.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial. La investigación continúa en relación con los demás casos detectados y las órdenes de búsqueda dictadas para localizar a los progenitores que habrían regresado a sus países de origen.

La Policía considera que el objetivo de este presunto procedimiento era conseguir que los adolescentes accedieran al sistema público de protección como menores no acompañados, pese a que sus familiares habrían organizado previamente su entrada en España.

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