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Compromís inicia una campaña de presión por la gratuidad de la AP-7 y pide a Ábalos que «diga claro qué hará» con ella

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VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) – Compromís ha puesto en marcha una campaña para reivindicar la gratuidad de la AP-7 y presionar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos», para que «diga claro qué hará» con el vial tras terminar su concesión. La coalición ha asegurado que será «insistente» porque no quiere «ninguna sorpresa» tras el vencimiento de la concesión y ha advertido que los votos de Compromís en el Congreso «se circunscriben a la capacidad de negociación del Gobierno estatal».

Así lo han manifestado este lunes la coportavoz de Compromís Águeda Micó; el portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, y la diputada nacional Marta Sorlí, en una rueda de prensa para presentar la campaña que ha emprendido la formación para que el Ejecutivo central se comprometa de forma «clara» a no implantar peajes en la sombra, euroviñetas u otras alternativas que impliquen el cobro por el uso de la AP-7 después de que termine el plazo concesional de la vía, en enero de 2019.

También han pedido que se construyan las conexiones que ha propuesto la Generalitat entre esta vía y determinados municipios, además de otros cinco enlaces que la coalición reclama tras un estudio que ha elaborado: en Calp, Gata de Gorgos (Alicante), Tavernes de la Valldigna (Valencia), Almenara y Alcalà de Xivert (Castellón).

Mulet ha instado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a que «diga claro qué va a hacer con la AP-7». «Sabemos lo que quiere la Generalitat, no Madrid», ha indicado, antes de lamentar que la explotación privada de este vial ha sido una «vieja constante» durante legislaturas del PP y PSOE, porque «siempre» se ha renovado la concesión con alguna «excusa». «No queremos más sorpresas y agravios», ha subrayado.

Según ha explicado, a tres preguntas registradas por Compromís en el Senado al respecto, las respuestas recibidas han sido «ambiguas» y se limitan a contestar que no se prorrogará el plazo concesional, se revertirá a la Administración General del Estado y se suprimirá el peaje, sin comprometerse de forma explícita a que no haya ningún tipo de gestión privada como peajes en la sombra, euroviñetas, blandos u otras alternativas que impliquen el cobro por el uso de la vía.

Del mismo modo, ha recriminado que el Ejecutivo, cuestionado sobre «garantizar el acceso desde los municipios a la AP-7», señale que «analizará la medida una vez se finalice en plazo concesional». Para Mulet, se trata de un «problema serio» que no se debe «postergar».

MOCIÓN APROBADA EN EL SENADO
Mulet ha explicado que Compromís presentó antes de verano una moción en el Senado que contó con el voto favorable de todas las fuerzas excepto los socialistas, en la que se pedía que no se prorrogase la concesión «bajo ningún concepto»; que se dijera «claro que no habría ningún tipo de explotación privada»; se exigiera que la empresa entregase la autopista en condiciones «óptimas», algo que «no se está cumpliendo» porque hay zonas en «estado lamentable»; que se garantice como mínimo el «rescate» de los puntos negros y que se redacten «urgentemente» los enlaces de la vía con los pueblos que aún no cuentan con ellos.

Compromís está «muy preocupado» por la «postura» del PSOE, que es «parecida a la del PP» y «deja la puerta abierta a la gestión privada», no de peajes pero sí mediante otras modalidades que son «injustas» y «agravian a los valencianos». «No sabemos cómo más presionar», ha señalado, antes de indicar que instar a Ábalos a «que siga claro qué va a hacer con la AP-7».

CAMPAÑA «CONTUNDENTE» EN LOS MUNICIPIOS
El senador ha remarcado que «hace falta una campaña contundente y seria para dejar claro al PSOE» que Compromís «no transigirá». En este sentido, Àgueda Micó ha detallado que la coalición trasladará la moción que presentó Mulet a las tres diputaciones y a todos los ayuntamientos en los que está presente, para que la «ciudadanía vea su compromiso con la gratuidad y las conexiones» de la vía.

Además, organizará ruedas de prensa con los alcaldes de las comarcas «más afectadas»: La Safor, Marina Alta, Baix Maestrat y Plana Alta. Del mismo modo, se celebrarán «actos explicativos» para los ciudadanos.

Igualmente, ha puesto el foco en la visita del secretario de estado de Infraestructuras, Pedro Saura, el próximo miércoles para reunirse con a consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la socialista María José Salvador. Compromís exigirá «que se moje y diga qué solución aportará» para la AP-7.

También se ha referido a la reunión del jefe del Consell, Ximo Puig, con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. «Reclamamos que tenga la actitud de un presidente de todos y no de un miembro del comité del PSOE», ha enfatizado Micó.

CONEXIONES CON LOS MUNICIPIOS
La diputada Marta Sorlí ha insistido en que Compromís apoyó la moción de censura para «revertir los chanchullos del PP» y que, para la formación, «uno de los temas fundamentales» en este sentido es la liberalización de la AP-7, que debe ser «gratuita» y, a la vez, «útil para los pueblos».

Bajo esta premisa, ha urgido al Gobierno central a que «se comprometa» a construir las conexiones con los pueblos que la Generalitat ha presentado. No obstante, ha dicho que el Consell «se ha quedado corto» y que Compromís, tras un estudio de las necesidades de los pueblos, añade a esta lista cinco enlaces más en en Calp, Gata de Gorgos (Alicante), Tavernes de la Valldigna (Valencia), Almenara y Alcalà de Xivert (Castellón). Son propuestas complementarias, «razonables» y «asumibles», ha remarcado.

EL PSOE «DEBE TENER VALENTÍA»
«Ahora, más que nunca, tenemos que tomar medidas» y Ábalos «se debe comprometer a estas conexiones», ha subrayado, antes de incidir en que el PSOE «debe tener valentía, que no es una de sus máximas fortalezas».

En la misma línea, Águeda Micó ha indicado que Compromís apoyó al Gobierno de Sánchez para «deshacerse del Gobierno de la corrupción y ser parte del cambio», pero «no es gratuito», ya que sus votos «se circunscriben a la capacidad de negociación del Gobierno estatal».

A su juicio, la formación se encuentra ante un «momento histórico» por el papel que puede jugar un «proyecto estrictamente valencianista», que además tiene en frente a un «Gobierno con el que se puede hablar». «Presionaremos al Gobierno de Madrid para tener lo que nos toca», ha concluido.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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