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Compromís inicia una campaña de presión por la gratuidad de la AP-7 y pide a Ábalos que «diga claro qué hará» con ella
Publicado
hace 8 añosen
VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) – Compromís ha puesto en marcha una campaña para reivindicar la gratuidad de la AP-7 y presionar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos», para que «diga claro qué hará» con el vial tras terminar su concesión. La coalición ha asegurado que será «insistente» porque no quiere «ninguna sorpresa» tras el vencimiento de la concesión y ha advertido que los votos de Compromís en el Congreso «se circunscriben a la capacidad de negociación del Gobierno estatal».
Así lo han manifestado este lunes la coportavoz de Compromís Águeda Micó; el portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, y la diputada nacional Marta Sorlí, en una rueda de prensa para presentar la campaña que ha emprendido la formación para que el Ejecutivo central se comprometa de forma «clara» a no implantar peajes en la sombra, euroviñetas u otras alternativas que impliquen el cobro por el uso de la AP-7 después de que termine el plazo concesional de la vía, en enero de 2019.
También han pedido que se construyan las conexiones que ha propuesto la Generalitat entre esta vía y determinados municipios, además de otros cinco enlaces que la coalición reclama tras un estudio que ha elaborado: en Calp, Gata de Gorgos (Alicante), Tavernes de la Valldigna (Valencia), Almenara y Alcalà de Xivert (Castellón).
Mulet ha instado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a que «diga claro qué va a hacer con la AP-7». «Sabemos lo que quiere la Generalitat, no Madrid», ha indicado, antes de lamentar que la explotación privada de este vial ha sido una «vieja constante» durante legislaturas del PP y PSOE, porque «siempre» se ha renovado la concesión con alguna «excusa». «No queremos más sorpresas y agravios», ha subrayado.
Según ha explicado, a tres preguntas registradas por Compromís en el Senado al respecto, las respuestas recibidas han sido «ambiguas» y se limitan a contestar que no se prorrogará el plazo concesional, se revertirá a la Administración General del Estado y se suprimirá el peaje, sin comprometerse de forma explícita a que no haya ningún tipo de gestión privada como peajes en la sombra, euroviñetas, blandos u otras alternativas que impliquen el cobro por el uso de la vía.
Del mismo modo, ha recriminado que el Ejecutivo, cuestionado sobre «garantizar el acceso desde los municipios a la AP-7», señale que «analizará la medida una vez se finalice en plazo concesional». Para Mulet, se trata de un «problema serio» que no se debe «postergar».
MOCIÓN APROBADA EN EL SENADO
Mulet ha explicado que Compromís presentó antes de verano una moción en el Senado que contó con el voto favorable de todas las fuerzas excepto los socialistas, en la que se pedía que no se prorrogase la concesión «bajo ningún concepto»; que se dijera «claro que no habría ningún tipo de explotación privada»; se exigiera que la empresa entregase la autopista en condiciones «óptimas», algo que «no se está cumpliendo» porque hay zonas en «estado lamentable»; que se garantice como mínimo el «rescate» de los puntos negros y que se redacten «urgentemente» los enlaces de la vía con los pueblos que aún no cuentan con ellos.
Compromís está «muy preocupado» por la «postura» del PSOE, que es «parecida a la del PP» y «deja la puerta abierta a la gestión privada», no de peajes pero sí mediante otras modalidades que son «injustas» y «agravian a los valencianos». «No sabemos cómo más presionar», ha señalado, antes de indicar que instar a Ábalos a «que siga claro qué va a hacer con la AP-7».
CAMPAÑA «CONTUNDENTE» EN LOS MUNICIPIOS
El senador ha remarcado que «hace falta una campaña contundente y seria para dejar claro al PSOE» que Compromís «no transigirá». En este sentido, Àgueda Micó ha detallado que la coalición trasladará la moción que presentó Mulet a las tres diputaciones y a todos los ayuntamientos en los que está presente, para que la «ciudadanía vea su compromiso con la gratuidad y las conexiones» de la vía.
Además, organizará ruedas de prensa con los alcaldes de las comarcas «más afectadas»: La Safor, Marina Alta, Baix Maestrat y Plana Alta. Del mismo modo, se celebrarán «actos explicativos» para los ciudadanos.
Igualmente, ha puesto el foco en la visita del secretario de estado de Infraestructuras, Pedro Saura, el próximo miércoles para reunirse con a consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la socialista María José Salvador. Compromís exigirá «que se moje y diga qué solución aportará» para la AP-7.
También se ha referido a la reunión del jefe del Consell, Ximo Puig, con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. «Reclamamos que tenga la actitud de un presidente de todos y no de un miembro del comité del PSOE», ha enfatizado Micó.
CONEXIONES CON LOS MUNICIPIOS
La diputada Marta Sorlí ha insistido en que Compromís apoyó la moción de censura para «revertir los chanchullos del PP» y que, para la formación, «uno de los temas fundamentales» en este sentido es la liberalización de la AP-7, que debe ser «gratuita» y, a la vez, «útil para los pueblos».
Bajo esta premisa, ha urgido al Gobierno central a que «se comprometa» a construir las conexiones con los pueblos que la Generalitat ha presentado. No obstante, ha dicho que el Consell «se ha quedado corto» y que Compromís, tras un estudio de las necesidades de los pueblos, añade a esta lista cinco enlaces más en en Calp, Gata de Gorgos (Alicante), Tavernes de la Valldigna (Valencia), Almenara y Alcalà de Xivert (Castellón). Son propuestas complementarias, «razonables» y «asumibles», ha remarcado.
EL PSOE «DEBE TENER VALENTÍA»
«Ahora, más que nunca, tenemos que tomar medidas» y Ábalos «se debe comprometer a estas conexiones», ha subrayado, antes de incidir en que el PSOE «debe tener valentía, que no es una de sus máximas fortalezas».
En la misma línea, Águeda Micó ha indicado que Compromís apoyó al Gobierno de Sánchez para «deshacerse del Gobierno de la corrupción y ser parte del cambio», pero «no es gratuito», ya que sus votos «se circunscriben a la capacidad de negociación del Gobierno estatal».
A su juicio, la formación se encuentra ante un «momento histórico» por el papel que puede jugar un «proyecto estrictamente valencianista», que además tiene en frente a un «Gobierno con el que se puede hablar». «Presionaremos al Gobierno de Madrid para tener lo que nos toca», ha concluido.
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El aborto farmacológico llegará a los centros de salud: así será el nuevo método
Publicado
hace 10 horasen
28 septiembre, 2026
El Ministerio de Sanidad prepara un cambio en el acceso al aborto farmacológico en España para que las mujeres puedan realizar este procedimiento en los centros de salud de Atención Primaria cuando sea adecuado para su situación.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es que las pacientes puedan recibir información, atención y seguimiento desde su centro de salud, sin que el proceso tenga que desarrollarse exclusivamente en un hospital.
La medida todavía no está en vigor. Para ponerla en marcha será necesario modificar la normativa que regula la autorización de los centros sanitarios y actualizar la cartera común de servicios del SNS. Sanidad también iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos empleados en el aborto farmacológico, con el objetivo de permitir su utilización fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.
¿En qué consiste el nuevo método de aborto?
El aborto farmacológico es una interrupción voluntaria del embarazo mediante medicamentos, sin necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica.
La guía común del Sistema Nacional de Salud contempla actualmente diferentes métodos de interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos el farmacológico, el instrumental y el quirúrgico. La elección depende de factores como la edad gestacional, las circunstancias sanitarias y las preferencias de la paciente.
La novedad anunciada este lunes no es, por tanto, la creación de una nueva píldora abortiva, sino un cambio en el lugar y la forma en que se presta este servicio sanitario.
La mifepristona, uno de los medicamentos utilizados
Uno de los cambios previstos afecta a la mifepristona, medicamento utilizado junto con otros fármacos en el aborto farmacológico.
Sanidad pretende iniciar los trámites para modificar su ficha técnica y eliminar la limitación que actualmente condiciona su utilización al ámbito hospitalario. De esta forma, el tratamiento podría integrarse en la atención sanitaria desde los centros de salud cuando esté indicado.
El Ministerio plantea que las mujeres puedan contar con profesionales sanitarios que les proporcionen información y acompañamiento antes, durante y después del proceso.
¿Cuándo se podrá hacer en el centro de salud?
Por el momento no existe una fecha concreta de entrada en funcionamiento.
El Ministerio debe modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, tramitar el cambio de la ficha técnica de la mifepristona y actualizar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Además, serán las comunidades autónomas las encargadas de organizar la prestación dentro de su red de Atención Primaria.
Sanidad quiere reducir las diferencias entre comunidades
El anuncio se produce en un contexto de diferencias importantes entre territorios en el acceso al aborto dentro de la sanidad pública.
Según el Ministerio de Sanidad, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados.
La intención del Gobierno es ampliar la participación de la red pública y facilitar que las mujeres puedan acceder al aborto farmacológico cerca de su lugar de residencia.
El Ministerio sostiene que llevar esta prestación a Atención Primaria permitirá reducir desplazamientos y facilitar el acompañamiento sanitario durante todo el proceso.
El aborto farmacológico ya está contemplado en el SNS
La medida anunciada no supone incorporar por primera vez el aborto farmacológico al sistema sanitario español. Este método ya forma parte de la cartera de servicios y está recogido en la guía común del Sistema Nacional de Salud.
El cambio planteado ahora consiste en extender su prestación a los centros de Atención Primaria, siempre que resulte adecuado para cada caso y una vez completada la correspondiente tramitación normativa.
Por tanto, la principal novedad anunciada este 28 de septiembre es el traslado de parte de la atención del aborto farmacológico desde el ámbito hospitalario hacia los centros de salud.
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