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Educación crea una web con toda la información sobre la vuelta a clase en la Comunitat

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La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha activado la web aulasegura.es, donde se pone a disposición de la comunidad educativa valenciana toda la información sobre la vuelta a clase en condiciones de máxima seguridad en este atípico curso 2020-2021.

La nueva web incluye los protocolos de seguridad, higiene y protección establecidos en los centros educativos para hacer frente a la COVID-19, qué hay que hacer en caso de detección de contagios y responde a preguntas frecuentes que se generan sobre la vuelta a clase.

Además, aulasegura.es contará con un centro de atención telefónica los próximos días para atender dudas también de forma telefónica.

Entre la información que se puede encontrar en aulasegura.es está la obligatoriedad del alumnado a partir de seis años de llevar mascarilla tanto en los espacios comunes como en las aulas. El uso de esta medida de protección también es obligatorio en todo momento para el profesorado y para el personal no docente.

En aulasegura.es también se explica que la organización del alumnado en las aulas desde Infantil hasta 2.º de Primaria es en grupos de convivencia estables de máximo 20 alumnos y alumnas como norma general. Son grupos de alumnos y alumnas que, por su edad, en el aula, en el patio y en el comedor no guardan entre ellos la distancia interpersonal de 1,5 metros.

En el resto de cursos de Primaria, el centro puede haber organizado a los alumnos en grupos de convivencia estables o hacer grupos manteniendo la distancia de seguridad de metro y medio entre alumnos. En el resto de etapas educativas, el alumnado está separado en el aula a un metro y medio de distancia entre compañeros.En las etapas de ESO, Bachillerato y FP en la mayoría de casos asisten cada día a clase, pero, en caso de que no quepa todo el alumnado del aula con la distancia interpersonal requerida, deberán ir en el centro en días alternos.

En las diferentes ventanas de la web se puede encontrar información sobre el uso de mascarillas, el control de la temperatura, la movilidad dentro del recinto educativo, las medidas de desinfección de los centros, cómo está organizado el comedor y el transporte escolar, cuál es el horario lectivo del alumnado, qué es el espacio COVID-19 de cada centro o cómo se lleva a cabo la coordinación entre el centro educativo y su centro de salud de referencia.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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