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¿Qué es la ley D’Hondt?

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¿Qué es la ley D'Hondt?
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La ley D’Hondt es el sistema que se utiliza para repartir los escaños o concejales entre las candidaturas de forma proporcional al número de votos obtenidos.

El próximo 23 de julio se celebran elecciones generales en España. En nuestro país, en todos los procesos electorales se utiliza el sistema D’Hondt.

Ley D’Hondt

Como ejemplo vamos a simular un Parlamento o un Ayuntamiento de ocho escaños o concejales a repartir entre cuatro candidaturas que llamaremos A, B, C y D.

En primer lugar ordenamos los resultados electorales de mayor a menor y se calcula el porcentaje de cada uno sobre el total de votos válidos, teniendo en cuenta los votos en blanco.

Para evitar una excesiva fragmentación de la cámara o la corporación, se descartan las candidaturas que no lleguen a un porcentaje mínimo de votos. En el caso de las elecciones generales este umbral es el 3% de los votos. En las elecciones locales, el porcentaje mínimo es el 5%. En este ejemplo al ser el umbral del 3% se corresponden a unas es elecciones generales

Se construye una tabla con tantas columnas como número de escaños o concejales a distribuir, completando cada columna con el número de votos de cada candidatura dividido por 1, 2, 3… hasta completarla.

Los escaños o concejales se asignan a los 8 coeficientes más altos, en orden decreciente.

En caso de empate, el escaño o concejal se asignará a la candidatura con mayor número de votos totales. Si estos también coinciden, se asignará por sorteo, y el resto de empates de forma alternativa.

El reparto de escaños o concejales queda de la siguiente forma:

  • Candidatura A: 4 escaños o concejales
  • Candidatura B: 3 escaños o concejales
  • Candidatura C: 1 escaño o concejal

¿A quién beneficia la ley D’Hondt y por qué?

Beneficia a los partidos grandes, y perjudica a los pequeños. Aunque la Constitución habla de «representación proporcional», en realidad es de lo más desproporcionado: ni se ajustan los escaños a los votos, ni se defiende el orden que los votantes otorgan a los partidos, ocurriendo en ocasiones que una formación con menos votos logra obtener más escaños. Muchos no lo consideran un sistema proporcional, sino mayoritario, un sistema que no busca la proporcionalidad sino favorecer la gobernabilidad de los partidos más poderosos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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