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Apuñala a su suegra por interponerse en una pelea con su mujer

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VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 35 años por presuntamente agredir a su suegra con un cuchillo de 20 centímetros cuando esta se interpuso en una discusión entre el sospechoso y su mujer, a la que al parecer estaba zarandeando e insultando.

La suegra fue atendida por los servicios sanitarios que la trasladaron a un hospital de València, según han informado en un comunicado las fuerzas de seguridad, que han precisado que los policías intervinieron un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja que se encontraba en la cocina.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigiesen a una calle del distrito de Tránsits de Valencia, donde al parecer acababan de apuñalar a una mujer y solicitaba ayuda.

Los policías se dirigieron al lugar, donde encontraron a una mujer con varios cortes sentada en una silla en la puerta de un establecimiento, atendida por varias personas. Los agentes dieron aviso a los servicios sanitarios.

La Policía averiguó que momentos antes, al parecer, el yerno de la víctima le había apuñalado y que el sospechoso se encontraba junto a su mujer y su bebé de dos meses en el domicilio. Los agentes se dirigieron al domicilio rápidamente, donde les abrió la mujer con el bebé en los brazos.

Los policías observaron que la mujer presentaba un enrojecimiento en la piel y averiguaron que, momentos antes, había tenido una discusión con su marido, y en el transcurso de ésta al parecer le había zarandeado e insultado, momento en que se interpuso la madre.

Finalmente, los agentes se dirigieron a la cocina y localizaron en el fregadero un cuchillo mojado que fue intervenido. Tras realizar diversas comprobaciones, detuvieron al hombre como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y homicidio en grado de tentativa. El detenido, sin antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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