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Bonig espera tener al candidato del PP a la alcaldía de València «antes de que acabe el año»: «Hay banquillo»

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VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) – La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha manifestado que espera que «antes de que acabe el año» el PP tenga al candidato a la alcaldía de València porque «hay banquillo». «Elegiremos a la mejor persona para ganar la alcaldía y para que esta ciudad vuelva a ser un referente como lo fue con el PP», ha destacado.

Bonig se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación antes de asistir al XL Congreso Nacional de Sindicatos de Policías Locales en Alboraia (Valencia), al ser preguntada por el anuncio del líder del PP, Pablo Casado, de decir los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 tras las elecciones andaluzas, decisión que Bonig ha dicho que «más o menos» ya se había comunicado en el partido.

Al respecto, ha subrayado que los ‘populares’ «tienen banquillo» y ha admitido que le gustaría que «cuanto antes» se elija al candidato», al tiempo que ha manifestado estar «profundamente sorprendida y contenta de que esté todo el mundo pendiente del candidato del PP a la ciudad de València».

En este sentido, ha reiterado que la formación elegirá «a la mejor persona para ganar la alcaldía de València y para que esta ciudad vuelva a ser un referente como lo fue con el PP a nivel nacional, internacional y a nivel de la Comunitat» y no se convierta en «esta ciudad pobre y de tercera» en la que, a su juicio, la ha convertido el actual alcalde, Joan Ribó, con «falta no solamente de inversiones, sino de ambiciones y de ilusión».

«Hoy debería ser un referente y desgraciadamente no lo es, como tampoco lo es la Comunitat», ha señalado. Por ello, ha manifestado que espera que «antes de que acabe el año tener ya a la persona» porque «hay banquillo».

Cuestionada sobre si ese retraso perjudica o beneficia, la líder de los ‘populares’ valencianos ha señalado que «no es ni bueno ni malo» y hay división de opiniones al respecto, ya que algunos consideran que es mejor que se diga cuanto antes, mientras que otros piensan que eso «puede quemar».

En cualquier caso, ha puntualizado que el partido «tiene sus tiempos» y «lo importante es que se está trabajando». «El PP no para de trabajar y reunirse y llevar una labor de oposición y fiscalición, pero también de propuestas y de apertura a la sociedad», ha zanjado.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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