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Casi el 70 % de los mayores de 80 años está inmunizado con las dos dosis

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Empieza la vacunación de los usuarios de centros de día de València
EFE

Madrid, 22 abr (EFE).- La inmunización con las dos dosis de los mayores de 80 años, una de las prioridades de la campaña de vacunación debido a su vulnerabilidad frente al coronavirus, puede alcanzar hoy el 70 %, después de que en una semana se haya avanzado 15 puntos porcentuales en este grupo de edad.

El 99,2 % de los mayores de 80 años ha recibido ya alguna dosis de la vacuna y cuenta con protección parcial contra el coronavirus, mientras que previsiblemente este jueves el porcentaje de personas de este grupo de edad con dos dosis alcance el 70 por ciento, ya que a fecha de este miércoles se situaba en el 67,2 %, según el último informe del Ministerio de Sanidad.

La inmunización de este colectivo ha pasado en una semana del 52,5% al 67,2 %, mientras que el porcentaje de estos mayores con algún suero ha aumentado del 95 % al 99,2 %. Este grupo de edad ha sido vacunado con los viales de Pfizer y Moderna, que establecen un periodo entre el primer y segundo pinchazo de más de 20 días.

Andalucía es la comunidad con una mayor tasa de mayores inmunizados (con la pauta completa) con algo más del 85 %, es decir 352.659 de los 413.516 ciudadanos que componen este grupo en la comunidad. En Extremadura, 60.053 mayores (de un censo de 76.005) ya han recibido las dos dosis, cifra que representa el 79 %.

Les sigue Murcia, con el 75,3 % con la pauta vacunal completa (52.560 personas), un porcentaje muy similar al de Navarra, con el 75,2 % (30.976 de 41.166 mayores de 80).

Las comunidad que menos segundas dosis tienen ya inoculadas entre sus mayores de 80, y que además se encuentra por debajo de la media, es Cataluña con el 51 %, es decir 228.103 de las 447.196 personas en este grupo de edad.

A continuación, Canarias, que tiene al 53,2 % de los mayores de 80 años inmunizados, es decir a 48.036 personas de los 90.236 del censo vacunal de este grupo en las islas.

En términos globales, el Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles que 3.611.606 ciudadanos han recibido ya la pauta vacunal completa, es decir el 7,6 % de la población. Además, 9.886.203 personas tienen ya inoculada alguna dosis de la vacuna, el 20,8 % de la población.

Asturias es la comunidad que tiene el mayor porcentaje de población con algún antídoto contra la covid-19, en torno al 30 % -la media nacional es del 24 % de un censo de algo más de 40 millones de personas- y al 13,2 % de sus ciudadanos inmunizados con las dos dosis.

Le siguen, en mayor ritmo de inoculación de alguna dosis, Castilla y León (29,4%) y Galicia (28,4 %), mientras que el porcentaje de inmunizados con la pauta completa en ambas regiones es del 12,5 % y 9,8 %, respectivamente.

Los territorios con menos población que han recibido alguna dosis son Baleares, Canarias y Murcia, con en torno al 20 % de su censo vacunal.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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