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Comienza el juicio contra la excúpula del PP de Camps por su presunta financiación ilegal

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(EUROPA PRESS)El juicio contra la excúpula del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) liderada por Francisco Camps arranca este lunes, 15 de enero, para analizar si la formación política pagó con dinero negro a la empresa vinculada a la trama Gürtel, Orange Market, los actos de campaña relativos a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a 20 personas acusadas de delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su ‘numero dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. El juicio se dirige también en contra cinco ex altos cargos ‘populares’ valencianos como Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación política, como el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.

Precisamente todos los empresarios salvo Blanco Balín, considerado ‘cerebro’ financiero de la red corrupta, han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer que han realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas campañas electorales.

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Este juicio de la trama Gürtel, que tanto ha condicionado la agenda política de los últimos años, es el segundo que celebra la Audiencia Nacional. El primero de ellos fue el relacionado con la primera época de actividades de la red liderada por Correa (1999-2005), que aún está pendiente de conocerse la sentencia.

Ahora el magistrado José María Vázquez Honrubia se encargará de juzgar los hechos investigados en las piezas 1,2 y 6 de la rama valenciana de la causa. El fiscal recuerda en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que «aprovechó» el acceso a «determinadas personas» que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.

Por ello, Fiscalía pide para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión; mientras que para ‘El Bigotes’ solicita 27 años de prisión. Estos tres se encuentran ya en prisión cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Para los exaltos cargos del PP valenciano solicita siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera del PPCV Yolanda García, que sólo se enfrenta a seis meses de prisión. En cuanto a los empresarios arrepentidos han aceptado las penas que oscilan entre 15 y 21 meses.

CORREA BUSCA LA REBAJA DE SU PENA

Por su parte, el líder de la Gürtel también busca una rebaja de su pena. Unos días antes del comienzo de la vista oral remitió un escrito al juez en el que reconoció que los servicios que Orange Market prestaron a los ‘populares’ valencianos fueron abonados «mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas».

Anticorrupción explica que a finales de 2006 el PPCV contrató a Orange Market S.L., cuyo responsable era Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ para preparar los actos electorales. El fiscal subraya que los acusados «no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente» y que con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los servicios se abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros.

La única cuantía declarada por Orange Market y por el PPCV en relación a los procesos electorales son 175.000 euros, correspondiente a la organización de actos con motivo de las elecciones autonómicas de 2007. Sin embargo, la Fiscalía entiende que fue «muy superior» el servicio que el partido encargó y recibió de esta empresa.

DOS AÑOS DESPUÉS DE QUE EL JUEZ LES SENTASE EN EL BANQUILLO

Este juicio se celebra casi dos años después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata dictase apertura de juicio oral contra los 20 acusados, de los cuáles uno de ellos se sienta en el banquillo a petición de la acusación popular ejercida PSOE valenciano.

Realmente, la investigación de estas tres piezas la realizó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pero en marzo de 2015 se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al declarar que no tenía competencia tras la renuncia de Costa y la extesorera Yolanda García a su escaño, por lo que perdieron su condición de aforado.

Está previsto que concluya el próximo 6 de abril tras 22 sesiones. Las declaraciones de los investigados se realizarán en las primeras tres jornadas para dar paso, previsiblemente, el jueves a los testigos.

En el juicio por los primeros años de la trama Gürtel desfilaron por la Audiencia Nacional testigos de alta relevancia como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exministros del gobierno de José María Aznar o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

En esta ocasión los testigos más importantes serán el extesorero del PP Luis Bárcenas; el denunciante del caso, José Luis Peñas, ambos a la espera de conocer si son condenados por la pieza anteriormente juzgada; el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps o el de la Corts Valencianas Juan Cotino.

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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