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Valencia

Comienza la limpieza de zonas comunes de inmuebles en Orriols

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El Ayuntamiento ha realizado hoy la primera limpieza de inmuebles en Orriols para garantizar las condiciones de salubridad e higiene en el barrio. Está previsto intervenir en los próximos días en 14 patios afectados por la dispersión de la propiedad, la ausencia de comunidades de propietarios, la ocupación parcial u otras situaciones análogas. Se sigue un protocolo elaborado por la Concejalía de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio Público para acometer los trabajos de manera inmediata. El alcalde, Joan Ribó, acompañado del vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, y el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha comprobado esta mañana el dispositivo, que se ha puesto en marcha a iniciativa de la mesa de trabajo de Orriols, constituida entre las concejalías y representantes de las entidades ciudadanas con el compromiso de mejorar la situación de la zona. Ribó ha agradecido la colaboración del vecindario y ha asegurado que “poco a poco vamos dando respuesta a las necesidades del barrio”.

 

El alcalde ha destacado “el protocolo de limpieza de zonas comunes de determinadas viviendas que se encuentran en una situación precaria como consecuencia de ocupaciones y que nos había pedido el vecindario”. Se trata de “un trabajo que vamos haciendo para mejorar la situación del barrio, un trabajo que llevamos a cabo conjuntamente con los vecinos por parte del Ayuntamiento, y un trabajo que nos parece imprescindible para una mejora general de las condiciones de vida de la gente que vive en este barrio”.

Según el protocolo, la brigada municipal accede al inmueble después de haber contactado con las personas propietarias o residentes, y con la asistencia de la Policía Local. Si se encuentran plagas, el Servicio de Residuos lo comunica al Servicio de Sanidad para que actúe sobre el foco. En caso de que no se obtengan facilidades para entrar, la Asesoría Jurídica activa los trámites para eliminar las trabas. Asimismo, se pondrá en conocimiento de Bienestar Social aquellas circunstancias que requieran la intervención de los servicios sociales. El Ayuntamiento asume el coste de los trabajos.

Por su parte, el vicealcalde, Sergi Campillo, ha incidido en que es “una medida excepcional” y, “de no efectuarse de manera inmediata, puede agravar la situación”. Por eso, “desde el ámbito de las competencias de la vicealcaldia, y en el marco de las actuaciones de salubridad de los inmuebles que se pueden gestionar desde el Servicio de Gestión de Residuos, se han adoptado estas medidas para actuar de manera inmediata”. Campillo ha subrayado que se ha diseñado el protocolo “tras la petición vecinal de que en algunas fincas con algunos inmuebles ocupados se estaba produciendo una suciedad acumulada de las zonas comunes”, de forma que “vamos a limpiar todas las zonas que los vecinos, en la plataforma de entidades de Orriols con la que nos reunimos mensualmente, nos exigieron”. Esto es, en palabras del vicealcalde, “una muestra más de la voluntad del equipo de gobierno municipal para poner fin a uno de los problemas más importantes y más reclamados por parte de los vecinos y las vecinas del barrio”.

Los operarios de la brigada acuden acompañados de agentes de la Policía Local. En este sentido, el regidor de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha puesto en valor “el trabajo que está desarrollando la Policía Local en Orriols” y, en concreto, “la coordinación desde la sexta unidad de distrito para llevar a cabo este plan de actuación conjunto con el servicio de limpieza”. El edil ha recordado las actuaciones “en materia de pisos ocupados” y el “refuerzo de la seguridad también en coordinación con la Delegación de Gobierno”. “Estamos sumando esfuerzos entre todas las áreas de gobierno y las administraciones para dar respuesta a los problemas de los vecinos y vecinas de Orriols”, ha señalado Cano, quien ha agradecido a “todas las concejalías la implicación y el trabajo conjunto y coordinado”.

El dispositivo que ha entrado en funcionamiento este lunes surge a iniciativa de la mesa de trabajo de Orriols, el grupo de coordinación constituido a finales de septiembre por responsables de varias concejalías y representantes de las asociaciones y entidades del barrio, que se reúne mensualmente para poner en común impresiones y comprobar las necesidades de la zona.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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