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Compromís comunica al Rey que no apoyará a Sánchez sin negociar la financiación autonómica

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Compromís ha comunicado al Rey que no respaldará una eventual investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, si no hay una negociación previa para resolver los problemas que sigue acarreando a los valencianos el actual sistema de financiación autonómica.

Así se lo ha trasladado el representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, al Rey en su reunión de este miércoles en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de consultas que el Jefe del Estado ha iniciado con vistas a una investidura.

Baldoví, que ha dicho haber visto al monarca «menos preocupado que cuando debutó de Rey», ha explicado que le ha trasladado la disposición de Compromís a «facilitar» la gobernabilidad de un Ejecutivo progresista pero ha advertido de que, con sólo 123 diputados, el PSOE debe contactar con aquellas fuerzas que se muestren a priori favorables a su investidura, como es el caso de su partido.

Y ese voto a favor de Sánchez en su caso pasa principalmente por negociar una salida al problema de la financiación autonómica que no sólo afecta a la Comunitat Valenciana, sino también a Murcia o Baleares, y que debería estar resuelto desde hace más de cinco años. «Es de sentido común y es algo ineludible e irrenunciable», ha dicho.

 

«SEREMOS ABSOLUTAMENTE INFLEXIBLES»

Preguntado sobre si el propio Sánchez o el PSOE se había puesto en contacto con Compromís, Baldoví ha negado la mayor pero ha insistido en que si no hay una negociación previa a la investidura, «no va a haber voto favorable». «Sería una falta de respeto que pretendieran que apoyásemos a Sánchez sin ningún tipo de negociación», ha dicho, para añadir que en este asunto serán «absolutamente inflexibles».

De entrada, no obstante, el único diputado de Compromís se ha mostrado optimista con un futuro acuerdo del PSOE con Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez. Es más, ha apuntado que cree éste que va a ser «fácil».

Sobre si en su conversación con el Rey ha salido el asunto de Cataluña, Baldoví ha respondido que sí y que ambos han coincidido en esperar que «la tensión» política del país se «rebaje un poco» cuando se acaben de configurar los gobiernos locales, autonómicos y el central para que también se puedan abrir paso otros asuntos en esta legislatura.

 

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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