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Compromís comunica al Rey que no apoyará a Sánchez sin negociar la financiación autonómica

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Compromís ha comunicado al Rey que no respaldará una eventual investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, si no hay una negociación previa para resolver los problemas que sigue acarreando a los valencianos el actual sistema de financiación autonómica.

Así se lo ha trasladado el representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, al Rey en su reunión de este miércoles en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de consultas que el Jefe del Estado ha iniciado con vistas a una investidura.

Baldoví, que ha dicho haber visto al monarca «menos preocupado que cuando debutó de Rey», ha explicado que le ha trasladado la disposición de Compromís a «facilitar» la gobernabilidad de un Ejecutivo progresista pero ha advertido de que, con sólo 123 diputados, el PSOE debe contactar con aquellas fuerzas que se muestren a priori favorables a su investidura, como es el caso de su partido.

Y ese voto a favor de Sánchez en su caso pasa principalmente por negociar una salida al problema de la financiación autonómica que no sólo afecta a la Comunitat Valenciana, sino también a Murcia o Baleares, y que debería estar resuelto desde hace más de cinco años. «Es de sentido común y es algo ineludible e irrenunciable», ha dicho.

 

«SEREMOS ABSOLUTAMENTE INFLEXIBLES»

Preguntado sobre si el propio Sánchez o el PSOE se había puesto en contacto con Compromís, Baldoví ha negado la mayor pero ha insistido en que si no hay una negociación previa a la investidura, «no va a haber voto favorable». «Sería una falta de respeto que pretendieran que apoyásemos a Sánchez sin ningún tipo de negociación», ha dicho, para añadir que en este asunto serán «absolutamente inflexibles».

De entrada, no obstante, el único diputado de Compromís se ha mostrado optimista con un futuro acuerdo del PSOE con Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez. Es más, ha apuntado que cree éste que va a ser «fácil».

Sobre si en su conversación con el Rey ha salido el asunto de Cataluña, Baldoví ha respondido que sí y que ambos han coincidido en esperar que «la tensión» política del país se «rebaje un poco» cuando se acaben de configurar los gobiernos locales, autonómicos y el central para que también se puedan abrir paso otros asuntos en esta legislatura.

 

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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