Paco Ferrandis

Si las entidades locales y autonómicas son los ámbitos naturales para el enraizamiento de las organizaciones de la sociedad civil, se tendrán que estudiar las posibles estructuras de nivel superior que sean aptas para articular y dar voz a esa ciudadanía, que se organiza en ámbitos donde cada vez se diluyen más las formas de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Antes de entrar en profundidad sobre la organización y los contenidos que afectan a las relaciones entre sociedad civil y clase política, sería conveniente poner sobre el tapete algunas consideraciones sobre los principios de actuación:

• La ideología de cada cual no debería impedir la obtención de soluciones a los problemas que nos afectan, por lo que habría que erradicar del debate el sectarismo y la demagogia.
• Dejar a un lado los corsés y servidumbres propios de la lucha partidista, al objeto de facilitar el establecimiento de consensos para la consecución de una sociedad más equilibrada y con mayores índices de calidad de vida.

Hasta llegar al ámbito autonómico, resulta más fácil el establecimiento de órganos de coordinación, más o menos permanentes, donde puedan estar representados los diferentes sectores que conforman la sociedad civil del ámbito correspondiente. Dada la importancia que la información y comunicación tienen en la sociedad actual, habrá de tener en cuenta, tanto los canales de comunicación informales (redes sociales, etc.), como los formales (circulares, comunicados, notas de prensa…), por lo que se hace imprescindible la asistencia profesional de periodistas y community managers que den forma y distribuyan la información que generan esas organizaciones sociales.

En el anterior artículo aposté por el papel determinante que puede jugar el Senado como sede del encuentro entre los órganos de representación política y la ciudadanía organizada. Desde ese cualificado foro podrían convocarse las Jornadas y Congresos en los que debatir las cuestiones que afectan a la calidad del sistema democrático.

¿Cuáles pueden ser las materias a tratar en los foros ciudadanos?

Cabría contestar: las cuestiones que preocupan al ciudadano en su vida diaria, así como en sus relaciones con la clase política, y las Administraciones Públicas. En concreto, podrían ser éstas (sin ánimo de exhaustividad):

1. Sistema de solidaridad interclasista e interterritorial, que facilite una política distributiva justa y la extensión de los mayores niveles de calidad de vida entre los ciudadanos.
2. Modelo de Administración Pública más profesionalizada, independiente de los partidos políticos, y en la que se reduzca considerablemente el sistema de libre designación como forma de cubrir los puestos de mayor responsabilidad, a favor de la potenciación de la carrera profesional de los funcionarios.
3. Formas de incrementar la participación de la ciudadanía en la vida política:

• Requisitos para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
• Sistemas de selección de los líderes políticos: ¿Listas abiertas en las candidaturas? ¿Primarias para la elección de los dirigentes de los partidos políticos?
• Criterios para una financiación transparente de los partidos políticos, sindicatos, y demás organizaciones que reciban subvenciones públicas.
• Reforma de la Ley Electoral al objeto de empoderar a la ciudadanía.

Hoy en día, se ha popularizado entre la opinión pública (y publicada) la necesidad de implantar sistemas de elección que se consideran más democráticos y abiertos a la participación ciudadana, como los sistemas de listas abiertas en las elecciones a órganos de representación y los procedimientos de primarias para elegir a los dirigentes de los partidos políticos. Coincido con algunos autores -principalmente, el colectivo Politikon de La urna rota– en que las listas abiertas y las primarias no son la panacea del sistema democrático.

El sistema de listas abiertas supone un incremento de la complejidad del sistema electoral, y beneficia, fundamentalmente, a los sectores sociales más activos en la vida política y, por lo tanto, con mayores índices de información sobre las personas que integran las listas de los partidos políticos.

Como ya se ha manifestado anteriormente, los procesos de primarias son ajenos, en principio, a nuestra cultura política (su buena aureola proviene del genuino sabor de la democracia estadounidense), y son los preferidos por los medios de comunicación que encuentran en ellos un filón de imágenes impactantes, de exaltación del personalismo, así como una explotación de las posibles pugnas que se pudieran establecer entre los distintos candidatos a ocupar los puestos directivos.

En buena parte, las primarias se construyen como campañas de marketing político y de obtención de fondos. También pueden ser el escenario apropiado para que los aparatos de los partidos, o determinadas corrientes dentro de los mismos, lleven a cabo tácticas de manipulación de los censos de electores, e incluso que otras fuerzas políticas puedan realizar el entrismo o provocar el boicot en algún partido en concreto, como fue el caso denunciado en las primarias celebradas en Izquierda Unida de Madrid. La grave crisis que atraviesa el PSOE también hunde sus raíces en la elección de sus secretarios generales y candidatos a la Presidencia del Gobierno a través del sistema de primarias.

Por ello, se plantea la posible reforma de la Ley Electoral, al objeto de que el número de elegidos vaya en consonancia con el número de electores, con topes máximos y mínimos. Esto daría un mayor poder a la opción de abstenerse en la votación, en cuanto supone dotar de mayor responsabilidad al ciudadano con derecho al voto, e indicaría el nivel de confianza de éste con la clase política en general. También determinaría el montante de dinero destinado a los partidos políticos que logren la representación.

El empoderamiento de la abstención, sería la pieza clave sobre la que fundar un nuevo status quo, en las relaciones entre ciudadanía y clase política, en tanto en cuanto puede representar el punto de equilibrio entre dos poderes:

• El ostentado por los políticos, como representantes elegidos por los ciudadanos.
• El de un pueblo organizado que ha obtenido la carta de mayoría de edad, mostrándose responsable de su actuación ante los procesos electorales y sus consecuencias posteriores.

De esta manera, los porcentajes de participación/abstención electoral nos darán una idea clara de la confianza que los ciudadanos depositan en sus políticos, lo cual les ha de motivar para buscar aquella, poniendo a su vez al servicio de los electores el poder que estos les han otorgado.

Se trata de poner en marcha un proceso de retroalimentación, del que han de salir cada vez más reforzados los principios democráticos de representatividad política y de participación ciudadana.

(Fotografía: Genuino sabor americano, obra del pintor valenciano Antonio de Felipe, de su exposición Graffiti Pop, Madrid, 2015)