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El Defensor del Pueblo investiga el encierro irregular de un joven en el CIE de Zapadores

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València, 8 jun (OFFICIAL PRESS – EFE). El Defensor del Pueblo ha emitido una resolución en la que investiga el encierro irregular al que fue sometido un joven marroquí de 22 años en el CIE de Zapadores (Valencia). En ella se reclaman tanto medidas de coordinación que impidan que se repita este hecho como «medidas disciplinarias contra los responsables de este encierro».

El Defensor del Pueblo investiga el encierro irregular de un joven en el CIE de Zapadores

Según ha informado la ONG València Acull como entidad que ha instado la queja ante el Defensor del Pueblo, la dirección del CIE de València y el juzgado de instrucción.  Se denuncia que se ignoró la sentencia del del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se ordenaba la suspensión de la expulsión de este joven.

Este inmigrante, extutelado por la Comunidad de Madrid, permaneció recluido en Zapadores entre el 21 de enero y el 23 de febrero de este año. A pesar de que en el centro se disponía de la resolución judicial que suspendía su orden de expulsión, según reprocha el Defensor del Pueblo en su escrito.

«Sin embargo, ninguna autoridad verificó su situación legal o, si lo hicieron, la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle. Sólo la intervención de los servicios jurídicos de la Campaña CIES No evidenció que en el expediente del interno de que disponía la Policía constaba la suspensión cautelar de su expulsión dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, lo que obligó a la dirección del CIE a ponerlo en libertad», añaden los denunciantes.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares acordó el pasado 21 de enero el internamiento en el CIE de A.E.M, a raíz de una orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno Madrid dos años antes. Pero ni este juzgado ni el CIE tuvieron en cuenta que el TSJ de Madrid estimó el 8 de julio de 2021 un recurso de apelación interpuesto por el afectado. Este recurso  finalmente se admitió  y se suspendió de forma cautelar la orden de expulsión.

 

Se le encerró en València con el fin de su expulsión

A pesar de ello, «se le encerró en València con el fin de ser expulsado en cualquier momento», según denuncia CIES No.
El TSJ acordó suspender su expulsión al considerar que había “múltiples indicios del arraigo social” del chico, y, criticó a la Comunidad de Madrid y a la Administración en general por la “inacción” y “descoordinación” para regularizar su situación administrativa.

“Nada parece haber hecho la Administración para amparar al recurrente debidamente y de buena fe, ni aun estando tutelado”. “No parece que se le haya dispensado la debida protección institucional durante su minoría de edad, lo que ha podido repercutir eventualmente en su posterior situación administrativa”.

Por tanto, “si la Administración no parece haber hecho nada para regularizar la situación del recurrente en España mientras era menor de edad, ni para facilitársela después, no es posible concluir que ahora existan fuertes razones de interés público que exijan la inmediata ejecución de la expulsión”, concluyó el TSJM.

El Defensor del Pueblo respondió el pasado lunes a la queja formulada por la plataforma CIES No admitiéndola a trámite y anunciando el inicio de “actuaciones ante los organismos administrativos competentes”.

 

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Juzgan al arrendatario de un hotel-discoteca por incendiar el local para cobrar el seguro

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El arrendatario de un hotel-discoteca situada frente a la playa del Postiguet de Alicante es juzgado a partir de este viernes por, supuestamente, organizar el incendio del local para cobrar las indemnización del seguro.

El juicio por estos hechos se celebrará a partir de las 10 horas de este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Además del arrendatario del negocio, se juzga a otros dos hombres, colaboradores, para todos los cuales la fiscalía pide penas de entre 12 y 15 años de cárcel.

El ministerio público sostiene que el empresario, que gestionaba los negocios desde 2015, comenzó a acumular deudas con proveedores y trabajadores, y que dejó de pagar el alquiler.

Por ello, junto a otro de los encausados, decidió provocar un siniestro en el local para cobrar las correspondientes indemnizaciones de los seguros, cuya cobertura había aumentado en diciembre de 2022.

En enero de 2023 los dos encausados rociaron con gasolina hasta 18 puntos distintos de los locales de la discoteca y del hotel, y desenroscaron una tuerca de la instalación de gas de la cocina para provocar una fuga.

A continuación, pactaron con el tercer encausado que, a cambio de 2.000 euros, prendiera fuego a las instalaciones, lo que realizó el día 23 de madrugada.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 12 y los 15 años de prisión por un delito de incendio con peligro para las personas en concurso con un delito de estafa agravada.

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