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El Gobierno mantiene que los colegios no se cerrarán porque son «entornos seguros»

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Sevilla, 27 ene (EFE).- La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha descartado que en el Gobierno se estén planteando o vaya a recomendar el cierre de los centros educativos porque los datos avalan que «los colegios son entornos seguros».

«No contemplamos el cierre de colegios», ha dicho la ministra en una entrevista en Canal Sur Radio.

Celaá ha asegurado que no está previsto decretar un cierre de centros en toda Andalucía o en las localidades donde se superen la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, como piden algunos alcaldes.

«No hemos llegado al punto para que la escuela se cierre porque en el punto más álgido de incidencia de la pandemia nunca se llegó al 2 % de afectados de los centros», ha dicho antes de indicar que el dato hoy es de «un 1,4 % de incidencia» entre las 425.000 aulas de toda España, lo que considera que «no es motivo para el cierre de un centro educativo».

Otra cuestión es que se produzca «un brote incontrolable», lo que motivará la actuación de cada departamento autonómico de sanidad, ha agregado.

La ministra ha explicado que no existe al respecto un protocolo nacional: «No, porque la incidencia en un colegio es independiente a la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes, se están comportando de forma diferente».

Respecto a la reforma educativa, la Lomloe, Celaá ha mostrado su disposición a la solicitud de diálogo del consejero de Educación de la Junta, Javier Imbroda, para el desarrollo normativo de la ley.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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