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El Juez de la Audiencia Nacional pide al TSJ de Murcia que impute a Pedro Antonio Sánchez por 3 delitos

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco eleva exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia con los indicios existentes en la denominada “Operación Púnica” contra el exconsejero de Educación y actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

En su exposición razonada, de 32 páginas, el magistrado detalla todos los indicios de la presunta concertación del aforado Pedro Antonio Sánchez con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de su campaña para las elecciones a la Presidencia de la Región de Murcia, “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”.

Velasco explica que en la fecha de los hechos, junio de 2014, Pedro Antonio Sánchez era el consejero de Educación y se concertó con De Pedro para limpiar la “inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública, todo ello con el objetivo de presentarse a presidir el Gobierno Autonómico, “como finalmente consiguió”.

Según el juez, “no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”, sino que lo empezó a conseguir a través de los trabajos de empleados de las empresas de De Pedro: EICO/Madiva.

Dichos trabajos, continúa el juez, se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación “hinchada” en contratos públicos de formación que aquel adjudicaría a empresas vinculadas a De Pedro y a su socio, José Antonio Alonso Conesa.

Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación de carácter personal, y que durarían 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año.

Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar, explica Eloy Velasco, ni la “formación” se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.
En su exposición razonada, el juez va detallando todos los indicios hallados a lo largo de la investigación contra Pedro Antonio Sánchez, entre ellos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o los intercambios de whatsapp. También diversos informes sobre los trabajos de reputación online, así como la agenda de una empleada en la que fijaba la fecha de 3 de noviembre de 2014, lunes, como la de inicio de dichas trabajos.

Después de detallar todos los indicios recabados en esta investigación, el juez en su exposición motivada, argumenta porqué los hechos investigados encajan dentro de los delitos de fraude, del art 436 del C.P., el delito de cohecho, del artículo 419 del mismo código, y de revelación de información reservada del art 417.

El delito de fraude se consuma sin necesidad de que se produzca un efectivo perjuicio patrimonial
El magistrado distingue entre el delito de malversación, que es un delito de resultado, y el de fraude del art 436, que se consuma con el “mero acuerdo o concertación” con un interesado en algún contrato público, afectando los intereses de la Administración y la libre concurrencia, en tanto que otros posibles futuros licitadores no han tenido el mismo privilegio de poder optar en las mismas condiciones. El magistrado recuerda que, de consumarse una malversación, ésta podría absorber el delito de fraude porque éste es un delito más leve. Pero de no existir la malversación porque no se llegó a realizar el pago, como ha ocurrido en el presente caso, el delito de fraude subsiste, como explica el TS en sentencia de 28 de enero de 2014.

El alto tribunal califica el delito de fraude como “netamente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude”. El magistrado cita varias sentencias del TS donde se distingue entre el concierto para defraudar (delito de fraude) y el efectivo perjuicio patrimonial (malversación) cuya sanción viene a realizar lo que el Supremo denomina “una progresión intensificadora del injusto” que, en conclusión, viene a corroborar que el delito de fraude es un delito de mera actividad, “que se consuma con que exista la concertación con el fin de defraudar”. No se exige el efectivo perjuicio porque el bien jurídico que predomina es “la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos”. Si existiera perjuicio, entraría en juego el otro bien jurídico lesionado, el de la malversación.

El delito de revelación de información reservada, independiente del fraude

En su exposición razonada, Velasco explica que el delito de revelación de información reservada en el momento en el que se aporta a extraños a la Administración, documentos y sobre todo intenciones de contratar, “desconocidos por el resto de posibles futuros postulantes, sobre los que recae el deber de reserva, pues no deben ser divulgadas, que es lo realmente atacado, y la acción la ejecutan no sólo quien los desvela efectivamente, cuanto más quien ordena y señala cómo y en qué medida y a quién se envían los documentos y se revelan las informaciones que desconocen los demás administrados”.

Velasco hace constar que fraude y revelación de información privilegiada no concurren en concurso de normas puesto que se pueden cometer de forma independiente, el uno sin el otro. El magistrado menciona también doctrina del TS que viene a corroborar que el delito se comete al filtrar información de lo que se pretende y cómo después se van aportando informaciones para “facilitar la confección de normas por las que había de regirse el concurso”.

Delito de cohecho, de mera actividad y consumado con la mera solicitud u ofrecimiento

El magistrado argumenta que el delito de cohecho del 419 del CP se comete cuando se produce soborno y corrupción en el hecho de recibir servicios personales y valuables en dinero -asesoramiento, reputación en internet, infraestructura en estrategias comunicativas no públicas- a cambio de realizar una actuación administrativa propia en materia de concursos y contratación pública, “atacando la venalidad de la función pública, el respeto a la neutralidad, probidad e imparcialidad de la misma”. Es un delito cuya persecución protege el prestigio y la eficacia de la Administración Pública mediante la garantía de “la probidad e imparcialidad de sus funcionarios”.

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Escándalo en España: seis padres detenidos por abandonar a sus hijos cerca de comisarías para que el Estado los mantuviera

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La Policía Nacional ha arrestado a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa por presuntamente dejar a sus hijos adolescentes en España tras entrar con visados de turista y regresar después a sus países de origen.

Una investigación de la Policía Nacional ha destapado un presunto fraude al sistema de protección de menores en España. Seis progenitores han sido detenidos por, supuestamente, abandonar a sus hijos de entre 16 y 17 años cerca de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil para que fueran considerados menores extranjeros no acompañados y quedaran bajo la tutela de las instituciones públicas.

Los arrestos se han producido en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz). Los detenidos, dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años, están acusados de presuntos delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según la investigación, los familiares entraban en España con visados de turista, en ocasiones acompañados de sus hijos y en otras junto al resto de la familia. Después de pasar unos días en el país, los adolescentes acudían a dependencias policiales para manifestar que se encontraban en situación de desamparo, mientras sus progenitores regresaban a sus lugares de origen.

Dejaban a sus hijos cerca de comisarías para que fueran tutelados

La investigación comenzó a principios de año, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la unidad de Alicante, detectaron un patrón similar en varios casos.

Los jóvenes, procedentes de países del Magreb y con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, se presentaban en comisarías de la Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil asegurando que estaban desamparados y necesitaban protección.

La Policía sostiene que sus familiares habrían utilizado de forma fraudulenta los recursos destinados a los menores extranjeros no acompañados (MENA), con el objetivo de que las administraciones españolas asumieran su tutela, manutención, educación y desarrollo personal con cargo a fondos públicos.

Los investigadores comprobaron que los adolescentes habían entrado en España por distintos aeropuertos, entre ellos Madrid-Barajas, Valencia-Manises, Málaga, Murcia y Barcelona-El Prat.

Unas 20 órdenes de búsqueda para localizar a los progenitores

La investigación ha permitido identificar alrededor de una veintena de casos en los que se habrían producido abandonos de menores siguiendo este mismo procedimiento. En estos asuntos se han dictado órdenes de búsqueda y detención dirigidas a los países de procedencia de los progenitores.

Sin embargo, los agentes han conseguido detener a seis de ellos antes de que abandonaran España.

La Policía también constató que, según sus investigaciones, los menores procedían de familias con recursos económicos suficientes para obtener visados turísticos, que exigen acreditar medios para permanecer en el país durante la estancia prevista.

Además, en la mayoría de los casos los adolescentes contaban con familiares adultos de segundo o tercer grado que residían legalmente en España, por lo que disponían de una posible red de apoyo en territorio nacional.

Seis detenidos en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa

La operación se ha saldado con seis arrestos: dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años.

Tres de las detenciones se han practicado en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa, mientras que las otras tres han tenido lugar en Valencia.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial. La investigación continúa en relación con los demás casos detectados y las órdenes de búsqueda dictadas para localizar a los progenitores que habrían regresado a sus países de origen.

La Policía considera que el objetivo de este presunto procedimiento era conseguir que los adolescentes accedieran al sistema público de protección como menores no acompañados, pese a que sus familiares habrían organizado previamente su entrada en España.

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