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El transporte público de la Generalitat será gratis para las víctimas de violencia machista y sus hijos

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València, 24 nov (EFE).- Las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos viajarán gratis en el transporte público de la Generalitat -las redes de Metrovalencia, el TRAM de Castelló y d’Alacant y MetroBus- desde el próximo año gracias a una medida de las que se beneficiarán unas 10.000 personas de toda la Comunitat.

Así lo han anunciado este martes la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, en la presentación de la iniciativa ‘El autobús y el metro Libres de violencia de género’.

Esta medida «cumple uno de los compromisos del pacto contra la Violencia de Género que firmó la vicepresidenta con toda la sociedad civil», ha asegurado España en referencia al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

El conseller ha explicado que alrededor de diez mil mujeres y sus hijos se podrán beneficiar de la gratuidad del transporte público que gestiona la Generalitat, iniciativa que entrará en vigor a principios del próximo año y que se suma al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles.

Asimismo, Metrovalencia, el TRAM de Castelló, el TRAM d’Alacant y los autobuses de MetroBus llevarán el mensaje de ‘Libres de violencia de género’.

Para Arcadi España, «esta campaña es fundamental para recordarnos todos los días esa necesidad de actuar con firmeza y no dar por normal actitudes que no lo son, como se denuncia en la campaña que ha presentado la vicepresidenta», y ha añadido que «hay frases, expresiones que están asumidas en el contexto habitual y ante las que tenemos que luchar, porque en muchas ocasiones son el inicio de una tragedia».

Oltra ha destacado que esta es la campaña con la que la Conselleria de Movilidad se suma a la conmemoración del Día para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, una muestra de la «transversalidad de las políticas de igualdad en todo el Consell», que en este caso se plasma con la sensibilización a la sociedad con la rotulación de los vagones de Ferrocarrils de la Generalitat y de los autobuses de la red de transporte.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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