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Estos son los cambios en las jubilaciones que entran en vigor en 2020

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Valencia, 31 dic. – Se aproxima el 2020. Un año en el que se van a producir cambios importantes en cuando a tema de jubilación se refiere. Y es que jubilarse a finales de año o inicios del siguiente, puede conllevar cambios sustanciales, tanto en la edad de trabajar como en la cuantía de la pensión a percibir.

Actualmente, en 2019, la edad oficial de jubilación es de 65 años. El requisito para ello es haber cotizado como mínimo 36 años y nueve meses. A ello, hay que sumar la opción de poder prejubilarse a los 63 años.

A partir de 2020, se mantiene la edad de jubilación en los 65 años, con el requisito de 36 años cotizados, pero si hay menos, la jubilación se retrasa a los 65 años y 10 meses.

Por lo que respecta a la jubilación parcial, el Ministerio señala que si la jubilación se firma este año, la edad exigida es de 61 años y 8 meses o una cotización a partir de los 34 años y nueve meses. La edad con 33 años cotizados es de 62 años y cuatro meses.

En cambio, en 2020 se dará a partir de los 61 años y los 10 meses o a partir de los 35 años cotizados y, mientras que se cumplen los 33 años de la Seguridad Social la edad es de 62 años y 8 meses.

A partir de este cambio, por cada año los diferentes baremos subirán dos meses en la edad del trabajador, tres meses en el tiempo cotizado y cuatro a partir de los 33 años de trabajo.

Para 2020 los trabajadores se podrán jubilar a los 65 años si han cotizado más de 37 años y si se contabilizan menos de estos la jubilación se retrasa hasta los 65 años y 10 meses.

En 2021 la jubilación a los 65 años se podrá hacer efectiva a partir de los 37 años y tres meses de jubilación. Y si no se llega a este punto la jubilación se retrasa hasta los 66 años.

Por lo tanto, para alcanzar el 100% de la pensión en 2020 será preciso tener 36 años cotizados, aumentando en seis meses lo que se pedía en el anterior periodo entre 2013 y 2019.

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo examina este jueves un punto crítico del llamado caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García para evaluar si deben ingresar en prisión preventiva mientras se acerca el juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

✔ Acusaciones populares piden prisión preventiva

Varias acusaciones populares, entre ellas la liderada por el Partido Popular, solicitan que ambos imputados pasen a situación de prisión provisional al considerar que existen riesgos procesales —como destrucción de pruebas o posible fuga— ahora que la causa se encuentra “a un paso de juicio”.

La comparecencia ante el juez Puente será determinante para valorar si mantienen la libertad actual o si el tribunal adopta medidas más severas antes de la apertura del juicio oral.

✔ Ábalos y Koldo, cada vez más cercados por la instrucción

La investigación judicial ha avanzado hasta estrechar el cerco sobre Ábalos y Koldo García, señalados en el epicentro de una supuesta red de comisiones y contratos irregulares vinculados a material sanitario en los peores meses de la pandemia.

La causa, que afecta también a otros ex altos cargos y empresarios, ha ido sumando indicios que, según las acusaciones, justificarían endurecer las medidas cautelares ante la inminencia de la siguiente fase procesal.

✔ Una cita decisiva en el Supremo

La comparecencia prevista para mañana se perfila como una de las sesiones más relevantes del caso:

  • Si el magistrado estima las peticiones, Ábalos y García podrían entrar en prisión de forma inmediata.

  • Si las rechaza, ambos seguirán en libertad a la espera de juicio, aunque con la posibilidad de nuevas medidas como retirada de pasaporte o comparecencias periódicas.

La decisión del Supremo marcará el rumbo final de un procedimiento que ha tenido un fuerte impacto político y mediático.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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