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EXPOSICIÓN| Así expresan los niños la violencia doméstica

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El Ayuntamiento de València se suma al día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres con una iniciativa muy especial: una exposición de dibujos pintados por hijos de mujeres que han sido víctimas de violencia de género.Los dibujos han sido realizados en dependencias de la policía local, mientras sus madres denunciaban maltrato o recibían asesoramiento del grupo especial Gama de la policía local. La exposición de dibujos, que desde este martes se puede ver en el salón de cristal, es un dardo directo a nuestra conciencia: 8 niños han muerto ya este año como venganza hacia sus madres.

El 65 por ciento de las mujeres víctimas de la violencia de género acude a la Policía acompañada de sus hijos y mientras ellas formalizan la denuncia los agentes entretienen a los pequeños con juguetes y papel y lápices de colores para que pinten. Ahora el Ayuntamiento de València ha seleccionado estos dibujos que «gritan contra esa violencia» para sensibilizar a la población de que ellos son ‘Las otras víctimas’. Así, los pequeños de estos policías tienen claro que ‘No a la violencia de género’ y que ‘Si em vigiles no m’estimes (Si me vigilas no me quieres)’ o que el grupo GAMA ‘previene y protege’ con una policía separando a un agresor que luce una camiseta en la que se lee ‘I’m bad’ (Soy malo) de la mujer y sus hijos llorosos y claman a las víctimas: ‘Abre los ojos y di ¡Basta!. Mientras, los hijos de las estas mujeres retratan a los policías que les ayudan y constatan ‘La policía siempre cuida de mi madre’. La muestra se exhibirá hasta el próximo 30 de noviembre en el salón de actos del Ayuntamiento de València para recordar que desde 2013 un total de 178 menores han quedado huérfanos en España, 21 de ellos han sido asesinados, ocho de ellos este año por la pareja de su madre o su propio padre, la persona que «más debía quererlo y protegerlo» como el último caso en Alzira (Valencia) donde un padre supuestamente degolló a su hija de dos años porque su madre quería separarse.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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