La mayoría de las familias afectadas por el incendio de Campanar que estaban alojadas en un edificio nuevo en el barrio de Safranar, cedido por el Ayuntamiento de València, han comenzado a abandonar el inmueble este lunes. Esto ocurre al cumplirse los seis meses de plazo que tenían para residir allí de forma gratuita.
El traslado de las familias
Un total de 99 familias (187 adultos y 42 menores) se trasladaron a este edificio sin estrenar, cedido por el consistorio tras el incendio del pasado 22 de febrero. Este trágico suceso cobró la vida de diez personas y dejó sin hogar a un centenar de familias, aunque algunas se marcharon conforme iban alquilando otras viviendas.
En el edificio de Safranar quedaban 41 familias, que debían abandonarlo este lunes tras haberse ampliado tres meses el plazo inicial y coincidir con la solicitud de ayudas al alquiler ofrecidas por la Generalitat.
Historias personales: José Antonio Olaizola y Ana Aguilar
Entre los que han dejado el edificio este lunes se encuentra José Antonio Olaizola, de 76 años, quien ha agradecido al Ayuntamiento por haberles cedido la vivienda durante seis meses. Ha explicado a EFE TV que él y su esposa se trasladarán a un piso alquilado en Lloma Llarga (Paterna). Olaizola compartió cómo la experiencia lo ha cambiado, mencionando que nunca antes se había preocupado por un mendigo, pero que recientemente decidió ayudar a uno, reflexionando sobre cómo ahora comprende mejor la situación de los necesitados.
Otra vecina, Ana Aguilar, de 88 años, también ha dejado el inmueble para mudarse a otra vivienda en el mismo barrio de Campanar, donde residen sus amigas y donde ella se siente más cómoda. Julián García, el conserje del edificio incendiado, ayudó a Ana con su mudanza y expresó su satisfacción por seguir encargándose del correo y otras tareas cotidianas.
El desalojo y la disponibilidad de nuevas viviendas
El desalojo se llevará a cabo a lo largo del día, con la presencia de guardias de seguridad en el edificio. El concejal de Urbanismo de València, Juan Giner, ha informado que ya hay «cerca de 80 viviendas disponibles para volver a utilizar» y ha agradecido a los afectados por el incendio de Campanar «el buen estado» en el que han dejado los pisos.
«Eso va a permitir una más rápida adjudicación a los nuevos inquilinos de la lista de demandantes del Ayuntamiento», señaló Giner. Además, destacó la «coordinación integral y asistencia para los afectados del incendio», permitiéndoles ahora beneficiarse de las ayudas al alquiler ofrecidas por la Generalitat, que oscilan entre 1.000 y 1.500 euros mensuales.
VÍDEO| El conserje héroe Julián del incendio de Campanar, ayuda en el Safranar a desalojar a los últimos vecinos
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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:
La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.
Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación
La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.
Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.
Qué pretende aclarar la jueza
La magistrada busca concretar cuatro puntos:
El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.
Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.
El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.
La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.
Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.
Crece la presión sobre el Consell
La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.
La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.
El proceso judicial continúa abierto
La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.
Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.
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