La mayoría de las familias afectadas por el incendio de Campanar que estaban alojadas en un edificio nuevo en el barrio de Safranar, cedido por el Ayuntamiento de València, han comenzado a abandonar el inmueble este lunes. Esto ocurre al cumplirse los seis meses de plazo que tenían para residir allí de forma gratuita.
El traslado de las familias
Un total de 99 familias (187 adultos y 42 menores) se trasladaron a este edificio sin estrenar, cedido por el consistorio tras el incendio del pasado 22 de febrero. Este trágico suceso cobró la vida de diez personas y dejó sin hogar a un centenar de familias, aunque algunas se marcharon conforme iban alquilando otras viviendas.
En el edificio de Safranar quedaban 41 familias, que debían abandonarlo este lunes tras haberse ampliado tres meses el plazo inicial y coincidir con la solicitud de ayudas al alquiler ofrecidas por la Generalitat.
Historias personales: José Antonio Olaizola y Ana Aguilar
Entre los que han dejado el edificio este lunes se encuentra José Antonio Olaizola, de 76 años, quien ha agradecido al Ayuntamiento por haberles cedido la vivienda durante seis meses. Ha explicado a EFE TV que él y su esposa se trasladarán a un piso alquilado en Lloma Llarga (Paterna). Olaizola compartió cómo la experiencia lo ha cambiado, mencionando que nunca antes se había preocupado por un mendigo, pero que recientemente decidió ayudar a uno, reflexionando sobre cómo ahora comprende mejor la situación de los necesitados.
Otra vecina, Ana Aguilar, de 88 años, también ha dejado el inmueble para mudarse a otra vivienda en el mismo barrio de Campanar, donde residen sus amigas y donde ella se siente más cómoda. Julián García, el conserje del edificio incendiado, ayudó a Ana con su mudanza y expresó su satisfacción por seguir encargándose del correo y otras tareas cotidianas.
El desalojo y la disponibilidad de nuevas viviendas
El desalojo se llevará a cabo a lo largo del día, con la presencia de guardias de seguridad en el edificio. El concejal de Urbanismo de València, Juan Giner, ha informado que ya hay «cerca de 80 viviendas disponibles para volver a utilizar» y ha agradecido a los afectados por el incendio de Campanar «el buen estado» en el que han dejado los pisos.
«Eso va a permitir una más rápida adjudicación a los nuevos inquilinos de la lista de demandantes del Ayuntamiento», señaló Giner. Además, destacó la «coordinación integral y asistencia para los afectados del incendio», permitiéndoles ahora beneficiarse de las ayudas al alquiler ofrecidas por la Generalitat, que oscilan entre 1.000 y 1.500 euros mensuales.
VÍDEO| El conserje héroe Julián del incendio de Campanar, ayuda en el Safranar a desalojar a los últimos vecinos
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La magistrada que investiga la gestión de la dana en Valencia acepta la petición de las acusaciones y cita a la exconsellera de Emergencias y al exjefe de gabinete de Carlos Mazón para contrastar versiones clave del caso
La jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana que provocó 230 fallecidos en la provincia de Valencia y cuantiosos daños materiales ha acordado la celebración de un careo entre la exconsellera de Justicia e Interior —responsable de Emergencias— Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, quien fue jefe de gabinete del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.
La decisión figura en un auto dictado este martes y comunicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La magistrada estima así la solicitud presentada por la acusación popular, ejercida por Acció Cultural del País Valencià, así como por una acusación particular, aunque por el momento no se ha fijado fecha para el careo.
En su resolución, la jueza señala que resulta imprescindible “dilucidar la coherencia de las manifestaciones” realizadas por ambos con el resto de las pruebas incorporadas a la causa. Para ello, considera que el careo es el mecanismo procesal adecuado, ya que permitirá contrastar directamente las declaraciones de la investigada con las del testigo en aspectos “absolutamente esenciales” para el avance de la investigación.
Asimismo, la magistrada recuerda que la Audiencia de Valencia ya estableció en un auto previo que el president de la Generalitat ostenta la condición de “máxima autoridad del Consell” y que, conforme al artículo 12 de la Ley 5/1983 del Consell, tiene capacidad para impartir instrucciones a los miembros del gobierno autonómico.
La causa judicial investiga posibles responsabilidades penales en la gestión de la emergencia provocada por la dana, uno de los episodios meteorológicos más devastadores registrados en la Comunitat Valenciana.
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