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VÍDEO| El conserje héroe Julián del incendio de Campanar, ayuda en el Safranar a desalojar a los últimos vecinos

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Familias afectados incendio Campanar Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 ago (OFFICIAL PRESS-EFE).-

Fin del plazo de alojamiento gratuito

La mayoría de las familias afectadas por el incendio de Campanar que estaban alojadas en un edificio nuevo en el barrio de Safranar, cedido por el Ayuntamiento de València, han comenzado a abandonar el inmueble este lunes. Esto ocurre al cumplirse los seis meses de plazo que tenían para residir allí de forma gratuita.

El traslado de las familias

Un total de 99 familias (187 adultos y 42 menores) se trasladaron a este edificio sin estrenar, cedido por el consistorio tras el incendio del pasado 22 de febrero. Este trágico suceso cobró la vida de diez personas y dejó sin hogar a un centenar de familias, aunque algunas se marcharon conforme iban alquilando otras viviendas.

En el edificio de Safranar quedaban 41 familias, que debían abandonarlo este lunes tras haberse ampliado tres meses el plazo inicial y coincidir con la solicitud de ayudas al alquiler ofrecidas por la Generalitat.

Historias personales: José Antonio Olaizola y Ana Aguilar

Entre los que han dejado el edificio este lunes se encuentra José Antonio Olaizola, de 76 años, quien ha agradecido al Ayuntamiento por haberles cedido la vivienda durante seis meses. Ha explicado a EFE TV que él y su esposa se trasladarán a un piso alquilado en Lloma Llarga (Paterna). Olaizola compartió cómo la experiencia lo ha cambiado, mencionando que nunca antes se había preocupado por un mendigo, pero que recientemente decidió ayudar a uno, reflexionando sobre cómo ahora comprende mejor la situación de los necesitados.

Otra vecina, Ana Aguilar, de 88 años, también ha dejado el inmueble para mudarse a otra vivienda en el mismo barrio de Campanar, donde residen sus amigas y donde ella se siente más cómoda. Julián García, el conserje del edificio incendiado, ayudó a Ana con su mudanza y expresó su satisfacción por seguir encargándose del correo y otras tareas cotidianas.

El desalojo y la disponibilidad de nuevas viviendas

El desalojo se llevará a cabo a lo largo del día, con la presencia de guardias de seguridad en el edificio. El concejal de Urbanismo de València, Juan Giner, ha informado que ya hay «cerca de 80 viviendas disponibles para volver a utilizar» y ha agradecido a los afectados por el incendio de Campanar «el buen estado» en el que han dejado los pisos.

«Eso va a permitir una más rápida adjudicación a los nuevos inquilinos de la lista de demandantes del Ayuntamiento», señaló Giner. Además, destacó la «coordinación integral y asistencia para los afectados del incendio», permitiéndoles ahora beneficiarse de las ayudas al alquiler ofrecidas por la Generalitat, que oscilan entre 1.000 y 1.500 euros mensuales.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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