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Gaes anuncia un ERE por el que despedirá a 188 trabajadores

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Valencia, 24 sept. – La multinacional Amplifon, que hace aproximadamente un año adquirió los derechos de Gaes y Microson (única fábrica de audífonos que existe en España y está unida a Gaes), ha iniciado un proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que despedirá a 98 trabajadores de Amplifon y otros 90 de Microson sumando un total 188 despidos cuyos motivos alegados son los: «organizativos, técnicos y de producción».

Amplifon alega que hay duplicidad tanto de personal como de tiendas a pesar de que los resultados en lo que a beneficios económicos se refiere son totalmente positivos, ofreciendo a los afectados una indemnización de 20 días por año trabajado, con un límite máximo de 12 mensualidades.

En este sentido, los representantes de los negociadores se muestran sorprendidos de que la empresa, «a pesar de sus elevados beneficios, únicamente ofrece a los trabajadores el mínimo legal, es decir, 20 días por año trabajado, con un límite máximo de 12 mensualidades», por lo que la comisión negociadora ha manifestado su oposición al Despido Colectivo planteado por la empresa.

Como una de las medidas de presión, se han programado protestas en contra de la medida tomada por la empresa. La primera de ellas será el día 26 de septiembre a las 16:30 en la Calle Caspe de Barcelona convocada por Microson. Ahí se concentraran personas de tanto Microson como de Amplifon para reivindicar sus derechos.

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La justicia archiva la querella contra Paco Salazar por acoso sexual al no existir denuncias de las presuntas víctimas

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Paco Salazar
Paco Salazar

El juzgado inadmite la acción presentada por Hazte Oír al apreciar falta de legitimación y ausencia de indicios suficientes, tal y como solicitó la Fiscalía

La justicia ha decidido archivar la querella presentada contra Paco Salazar por presunto acoso sexual, al no existir denuncias formales por parte de las supuestas víctimas. La resolución, dictada por la Sección de Violencia sobre la Mujer, inadmite la acción penal impulsada por la asociación Hazte Oír al considerar que carece de legitimación y que no hay una base indiciaria suficiente para abrir una investigación judicial.

El auto judicial se alinea con el criterio de la Fiscalía, que ya había solicitado el archivo de la causa al entender que, en ausencia de denuncias directas de las personas presuntamente afectadas, no concurren los requisitos legales mínimos para iniciar un procedimiento penal por este tipo de delitos.

Falta de legitimación y ausencia de indicios

Según la resolución, Hazte Oír no está legitimada para ejercer la acción penal en este caso concreto, ya que no representa a ninguna de las supuestas víctimas ni actúa en su nombre. Además, el juzgado subraya que los hechos relatados en la querella no vienen acompañados de pruebas ni testimonios directos que permitan sostener, siquiera de forma indiciaria, la existencia de un delito.

La magistrada recuerda que los delitos contra la libertad sexual, salvo excepciones muy concretas, requieren la iniciativa procesal de la persona presuntamente perjudicada, especialmente cuando no se trata de hechos flagrantes ni acreditados por otros medios objetivos.

Sin investigación judicial abierta

Con esta decisión, la justicia descarta abrir diligencias contra el exdirigente socialista mientras no exista una denuncia expresa de alguna víctima o nuevos elementos probatorios que justifiquen la actuación de oficio. El archivo no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sino que se limita a constatar que no se dan las condiciones legales para investigar los hechos en sede judicial.

Fuentes jurídicas recuerdan que el archivo no impide que, en el futuro, el caso pueda reabrirse si alguna persona afectada decide denunciar o si aparecen nuevos indicios relevantes.

Contexto del caso

La querella fue presentada tras la difusión pública de informaciones y testimonios indirectos sobre comportamientos presuntamente inapropiados. Sin embargo, ninguna de las personas mencionadas ha presentado hasta ahora denuncia ante la Policía, la Fiscalía o un juzgado.

Desde el entorno del investigado se ha insistido en su disposición a colaborar con la justicia y en su rechazo a las acusaciones, mientras que desde el ámbito jurídico se subraya la importancia de preservar tanto la presunción de inocencia como el derecho de las víctimas a denunciar cuando así lo decidan.

 

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