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Gobierno aprueba rebajar alquiler y carga fiscal a turismo, bares y comercio

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Gobierno aprueba rebajar alquiler y carga fiscal a turismo, bares y comercio

Madrid, 22 dic (EFE).- El Gobierno central ha aprobado un paquete de medidas de apoyo al turismo, la hostelería y el pequeño comercio, entre ellas una rebaja de los alquileres y ayudas fiscales, un «ambicioso» plan con un impacto estimado de unos 4.220 millones de euros.

MEDIDAS APROBADAS:

este marte en el consejo de ministros y que ha explicado la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha considerado que estos sectores merecen una especial protección debido a su impacto en la economía y en el empleo hasta que puedan recuperar su actividad con normalidad una vez superada la crisis sanitaria.

Según sus cálculos, habrá cerca de 2.000 millones de euros en ayudas mediante la reducción de los alquileres, la exención en el pago de las cuotas a la Seguridad Social por sus trabajadores y rebajas fiscales.
Y otros 2.000 millones en apoyos a través de «moratorias en los pagos y alivios en las cargas financieras que tienen que soportar» las empresas, según la ministra portavoz.

Montero ha explicado que el Gobierno central no puede entregar un «cheque» a los miles de negocios que hay por todo el país, pero ha insistido en que las medidas aprobadas hoy son «una forma de expresar» esas ayudas directas que reclaman los empresarios.
El decreto ley aprobado en consejo de ministros especifica que en el caso de los locales comerciales propiedad de «grandes tenedores» -es decir, con más de diez inmuebles- se obligará a los dueños a rebajar en un 50 % la renta al negocio mientras esté vigente el estado de alarma en caso de que la negociación entre ambas partes no haya fructificado.

La medida está previsto que beneficie a 190.000 empresas: 33.000 vinculadas al sector turístico y 157.000 locales comerciales, según datos oficiales.
En el caso de quienes cuentan con menos de 10 inmuebles, el Ejecutivo creará un «incentivo fiscal» que permitirá a estos propietarios desgravarse toda la cuantía que rebajen en la renta del inquilino y que, por tanto, dejen de percibir.
«Esta rebaja podrá computar como gasto deducible en el IRPF durante el primer trimestre de 2021», ha precisado Montero.
Además, también se da luz verde al aplazamiento de impuestos de pymes y autónomos en sus declaraciones de liquidación y autoliquidación hasta un máximo de 30.000 euros, lo que en la práctica les permitirá «no tener que pagar en abril y aplazarlo hasta octubre».
También habrá una reducción de la tributación en el sistema de módulos del IRPF, que en el caso de quienes trabajen en los sectores del turismo, la hostelería y el comercio alcanzará el 35 %.

El Ejecutivo, asimismo, pretende «potenciar el consumo en restaurantes» ampliando el ámbito de la exención fiscal que gozan los vales de comida de los bares físicos a los pedidos de comida a domicilio, una medida adoptada pensando en el auge del teletrabajo.
En el bloque de medidas laborales, el decreto también exonerará una parte de las cotizaciones sociales de sus trabajadores (del 85 % en el caso de las empresas de menos de 50 empleados y del 75 % para las que tienen más).

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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