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Hacienda puede multarte con hasta 150.000 euros si no justificas tus movimientos de dinero

Publicado

hace 12 meses

en

Hacienda multa movimientos dinero
Una persona consulta unos datos en su teléfono móvil. EFE/Archivo

Hacienda mantiene un control exhaustivo sobre los movimientos financieros de los contribuyentes para prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Si realizas ingresos o retiradas de dinero que no pueden ser justificados adecuadamente, podrías enfrentar multas de hasta 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Movimientos sujetos a vigilancia fiscal

Los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre ciertas transacciones. Algunos ejemplos de operaciones bajo supervisión son:

  • Ingresos o retiradas en efectivo superiores a 3.000 euros.
  • Uso de billetes de 500 euros.
  • Movimientos de efectivo dentro del territorio nacional superiores a 100.000 euros, los cuales deben declararse a través del formulario S1.
  • Transferencias bancarias que superen los 6.000 euros. Si el importe excede los 10.000 euros, es necesario justificar el origen de los fondos.

Estas medidas buscan garantizar la transparencia en las operaciones financieras y detectar actividades ilícitas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La Ley General Tributaria clasifica las infracciones fiscales en tres categorías, con sanciones que varían en función de la gravedad:

  1. Infracciones leves:
    • Cuando el importe involucrado no supera los 3.000 euros.
    • Multas de hasta el 50% de la cantidad.
  2. Infracciones graves:
    • Si el importe supera los 3.000 euros y existe ocultación.
    • Sanciones entre el 50% y el 100% de la cantidad.
  3. Infracciones muy graves:
    • En casos de fraude o intención clara de evasión fiscal.
    • Multas del 100% al 150% del importe.

Por ejemplo, un movimiento de 100.000 euros sin justificación podría acarrear una multa de hasta 150.000 euros si se considera una infracción muy grave.

Obligaciones de las entidades financieras

Las entidades bancarias desempeñan un papel crucial en la detección de movimientos sospechosos. Están obligadas a:

  • Identificar a los titulares de cuentas que realicen ingresos en efectivo superiores a 1.000 euros.
  • Informar a Hacienda sobre operaciones que excedan los 3.000 euros o utilicen billetes de 500 euros.
  • Justificar transferencias internacionales superiores a 10.000 euros.

Estas obligaciones buscan asegurar la legalidad y rastreabilidad de las transacciones.

Consecuencias de no justificar movimientos financieros

La falta de documentación que respalde el origen o destino de los fondos puede desencadenar:

  • Sanciones económicas significativas.
  • Investigaciones exhaustivas por parte de Hacienda.
  • Posibles procedimientos penales en casos de fraude fiscal.

Por ello, es fundamental que los contribuyentes mantengan un registro detallado de sus operaciones y dispongan de documentación válida, como contratos, facturas y recibos, para justificar sus transacciones en caso de una auditoría.

Cómo evitar sanciones fiscales

Para cumplir con las normativas de Hacienda y evitar multas, se recomienda:

  1. Justificar todas las operaciones: Documentar adecuadamente cualquier ingreso o retirada de dinero, especialmente si se trata de grandes cantidades.
  2. Conocer la normativa fiscal: Mantenerse informado sobre las leyes tributarias vigentes.
  3. Contar con asesoría profesional: Consultar con un asesor fiscal o contable para garantizar que todas las operaciones se realicen conforme a la ley.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

Publicado

hace 10 horas

en

27 enero, 2026

De

indemnización familiares fallecidos trenes

Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.

Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.

Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.

El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.

Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.

Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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