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Herida una niña valenciana de 8 años al caerle unos cascotes de la Concatedral de La Redonda

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Desperfectos en La Redonda derivados del choque de una grúa

LOGROÑO/VALÈNCIA, 2 Sep.- Una niña valenciana de ocho años ha resultado herida este lunes en una pierna mientras visitaba la Concatedral de La Redonda, al ser golpeada por unos cascotes desprendidos como consecuencia de unas obras que se realizaban en un edificio anexo al templo.

Una grúa propiedad de una empresa constructora que estaba llevando a cabo unas obras junto a la seo ha golpeado uno de los pináculos, que se ha desprendido y chocado contra una de las cúpulas de la Concatedral, lo que ha provocado la caída de unos cascotes en el interior, que han golpeado a la menor, según han informado la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño y SOS Rioja 112.

Varias llamadas de particulares han alertado cerca de las 13.30 horas del suceso, que ha obligado al traslado de la menor al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.

Por otra parte, desde la Diócesis han lamentado el incidente ocurrido y han deseado una «pronta recuperación» a la niña por las heridas causadas por el desprendimiento. Además, han informado que tanto los técnicos del Ayuntamiento de Logroño como de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño han puesto en marcha ya un plan para reparar la cúpula dañada.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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