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La jura de la Constitución de la Princesa Leonor

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La princesa Leonor ha jurado la Constitución  37 años después desde que lo hiciese su padre. Su Alteza Real la Princesa de Asturias ha jurado la Constitución Española, ante las Cortes Generales, en una sesión solemne en la que ha estado acompañada por Sus Majestades los Reyes y por su hermana Su Alteza Real la Infanta Doña Sofía.

A su llegada al Congreso de los Diputados Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, escoltados por la Sección de Motos de la Guardia Real y la última parte del recorrido por el Escuadrón de Escolta Real, han sido recibidos por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.

Una vez recibidos los Honores Militares, el Rey ha pasado revista al Batallón de Honores. Una representación de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, han cubierto la carrera desde el inicio de la calle Mayor hasta la Plaza de las Cortes.

Su Alteza Real la Princesa de Asturias ha jurado la Constitución Española ante las Cortes Generales, pronunciando la siguiente fórmula:

Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, así como fidelidad al Rey

Acto seguido, la presidenta del Congreso de los Diputados ha pronunciado las siguientes palabras:

“Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución, como heredera de la Corona. Señorías. ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey! ¡Viva España!”

El acto ha concluido con la interpretación del Himno Nacional y el cierre de la sesión de la Cortes Generales.

Casa Real

 

 
Posado de la Familia Real frente a la puerta del Congreso de los Diputados

Sánchez a la princesa Leonor: «Contad con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno»

Posado de la Familia Real en la puerta de los Leones del Congreso

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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