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La nueva causa contra Camps investiga si el circuito de F1 se hizo a la carta y la alteración de fechas de documentos

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La nueva causa contra Camps investiga si el circuito de F1 se hizo a la carta y la alteración de fechas de documentos

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) –

La nueva causa judicial abierta contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps investiga, entre otros asuntos, si el diseño y la construcción del circuito de la Fórmula 1 en València se hizo a la carta y si, además, se alteraron fechas en diferentes documentos, según ha podido saber Europa Press.

Este procedimiento salió a la luz pública la pasada semana, cuando trascendió que Camps estaba citado a declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 17 de València. Junto a él también tuvieron que acudir a la Ciudad de la Justicia en la misma condición el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de esta misma conselleria y su número dos, Victoriano Sánchez Barcaiztegui, además de otros ingenieros y administradores de sociedades.

La causa, que permanece bajo de secreto de sumario y está abierta por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, trata de averiguar si se cometieron irregularidades en la construcción del circuito de la F1 en València y están bajo sospecha la entonces empresa pública autonómica denominada Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat (GTP); además de varias ingenierías encargadas de diseñar los trazados.

En concreto, según ha podido saber Europa Press, se sospecha que la adjudicación a empresas de la construcción del circuito pudo hacerse a la carta, seleccionándolas sin someterse a toda la legalidad exigida. También se habrían detectado alteraciones de fechas en varios documentos intervenidos. El montante del proyecto ascendió a los 90 millones de euros aproximadamente.

REGISTRO
Dentro de este procedimiento, que lo lleva Fiscalía Anticorrupción, se practicó un registro en la vivienda de Flores (PP) y agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil se llevaron el pasado mes de mayo diferente documentación de la Conselleria de Vivienda relacionada con expedientes adjudicados por el anterior gobierno del PP para la contratación de obras de acondicionamiento para el Gran Premio.

En concreto, la documentación requerida en ese momento por los agentes hacía referencia a los expedientes adjudicados por GTP –absorbida el año 2013 por la actual EIGE– para la contratación de la asistencia técnica y del apoyo a la dirección de obra relativas a las obras ejecutadas para la conexión de la Alameda-Avenida de Francia-Puerto y Acondicionamiento de la Marina Real, dentro de los trabajos para la realización del Gran Premio de Fórmula I.

En esa actuación policial también se reclamó información sobre un viaje que realizaron a Dubai y Bahrein el exconseller Mario Flores y el que en ese momento era secretario autonómico de ese departamento, Sánchez Barcaiztegui.

Sobre esta nueva investigación, Camps afirmó en declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer en el juzgado que tenía «tranquilidad absoluta» y, además, «conciencia de haber hecho algo extraordinario para València».

Se trata de un nuevo frente judicial abierto al ‘expresident’ valenciano, quien también está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 que instruye una causa presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de F1. Todavía no ha podido declarar por este asunto puesto que su testimonio se suspendió sine die en enero por unos problemas en la notificación de unos correos electrónicos.

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Le cobran 12 euros por un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza 

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colgador bolso restaurante Ibiza 
Restaurante japonés Wakame

La polémica se ha desatado en Ibiza tras conocerse el caso de una clienta que recibió en su cuenta un cargo de 12 euros por un simple gancho para colgar el bolso en la mesa. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al restaurante japonés Wakame, ubicado en la isla, por considerar que se trata de una práctica abusiva contraria a la legislación de consumo.

El caso: de una oferta amable a un cobro inesperado

Según relató la afectada en la red social X (antes Twitter), la camarera del establecimiento le ofreció “amablemente” colocar su bolso en un gancho instalado en la mesa. En un primer momento, la clienta rechazó la propuesta, pero la insistencia del personal la llevó a aceptar. La sorpresa llegó al recibir la cuenta, donde figuraba un cargo adicional bajo el concepto «gancho bolsa».

El restaurante ha intentado justificar el cobro alegando que en ocasiones anteriores algunos clientes se llevaban el accesorio pensando que era gratuito. Por ello, aseguran que aplican el importe como “depósito” para evitar olvidos a la hora de retirarlo, afirmando que se descuenta al pagar salvo que el cliente quiera quedárselo.

Sin embargo, FACUA señala que en ningún momento se informó a la consumidora del coste antes de ofrecerle el servicio, algo que la ley obliga a hacer de forma clara y previa. Además, recuerdan que este tipo de colgadores se pueden adquirir en el mercado por poco más de un euro, lo que hace que el cobro resulte “desproporcionado y abusivo”.

Qué dice la ley sobre este tipo de cobros

FACUA fundamenta su denuncia en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma prohíbe prácticas comerciales desleales, cobros por servicios no solicitados expresamente y cláusulas abusivas que generen un desequilibrio entre las partes.

Asimismo, el artículo 20 establece que cualquier servicio debe mostrar su precio final completo, incluyendo impuestos y gastos adicionales, antes de que el consumidor lo acepte.

La Ley 7/2014 de las Islas Baleares también sanciona la utilización de métodos de venta que induzcan a pagar servicios accesorios no solicitados o que confundan al consumidor sobre su coste real.

FACUA pide sanciones

Ante estos hechos, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear que abra una investigación y, en caso de confirmarse la irregularidad, imponga un expediente sancionador al restaurante.

La asociación recuerda que cualquier establecimiento que quiera cobrar por un servicio opcional debe informar de forma previa y clara al cliente y permitirle decidir libremente si lo adquiere o no. De lo contrario, la ley considera que se trata de un obsequio o atención comercial y no puede cobrarse después.

Un debate que incendia las redes

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado el cobro y lo consideran un ejemplo de cómo algunos negocios aplican tarifas abusivas en zonas turísticas como Ibiza. Otros apuntan que, aunque el restaurante intente justificarlo como un “depósito”, el hecho de no informar previamente vulnera los derechos básicos de los consumidores.

FACUA concluye que este tipo de prácticas dañan la imagen del sector hostelero y suponen un riesgo para el turismo de calidad en las Islas Baleares.

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