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La Policía Nacional desaloja una alquería okupada en Benimaclet (Valencia)

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Valencia oficina antiokupación

La Policía Nacional desaloja una alquería okupada en Benimaclet, València

El inmueble se encontraba dentro del Plan de Actuación Integrada (PAI), una zona urbanística colindante con la Ronda Norte.

València, 6 de febrero de 2025 – Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo este martes el desalojo de una alquería okupada en el barrio de Benimaclet, situada dentro del Plan de Actuación Integrada (PAI), un proyecto urbanístico en desarrollo que limita con la Ronda Norte de València.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que el desalojo fue autorizado por el juzgado y se ejecutó en la mañana del martes. Testigos presenciales informaron de la presencia de más de quince furgones de la Policía Nacional, mientras que entre treinta y cuarenta personas se congregaron en la Ronda Norte para mostrar su apoyo a los ocupantes del inmueble.

La okupación en España: una problemática recurrente

La ocupación de viviendas es un fenómeno recurrente en España, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y València. Según datos recientes, la problemática se ha intensificado en los últimos años, con un incremento en el número de inmuebles okupados, tanto de propiedad privada como pública.

En barrios como Benimaclet, donde conviven estudiantes, colectivos sociales y familias, la okupación es una realidad frecuente debido al precio del alquiler y a la existencia de viviendas deshabitadas. Las administraciones públicas y el sector inmobiliario han mostrado posturas divergentes sobre cómo abordar esta situación, mientras que los desalojos judiciales continúan siendo un tema de debate.

El desalojo de la alquería en Benimaclet reaviva el debate sobre la gestión de la okupación en España y el impacto de los planes urbanísticos en comunidades con un fuerte arraigo social.

 

 

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Absuelven al periodista José González por supuesta violencia de género, tras una falsa denuncia

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El Juzgado archiva la causa contra el periodista valenciano, que perdió su trabajo en el Ayuntamiento de Torrent por un altercado denunciado y no ratificado.


Un episodio polémico que acabó en su cese

Hace cinco días, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, firmó el cese de su jefe de prensa, José González, tras un altercado en la vivienda de su expareja.

Según la denuncia, González acudió de noche al domicilio y llamó insistentemente al timbre, lo que derivó en un intercambio subido de tono. La mujer acudió a la comisaría de la Policía Nacional en Torrent a presentar denuncia, pero posteriormente decidió no rubricarla. Aun así, González prestó declaración sobre lo ocurrido.

Tras conocerse los hechos, Folgado decretó su destitución, sin precisar si se trataba de una medida temporal o definitiva.

En declaraciones a Levante-EMV, González defendió su comportamiento:

“Respeto la figura de la mujer y, por supuesto, la de mis parejas y la de sus hijos. El incidente no dejó de ser un desacuerdo, sin insultos ni maltrato”.

Moción de reprobación en el pleno municipal

Paralelamente, el concejal no adscrito Guillermo Alonso del Real registró una moción para reprobar institucionalmente a González en el próximo pleno municipal.

El edil argumentó que la conducta del periodista era “incompatible con los principios de neutralidad, ejemplaridad y respeto que deben regir la comunicación institucional”. Subrayó que la comunicación municipal debe representar a todos los vecinos de Torrent y no convertirse en “un instrumento personal o partidista”.

Absolución en los tribunales

Con fecha 4 de septiembre de 2025, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de l’Horta Sud dictó un auto de sobreseimiento y archivo de la denuncia contra José González, al concluir que no existe ningún indicio de violencia física ni amenazas verbales.

La resolución judicial desmonta la acusación y confirma que no hubo delito de violencia de género.

Daño reputacional y pérdida de empleo

Pese a su absolución, González ya ha sufrido graves consecuencias profesionales y personales: la pérdida de su cargo en el Ayuntamiento de Torrent, un daño a su imagen pública y la difusión de informaciones mediáticas que vulneraron su presunción de inocencia.

Con más de 15 años de trayectoria impecable en comunicación institucional y periodismo fallero, el periodista se pregunta ahora quién reparará el daño económico y reputacional ocasionado por una denuncia que no prosperó.

Declaraciones del periodista

Tras conocerse el archivo de la causa, González manifestó:

“Nunca hubiera imaginado esta situación. Siempre he mantenido una relación de respeto y cordialidad hacia mi ex pareja y mis hijos, y así seguirá siendo”.

 

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