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Llegan los primeros test de antígenos a los hospitales y ambulatorios valencianos

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La Conselleria de Sanidad ya ha comenzado la distribución de 250.000 dosis de test de antígenos, una prueba que puede diagnosticar el coronavirus en apenas quince minutos. Las dosis se han repartido principalmente en los servicios de Urgencias de los hospitales y en los centros de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha adquirido 500.000 dosis de este test, que llegaron el pasado fin de semana al espacio logístico para material sanitario que se ha habilitado en la Fira de València. La comisionada de Presidencia para la coordinación de suministros, María José Mira, ha negociado su compra a la firma Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L. a cambio de 2.250.000 euros. Su coste se cofinanciará con fondos europeos.

Los test de antígenos tienen una especial utilidad para detectar y frenar contagios entre los profesionales de la salud, ya que se utilizan para casos sospechosos con una evolución sintomática de menos de 5 días. Para el resto de los casos, y según el protocolo que marca la «Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19» del Ministerio de Sanidad, se continuará realizando la PCR.

Los resultados del test de antígenos se obtienen apenas 15 minutos después de su realización. Detectan proteínas del COVID-19 en el frotis nasal y tienen una fiabilidad muy elevada. Además de ahorrar tiempo porque la prueba no se ha de analizar en un laboratorio, ahorrar mucho dinero, ya que tienen un precio unitario de 4,5 euros.

La adquisición de medio millón de dosis de test de antígenos aumenta la reserva estratégica de material sanitario para luchar contra el coronavirus de la Comunitat Valenciana, una de las mayores del Estado. La Generalitat ya acumula más de 500 toneladas de productos en los sótanos habilitados como gran almacén en Fira València. Este material se suma al que la conselleria de Sanidad ya ha distribuido en el sistema de salud valenciano.

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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