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Filtraciones, humedades y goteras en los juzgados valencianos
Publicado
hace 9 añosen
VALENCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) –
La sección territorial valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia ha expresado este jueves su preocupación por la «falta de impulso» de la Conselleria de Justicia para resolver los problemas que afectan a los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana y que, según alertan, presentan «instalaciones obsoletas» y «muy deterioradas», así como «graves carencias de medios materiales».
En este sentido, señalan en un comunicado que, sin perjuicio de la responsabilidad del Gobierno central en la «falta de dotación de plazas judiciales suficientes», las competencias autonómicas en el ámbito de los medios materiales deberían ejercerse con más firmeza para aportar soluciones a los importantes problemas actuales.
Para la sección valenciana de Jueces y Juezas para la Democracia, el estado de buena parte de las sedes judiciales valencianas resulta «muy preocupante» y pone como ejemplo la situación del emblemático edificio histórico del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con instalaciones «manifiestamente obsoletas» donde los magistrados y el resto de personal al servicio de la administración de justicia se encuentran «hacinados, en oficinas insuficientes, mal distribuidas y nada funcionales».
Además, agregan, «las estructuras del inmueble se encuentran muy deterioradas por falta de conservación, con continuas filtraciones, humedades y goteras, lo cual ha provocado varios derrumbes. Las instalaciones eléctricas son inadecuadas, lo que genera continuas averías en los ascensores y bloqueos constantes en el sistema informático.
Por ello, no puede sorprender que los informes de la Inspección de Trabajo alerten sobre «todo tipo de peligros potenciales» y adviertan de la «falta de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales», por lo que desde Jueces y juezas para la democracia lamentan que «las reiteradas promesas de la Conselleria de Justicia para una rehabilitación integral del edificio no han llegado a hacerse efectivas, sin que se hayan aportado explicaciones sobre esta inactividad».
Estos problemas también existen en bastantes sedes de demarcaciones judiciales ubicadas en distintas comarcas valencianas, que «no cumplen unas adecuadas condiciones de conservación, estanqueidad y salubridad», añaden. Incluso en un edificio relativamente moderno como el de la Ciudad de la Justicia de Valencia se detectan «problemas de mantenimiento, como se puso de manifiesto con el reciente incendio que provocó el cierre de las instalaciones judiciales durante varios días».
Para la entidad, la Conselleria de Justicia debería adoptar medidas para proceder a una «necesaria modernización» de los edificios judiciales.
NUEVA OFICINA JUDICIAL «ESTANCADA» Y DIGITALIZACIÓN EN «PUNTO MUERTO»
Por otro lado, Juezas y Jueces para la Democracia critica que a pesar de los compromisos de la administración autonómica para impulsar la nueva oficina judicial «el proyecto ha quedado estancado y no se están cumpliendo los plazos anunciados». Reconocen «el buen hacer de los gestores y redactores del plan de creación de la nueva oficina, pero no se han desarrollado las previsiones materiales y personales pertinentes para hacer avanzar este proyecto», lamentan.
Del mismo modo, las iniciativas para la digitalización de los juzgados también se encuentran en «punto muerto, con elementos fallidos en las experiencias piloto practicadas, falta de impulso en el avance del plan y elementos de indefinición en el sistema» que se tendría que utilizar en el futuro, apuntan.
Esta situación de parálisis debe relacionarse con los objetivos próximos enunciados recientemente por el gobierno valenciano, entre los que no se encontraba en justicia el de la modernización del sistema judicial con compromisos concretos.
Así, desde Juezas y Jueces para la Democracia lamentan la «falta de un proyecto estructurado por parte de la Conselleria de Justicia» y piden que «se aparte de iniciativas puntuales improvisadas y de una inoperancia en la gestión» para realizar «una apuesta decidida para transformar la situación actual» de «estancamiento» frente a «la gravedad de las carencias de los medios materiales con que cuentan nuestros juzgados y tribunales». En consecuencia, solicitan a la Conselleria de Justicia que realice «un esfuerzo para solventar estas cuestiones que afectan de manera muy directa al servicio público que se presta a la ciudadanía».
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Frenaron su incineración y cuatro años después investigan si fue asesinado: el caso del empresario canario
Publicado
hace 6 horasen
27 octubre, 2026
Sus tres hijas consiguieron frenar la incineración de Ángel Ferrera en 2022 para que se practicara una autopsia. Cuatro años después, unos análisis toxicológicos con niveles anómalos de varios metales han reabierto las sospechas
La muerte de Ángel Ferrera, uno de los empresarios más conocidos de Canarias y expresidente de Toyota Canarias, vuelve a estar bajo investigación judicial cuatro años después de su fallecimiento. El empresario murió el 15 de agosto de 2022, a los 79 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón con metástasis. Sin embargo, unos nuevos resultados toxicológicos han reactivado las dudas sobre las circunstancias de su muerte y han situado a su segunda esposa bajo investigación por un posible homicidio.
El caso tiene su origen en las sospechas de sus tres hijas, Silvia, Sonia y Marta, que en agosto de 2022 lograron impedir judicialmente que el cuerpo de su padre fuera incinerado. Las hermanas pidieron que se practicara una autopsia antes de proceder a la cremación, al sospechar que la muerte podía no deberse únicamente a la enfermedad que padecía.
Los primeros análisis forenses apuntaron al cáncer como causa del fallecimiento y, en septiembre de aquel año, el juzgado autorizó finalmente la incineración. Cuatro años después, el Instituto Nacional de Toxicología ha detectado concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso en las muestras analizadas, según las informaciones publicadas sobre la investigación.
La Justicia trata ahora de esclarecer el origen de esas sustancias y determinar si existe una relación con la muerte del empresario.
La viuda, investigada por un posible homicidio
La segunda esposa de Ángel Ferrera, María Tavío, está siendo investigada en una causa penal abierta para esclarecer si el empresario murió exclusivamente por su enfermedad o si pudo existir una intervención delictiva.
En mayo de 2026, el juez acordó medidas cautelares contra ella: retirada del pasaporte, obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y una fianza de 160.000 euros. Estas medidas fueron solicitadas por las hijas del empresario y contaron con el respaldo de la Fiscalía.
La investigación permanece abierta y no existe una resolución judicial que determine que la viuda sea responsable de la muerte. La causa debe esclarecer las circunstancias del fallecimiento y el significado de los resultados toxicológicos.
El hallazgo de los metales no demuestra por sí solo que se produjera un envenenamiento ni permite establecer quién habría podido administrarlos. Los investigadores deben determinar su procedencia, las concentraciones detectadas y su posible relevancia para explicar la muerte.
Las hijas frenaron la incineración por sus sospechas
La incineración de Ángel Ferrera estaba prevista para el 16 de agosto de 2022 en el tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria. Su segunda esposa había organizado la despedida siguiendo, según las informaciones publicadas entonces, la voluntad del empresario de ser incinerado sin velatorio.
Sin embargo, sus tres hijas acudieron al juzgado de guardia para solicitar que se detuviera la cremación. Sospechaban que las circunstancias de los meses anteriores al fallecimiento debían investigarse y que era necesario conservar el cuerpo para practicar pruebas forenses.
La intervención judicial permitió realizar una autopsia y recoger muestras biológicas. El cadáver permaneció bajo custodia mientras se practicaban los análisis, que inicialmente atribuyeron el fallecimiento al cáncer de pulmón con metástasis.
El 12 de septiembre de 2022, después de recibir el informe forense, el juzgado autorizó la incineración. En aquel momento, los resultados disponibles no impedían la cremación y la causa oficial de la muerte seguía siendo la enfermedad oncológica.
La decisión de las hijas de acudir a la Justicia permitió conservar las muestras que ahora forman parte de la investigación. Los nuevos resultados toxicológicos han devuelto relevancia a aquella petición, aunque todavía no permiten concluir que la muerte fuera criminal.
Un cáncer avanzado y un conflicto familiar
Ángel Ferrera llevaba años luchando contra un cáncer de pulmón que terminó extendiéndose al cerebro y a los huesos. Durante la fase final de la enfermedad, su estado de salud se deterioró y recibió cuidados orientados a aliviar los síntomas.
Las sospechas de sus hijas se remontaban a meses antes de su muerte. Según las informaciones publicadas en 2022, las hermanas habían trasladado a su entorno sus dudas sobre la medicación que recibía su padre y habían promovido actuaciones judiciales relacionadas con la situación familiar.
El enfrentamiento entre las hijas de su primer matrimonio y su segunda esposa también se hizo visible durante los funerales. Mientras las hermanas organizaron una ceremonia religiosa en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, la viuda y personas de su entorno prepararon otra despedida en la Catedral de Canarias.
La disputa familiar se desarrolló en paralelo a las diligencias judiciales y a las pruebas destinadas a aclarar las circunstancias del fallecimiento.
Quién era Ángel Ferrera, uno de los empresarios más influyentes de Canarias
Ángel Ferrera desarrolló durante décadas una destacada trayectoria en el mundo empresarial del archipiélago. Fue presidente de Toyota Canarias durante cerca de 40 años y también estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Las Palmas durante quince años, entre 1986 y 2001.
Nacido en Avilés en 1943, se trasladó a Canarias durante su infancia y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. A su regreso al archipiélago, construyó una carrera vinculada a grandes empresas y organizaciones económicas.
Su relación con Toyota comenzó en los años setenta y contribuyó a consolidar la presencia de la marca japonesa en las islas. También ocupó responsabilidades en otras compañías y participó en el desarrollo de organizaciones empresariales.
A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos por su contribución a la economía canaria, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias y la distinción de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.
Su fallecimiento en agosto de 2022 fue comunicado como consecuencia de la enfermedad que padecía. Ahora, los nuevos resultados toxicológicos han llevado a la Justicia a revisar las circunstancias de aquella muerte.
Qué se sabe sobre la investigación en 2026
La causa judicial busca determinar si las concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso encontradas en las muestras de Ángel Ferrera tienen una explicación compatible con su enfermedad y sus circunstancias médicas o si pueden aportar indicios de un posible delito.
La viuda continúa investigada y su situación procesal no equivale a una condena. La investigación deberá establecer si existió homicidio, cuál fue la causa concreta del fallecimiento y si hay pruebas que permitan atribuir responsabilidades.
Cuatro años después de que sus hijas consiguieran detener la incineración, el caso vuelve a estar en el centro de la actualidad judicial. La autopsia que solicitaron en 2022 y las muestras que se conservaron constituyen ahora una parte relevante de las diligencias con las que se intenta esclarecer la muerte de uno de los empresarios más conocidos de Canarias.
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