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Nacho Vidal grabó el ritual de veneno de sapo con el móvil de José Luis Abad

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El actor de cine porno Nacho Vidal y los otros dos detenidos por el supuesto delito de homicidio imprudente contra el conocido fotógrafo valenciano José Luis Abad han quedado en libertad provisional tras haber comparecido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva (Valencia), tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Este juzgado recibió el pasado viernes a los tres detenidos, dos hombres y un mujer, de edades comprendidas entre los 37 y 50 años y de nacionalidad española y decretó para ellos la libertad provisional, de modo que todos ellos han quedado investigados en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia ocurrido en julio de 2019 en la localidad valenciana de Enguera al ofrecer veneno de sapo a una persona que murió durante un ritual.

Nacho Vidal (Mataró, Barcelona, 1973) tiene una vivienda en esta localidad valenciana, donde pasó su infancia con su familia. La denominada operación «Yurta» se inició tras el fallecimiento de Abad durante la celebración de un ritual místico basado en la inhalación de los vapores del veneno de un sapo de la especie ‘bufo alvarius’.

Nacho Vidal grabó el ritual de José Luis Abad

Después de once meses de investigación se ha podido constatar la existencia de un delito de homicidio por imprudencia y un delito contra la salud pública, supuestamente cometido por quienes organizaron y dirigieron el ritual.

También se ha podido demostrar que se trataba de una actividad con fines terapéuticos o medicinales que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública, con la que además se enmascaraba un ritual ancestral aparentemente inofensivo.

Con este reclamo se captaba personas fuertemente sugestionadas, en un estado de vulnerabilidad o necesidad de sanar determinadas dolencias o adicciones, para lo cual se ofrecían métodos alternativos a la medicina.

Además, este jueves se ha sabido que Nacho Vidal y los otros acusados grabaron un vídeo con el teléfono móvil de la víctima. Unas imágenes que, en este momento, son la principal prueba que incrimina al actor porno. De este vídeo se han extraído varias capturas de pantalla que ya figuran en el sumario y demostrarían el delito que presuntamente cometieron.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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