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El ministro Planas defiende a Juan Roig y pide «educación y respeto»

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa tras reunirse, en València, con el president de la Generalitat, Ximo Puig. EFE/ Ana Escobar
València, 26 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha salido en defensa del empresario valenciano Juan Roig después de los ataques por parte de miembros de Podemos, entre ellos la ministra Ione Belarra.

El ministro ha considerado que «la regla de oro es la educación y el respeto», en referencia a las manifestaciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sobre el propietario de Mercadona, Juan Roig y ha asegurado que el sector «está haciendo un buen trabajo».

Así lo ha manifestado Planas en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha celebrado en el Palau de la Generalitat con el president, Ximo Puig, a preguntas de los periodistas sobre las palabras de Belarra, que consideró «indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado».

Pide ‘educación y respeto’

«Está dando resultado la aplicación de la reducción del IVA en los productos básicos», ha afirmado Planas, y «en relación a algunas manifestaciones», ha afirmado que «en el PSOE, la regla de oro es la educación y el respeto cuando se expresan opiniones políticas siempre, cosa que por desgracia no se da en España en algunas ocasiones».

Asimismo, ha dicho pertenecer a la «escuela clásica» y por ello, se ha mostrado convencido de que «se puede hablar y disentir sin hacer daño a nadie».

«El sector agroalimentario está haciendo globalmente muy bien su trabajo», ha defendido, y ha añadido que «en una economía social de mercado cada uno juega su papel, y los empresarios crean riqueza y empleo».

Ha resaltado que España tiene un sector de la distribución «competitivo y eficiente» en el que «quien lo hace peor queda marginado por la competencia, porque hay un nivel de competencia muy alto».

«Lo puedo decir de agricultores, ganaderos, pescadores, la industria, las cooperativas y la distribución: están haciendo un gran trabajo», ha afirmado Luis Planas, que ha concluido que algunas empresas «incluso están adoptando medidas suplementarias» a las establecidas por el Gobierno como la reducción del IVA de los productos básicos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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