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Sanidad y comunidades revisarán la ley sobre la obligatoriedad de mascarillas

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EFE

Madrid/Valladolid, 31 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad y las comunidades trabajarán «de manera técnica» para intentar elaborar unos criterios de aplicación de la ley de «nueva normalidad» que contempla la obligatoriedad del uso de las mascarillas aún manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa tras presidir por videoconferencia el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha celebrado en Valladolid y en la que ha comparecido junto a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado.

La norma fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y es fruto del trabajo parlamentario a partir del real decreto de nueva normalidad que se aprobó en junio para tramitarse como proyecto de ley.

Fue el pasado 18 de marzo cuando el Pleno del Congreso aprobó definitivamente la ley tras la luz verde del Senado, donde se introdujo una enmienda -del PSOE- que fijaba la obligatoriedad de la mascarilla incluso manteniendo la distancia de seguridad, cuando hasta entonces el texto la contemplaba si no se podía mantener la distancia de 1,5 metros.

Esta ley ha sido objeto de análisis en el Interterritorial, donde Darias ha ofrecido a los consejeros, que también así lo han considerado, trabajar «de manera técnica» para intentar «dentro del margen» que posibilita la norma intentar elaborar unos criterios técnicos de aplicación.

LAS CCAA HAN PEDIDO QUE SE ACLARE LA NORMA

En este sentido, la ministra ha reconocido que a raíz de la publicación en el BOE, algunas autonomías han manifestado la necesidad de poder aclarar el punto sobre el uso obligatorio de las mascarillas aún con distancia de seguridad y «sobre todo de armonizar porque hay comunidades que tienen distinta normativa».

A juicio de Darias, ha transcurrido mucho tiempo desde que comenzó en verano la tramitación de la ley con lo que «puede» que sea necesario, «intentar buscar en el margen de ese marco legal» cómo poder aplicarla «de la manera mas armonizada posible y, sobre todo, de la manera más contextualizada posible.»

«Creo es muy importante ser capaces de armonizar, homogeneizar y contextualizar, éstas son las tres principales razones por las que he propuesto al Consejo trabajar de manera técnica para tratar de conseguir estos tres objetivos», ha apuntado la ministra.

La idea es que en el próximo Interterritorial se aborden las pautas marcadas tras ese trabajo técnico.

Algunas comunidades ya se han pronunciado, como Baleares que interpreta que la mascarilla no es obligatoria en playas y espacios naturales para quienes van solos o con sus convivientes y mantienen la distancia respecto a los demás, pero sí en las reuniones sociales en esos lugares, al margen de lo que diga la ley estatal.

Por su parte, el consejero cántabro de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha señalado que la ley se podrá «matizar» entre el Gobierno y las comunidades porque ha quedado «descontexualizada».

DOS MILLONES DE DOSIS EN UNA SEMANA

Al margen de esta norma, Darias ha anunciado que mañana llegarán a España más de un millón de vacunas de AstraZeneca, que se suman al poco más de un millón de las recibidas a principios de semana por parte de Pfizer y Moderna.

Así, esta semana será la primera en la que el país va a recibir más de dos millones de nuevas dosis, con lo que Darias ha insistido en que es importante que las comunidades vacunen todos los días de Semana Santa, para acelerar el proceso de inmunización.

Hasta el momento, según los datos de Sanidad que ha proporcionado la ministra, el 80 % de la población incluida en los grupos 1 a 6 de vacunación ha tenido ya una dosis administrada, mientras que el 41 % cuenta ya con las dos dosis.

Los grupos 1 a 6 incluyen a residentes y personal sanitario de centros de mayores; profesionales en primera línea en el ámbito sociosanitario; trabajadores de instituciones penitenciarias; grandes dependientes; personas vulnerables por su edad, y colectivos en activo con una función esencial para la sociedad.

ASTRAZENECA, HASTA LOS 65 AÑOS

En cuando a la quinta actualización de la estrategia de vacunación, aprobada ayer por la Comisión de Salud Pública, Darias ha precisado que el suero de AstraZeneca se administrará a personas de hasta 65 años, mientras que el resto de sueros disponibles (Pfizer y Moderna), así como los que se incorporen en breve (Janssen) se aplicarán para los mayores de esa edad.

Según esta actualización, se recomienda administrar la nueva vacuna de Janssen -que llega a España en abril- de forma paralela a las de Pfizer y Moderna para incrementar el ritmo de inmunización de los grupos de más edad.

MÁXIMA PRECAUCIÓN EN SEMANA SANTA

A las puertas de la Semana Santa, la ministra ha querido insistir en pedir «máxima precaución» y «máxima prudencia» porque estamos «en un momento crítico» de la pandemia, en un «período de transmisión valle con tendencia al alza en casi todos los territorios».

De esta forma, ha llamado «a la responsabilidad» para especialmente «ganar tiempo», porque «cada semana que consigamos retrasar el incremento de contagios estamos ganando tiempo al virus».

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¿Y ahora qué? Qué puede hacer Sánchez tras tumbar el decreto de vivienda y cuándo serían las elecciones

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El rechazo del decreto de vivienda no provoca automáticamente elecciones, pero abre el escenario de un adelanto electoral: estas son las opciones y las fechas que marca la ley

El Congreso de los Diputados ha tumbado este viernes el primer decreto de vivienda del Gobierno con 172 votos a favor, 178 en contra y ninguna abstención. El resultado supone una derrota parlamentaria para el Ejecutivo, pero no implica automáticamente la convocatoria de elecciones generales.

Ahora se abre una decisión política que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: continuar la legislatura o proponer la disolución de las Cortes y convocar elecciones anticipadas.

El rechazo del decreto no activa por sí solo ningún mecanismo de convocatoria electoral. La Constitución establece que el presidente puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad. El decreto de disolución debe ser posteriormente decretado por el Rey y fijar la fecha de las elecciones.

¿Sánchez va a convocar elecciones?

Por el momento, no existe una convocatoria electoral oficial.

Fuentes de Moncloa han asegurado este viernes que el Gobierno no está barajando formalmente las elecciones y que su prioridad era la votación de los decretos de vivienda. Al mismo tiempo, distintas fuentes del Ejecutivo y del PSOE han trasladado que el rechazo parlamentario puede abrir la puerta a un adelanto electoral.

Por tanto, hay dos escenarios sobre la mesa:

  • Continuar la legislatura, intentando buscar nuevos acuerdos parlamentarios y aprobar otras iniciativas.
  • Disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, una decisión que solo puede adoptar el presidente siguiendo el procedimiento constitucional.

La caída del decreto, por sí sola, no obliga a Sánchez a convocar elecciones.

¿Cuándo serían las elecciones si hay adelanto?

La clave está en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Su artículo 42 establece que, en caso de disolución anticipada, el decreto de convocatoria se publica al día siguiente de su expedición y las elecciones se celebran 54 días después de la convocatoria.

Por eso, la fecha depende del momento exacto en el que Sánchez decida formalizar la disolución.

El 29 de noviembre, la fecha que se está manejando

La fecha que aparece actualmente como escenario de adelanto inmediato es el domingo 29 de noviembre de 2026.

Para que las elecciones fueran ese día, el calendario tendría que desarrollarse de la siguiente manera:

  • Lunes 5 de octubre: Consejo de Ministros y aprobación del decreto de disolución.
  • Martes 6 de octubre: publicación del decreto en el BOE.
  • Del 21 al 26 de octubre: presentación de candidaturas.
  • 2 de noviembre: proclamación de las candidaturas.
  • 13 de noviembre: comienzo de la campaña electoral.
  • 28 de noviembre: jornada de reflexión.
  • 29 de noviembre: elecciones generales.

Este calendario se ajusta al plazo legal de 54 días previsto en la LOREG.

¿Podrían ser antes del 29 de noviembre?

Sí, pero dependería de que la disolución se formalizara antes.

Si el decreto se expidiera este viernes 2 de octubre y se publicara el sábado 3, el plazo legal de 54 días llevaría las elecciones al jueves 26 de noviembre. La legislación electoral no establece que las elecciones generales tengan que celebrarse necesariamente en domingo.

Sin embargo, el escenario que se está manejando políticamente para unas elecciones anticipadas es el domingo 29 de noviembre, mediante una disolución formal el lunes 5 de octubre y publicación del decreto en el BOE el martes 6.

¿Y si Sánchez espera?

El presidente también podría retrasar la decisión.

En ese caso, la fecha de las elecciones se desplazaría. Si se mantiene la práctica de convocar los comicios en domingo, una convocatoria posterior llevaría las urnas a diciembre.

Por ejemplo, según el calendario legal:

  • Decreto publicado el martes 13 de octubre → elecciones el domingo 6 de diciembre.
  • Decreto publicado el martes 20 de octubre → elecciones el domingo 13 de diciembre.
  • Decreto publicado el martes 27 de octubre → elecciones el domingo 20 de diciembre.
  • Decreto publicado el martes 3 de noviembre → elecciones el domingo 27 de diciembre.

Estas fechas son escenarios hipotéticos derivados del plazo de 54 días y no significan que el Gobierno haya decidido ninguna de ellas.

¿Hasta cuándo puede aguantar la legislatura?

Si no hay adelanto, las próximas elecciones generales tendrán que celebrarse dentro del plazo constitucional.

Los diputados fueron elegidos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El mandato del Congreso dura cuatro años, por lo que la legislatura no puede prolongarse indefinidamente. RTVE sitúa el límite electoral ordinario en el 22 de agosto de 2027, si no existe una disolución anticipada.

Por tanto, el Gobierno tiene ahora un amplio margen temporal si decide intentar continuar la legislatura.

La caída del decreto cambia el escenario parlamentario

El rechazo del decreto de vivienda evidencia las dificultades del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria estable.

El Gobierno tendrá que decidir ahora si intenta volver a negociar medidas de vivienda con los grupos que han votado en contra o si convierte el resultado de la votación en el punto de partida de una nueva etapa política.

Mientras tanto, no existe una convocatoria electoral aprobada. El siguiente paso decisivo sería una eventual decisión de Sánchez de disolver las Cortes y el correspondiente decreto publicado en el BOE.

Hasta entonces, las elecciones anticipadas son una posibilidad política, no una convocatoria en marcha.

 

 

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