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Toni Cantó asegura que se dejará «hasta el último aliento» por la libertad

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Madrid, 11 abr (EFE).- El exportavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, cuya candidatura a las elecciones de la comunidad de Madrid del 4 de mayo en la lista del PP ha sido anulada por un juzgado, ha asegurado que se dejará «hasta el último aliento» en favor de la libertad.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Madrid ha anulado las candidaturas de Cantó y del exalcalde de Toledo Agustín Conde en la lista que encabeza Isabel Díaz Ayuso al considerarlos inelegibles por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid después del cierre del censo electoral.

El PP madrileño ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la anulación de las candidaturas, decidida por el juzgado al estimar un recuro del PSOE.

«Mi compromiso es por la libertad», ha escrito Cantó en twitter, donde ha recordado que «el PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M», en referencia al recurso presentado en su día contra la convocatoria de la elecciones, y añade: «ahora trata de excluirme de la lista de @IdiazAyuso».

El también actor señala que «esté en la lista o no» se dejará «hasta el último aliento».

«Ahora más que nunca. Socialismo o libertad», concluye.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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