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Dimite la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

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Cristina Cifuentes ha renunciado a su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. En comparecencia ante los medios, y sin aceptar preguntas al terminar, ha comunicado su decisión de dejar el puesto. Cifuentes ha apuntado a los medios que ha sentido cómo se ha hecho una campaña de acoso en su contra, que la ha llevado a dimitir.

La pesadilla de la ya ex presidenta empezó con el asunto de su máster, que puso en tela de juicio la forma en que había conseguido el título.

A primera hora de este miércoles, ha visto la luz un vídeo en el que se observaba a Cifuentes retenida por un vigilante de seguridad de un supermercado en que robó unos productos cosméticos, en el año 2011.

En la comparecencia ha admitido que «había tomado una decisión que pensaba anunciar el día 2, pero como consecuencia de las publicaciones» -del vídeo-, ha querido hacer efectiva su dimisión hoy mismo. «Todos ustedes saben que yo he sido espiada, que se han hecho dossieres contra mi persona, he sido investigada desde hace años», argumentaba en referencia a ese acoso del que se define como víctima.

En referencia al robo de los botes de crema en 2011, ha comentado que «me los llevé por error, y de manera involuntaria. Me lo dijeron a la salida y los aboné». Añade además que «esa grabación se ha utilizado para ir más allá de lo político y querer rematar alguna clase de campaña personal».

Ha querido zanjar la comparecencia dirigiéndose a los periodistas. «Sus medios deberían hacer una reflexión de si en la vida vale todo y cuáles son las formas de conseguir lo que uno persigue».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido que Cifuentes «ha hecho lo que tenía que hacer», añadiendo que «el Partido Popular abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero que estas cosas no vuelvan a ocurrir».

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Juicio al ‘clan Pujol’: la Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita en la Audiencia Nacional

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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.

Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.

El ‘Pujolismo’, ante los tribunales

Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.

La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.

El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.

Evaluación médica de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.

Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.

Un macrojuicio con más de 250 testigos

El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.

Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.

La amnistía fiscal y los fondos en Andorra

Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.

La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.

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