Un niño con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) ha concluido la etapa de Primaria sin el educador escolar que su familia reclama desde que tenía nueve años y al que, según varias sentencias judiciales, tenía derecho.

Así lo ha explicado a EFE la abogada de la familia del menor, Sandra Casas, que indica que cuando cursaba cuarto de Primaria, sus padres ya pidieron un educador, pero el curso próximo empezará el Bachillerato en el Instituto sin haber tenido ese apoyo durante todo ese tiempo.

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia dictó en diciembre de 2019 que la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Valencia deberían dotar al niño con necesidades especiales, que entonces tenía 9 años, con un educador durante toda la jornada escolar.

El menor fue expulsado de un centro educativo municipal por mala conducta y el juzgado estimaba así el recurso promovido por la familia del menor contra una sentencia de 2018 que denegaba ese educador especial, al apreciar la instancia judicial superior que se habían vulnerado los derechos fundamentales en cuanto a igualdad de acceso a la educación.

La Conselleria de Educación recurrió la sentencia y el TSJCV volvió a fallar a favor de los padres, señala la abogada, quien afirma que «la administración que tanto alega la inclusión, luego recurre las sentencias para no dotar a los menores de apoyos».

Pero desde entonces, y tras los procesos judiciales ganados por la familia, el menor no ha tenido ningún apoyo escolar y el próximo curso tiene que acudir a un instituto.

El Ayuntamiento de Valencia, al que corresponde el Colegio publico de Educación Infantil y Primaria, ha alegado durante el proceso judicial que el centro no dispone de Educador en educación especial.

«Clama al cielo que es un colegio municipal y se pasan la pelota entre el Ayuntamiento y la Consellería de Educación, diciendo a quien le corresponde» poner esa ayuda escolar.

Además, el abogado del consistorio señala en todos los escritos que si se hubiera conocido que el menor tenía una discapacidad no se le hubiera aceptado en el centro, indica la letrada, que añade que el menor fue evaluado mucho antes de entrar en el centro escolar.

Añade que al Ayuntamiento se le imputa una negligencia por escudarse en algo que contraviene un derecho humano, que los niños deben estar en los colegios con los apoyos necesarios.

Una diligencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia del pasado mes de abril obliga al Ayuntamiento de València a crear la plaza y a que sea la Conselleria de Educación la que la pague.