Una nave industrial de la empresa Indukern situada en el polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia) se incendió debido a una explosión alrededor de las 09:00 horas de este miércoles. La impresionante columna de humo se apreciab a varios kilómetros. Las dotaciones de bomberos están trabajando en su extinción, para lo que han tenido que reclamar más unidades de apoyo dado que el aire y los productos químicos de la zona dificultaban el control de las llamas mientras que los trabajadores han sido desalojados de inmediato. En total, según fuentes municipales han tenido que ser hasta 150 empresas de la zona.
Dos días después de originarse el incendio, los bomberos han dado por «controlado» el incendio. Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos, desde que se iniciase el fuego han trabajado 121 bomberos y 52 vehículos en las labores de extinción. Y es que el hecho de que sea una planta de productos químicos unido al fuerte viento que soplaba no han facilitado el control del fuego.
El Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha aseguraba que lo que arde es «acetona» por lo que la «nube de humo no es tóxica». El propio alcalde de Paterna corroboraba vía Twitter que no hay «partículas tóxicas».
La estación más cercana a #Paterna NO ha detectado partículas tóxicas.
Seguimos trabajando para restablecer la normalidad. Gracias a tod@s.
La empresa que ha sufrido el incendio es Idukern, una multinacional con sede central en Barcelona, y ubicada en varias ciudades españolas y europeas, que asegura ser «líderes de mercado en la distribución de Química Fina». En concreto, dicha marca centra sus principales sectores de negocio en la distribución y comercialización de API’s farmacéuticos y veterinarios, ingredientes para nutrición animal, ingredientes para alimentos, sabores y fragancias y químicos industriales, según apuntan en su página web.
Imágenes y vídeo: OP (Official Press)
A raíz de la intensa cortina de humo, las autoridades decididían desalojar la guardería municipal del Polígono Fuente del Jarro. Asimismo, «se han suspendido las clases en los colegios próximos a la empresa Indukern afectada por el incendio de #Paterna», según anuncia el consistorio. En concreto son los Colegios Jaume I, Sanchís Guarner, El Molí, Henri Matisse, Peset Alexandre, y todos los de La Canyada, los que han suspendido las clases por el incendio.
No obstante, y tras un largo miércoles, los colegios e institutos del municipio han retomado las clases con total normalidad este jueves.
Los propios bomberos recomendaban a las personas que se encontraban próximas a la zona afectada por el incendio: «Confinamiento, cerrar puertas, ventanas y sistemas de ventilación externos» debido a los productos químicos. Era a media tarde del miércoles, cuando desde el Ayuntamiento de Paterna han levantado el aviso del «fin al confinamiento por el incendio. Ya se pueden abrir ventanas sin problemas porque apenas hay humo».
RT (1/2) Fin al confinamiento por el #incendio Ya se pueden abrir ventanas sin problemas porque apenas hay humo @SagredoMarco@GVA112
El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.
Una obligación legal sin compensación suficiente
El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.
La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.
El fallo del Supremo
El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:
Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio
Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses
Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible
Por qué es clave esta decisión
La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.
En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.
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