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Los motivos por los que la app Radar Covid no es útil

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Las apps de rastreo según los expertos son una herramienta que puede resultar útil en el control de la pandemia gracias a la colaboración de los ciudadanos. Radar Covid es la aplicación de rastreo que en España ha puesto en marcha el Gobierno. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo una encuesta sobre la utilización por parte de los ciudadanos de la aplicación Radar Covid que señala que una parte importante de la población no se la ha descargado por diferentes razones, lo que puede afectar a su efectividad.

En la encuesta de OCU han participado 1.543 personas de entre 25 y 79 años pertenecientes a una muestra representativa de la población española. Entre los principales resultados de la encuesta, destaca que el 28% de los entrevistados dicen tener ya instalada la app Radar COVID. La disposición de quienes ya la tienen instalada es muy alta. El 92% de quienes tienen instalada la app o de quienes tienen intención de hacerlo en los próximos días/semanas notificarían un caso positivo de COVID a través de la app si les fuera diagnosticada la enfermedad.

El 89% seguirían los pasos recomendados en caso de que la app les notificase que un contacto suyo ha sido diagnosticado de COVID.

Entre quienes no tienen instalada la app, la mayoría tiene dudas si finalmente lo hará, y el 20% dice que se la instalarán en los próximos días/semanas. Apenas hay diferencias según el sexo de los entrevistados. El porcentaje de personas que no han instalado la app es mayor conforme aumenta la edad de los entrevistados.

El aspecto más negativo que señala la encuesta de OCU es que el 16% de los encuestados dice que no se instalará la app en ningún caso.

El principal motivo de rechazo hacia la aplicación esgrimido por quienes no se la han instalado, pero también por quienes dudan de si finalmente la instalarán, son las dudas acerca de su utilidad real. El segundo motivo de rechazo para ambos es el referido a la privacidad.

OCU lamenta los retrasos en la puesta en marcha de la aplicación y la falta de datos de su utilización real. Hasta el pasado 25 de septiembre la aplicación sigue sin funcionar en dos de las Comunidades Autónomas más pobladas Cataluña y Madrid. OCU pide un esfuerzo en transparencia a todas las Administraciones implicadas para aclarar las posibles dudas sobre la privacidad y el uso real de la aplicación que para el éxito de su funcionamiento requiere la indispensable colaboración de los ciudadanos.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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