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Casado anuncia que habrá una comisión parlamentaria «tal y como exigió a Pedro Sánchez»

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Este lunes, la videoconferencia de Pablo Casado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha dejado trece titulares que pasamos a resumir:

Asegura que en esa comisión parlamentaria “con luz y taquígrafos” se tratarán medidas económicas, sociales y sanitarias, y se abrirá a expertos y agentes sociales. “Más democracia, más transparencia y más eficacia”, añade.

Resalta que el PP no puede asumir que haya una mesa de reconstrucción con aquellos que quieren destruir España. “Allí el PP no puede estar, pero sí en una comisión que se cree en el Parlamento”, manifiesta. “Nuestro pacto de Estado ya lo hemos hecho apoyando los estados de alarma con las medidas más drásticas y extraordinarias de la democracia”, añade.

Plantea las exigencias del PP al Gobierno para apoyar la prórroga del estado de alarma en tres bloques de medidas urgentes: uno sobre las medidas sanitarias en la lucha contra el coronavirus; otro sobre economía y un tercero sobre libertades públicas.

En el bloque específico de Covid ha exigido que garantice material a los sanitarios y los trabajadores de manera inmediata; que los test masivos lleguen ya y que se mantenga el respeto a nuestros muertos con un recuento fidedigno de fallecidos y el decreto de luto nacional.

En el bloque económico pide la prestación inmediata a los 3.5 millones de afectados por ERTE, liquidez para pymes y autónomos, y reitera las peticiones específicas de establecer con urgencia una paga extraordinaria a los sanitarios, pago del sueldo bruto a trabajadores de sectores esenciales y la exención del pago del impuesto de sucesiones y donaciones a los familiares de los fallecidos.

Considera que es “imprescindible” que haya flexibilidad en la economía española “o no saldremos de la crisis”, por lo que reclama que se atienda su plan de competitividad que presentó hace unas semanas.

En el bloque sobre libertades públicas, requiere que se rehabilite el portal de transparencia y que se incluyan en él los informes de los expertos; que se garantice la neutralidad del Gobierno en su relación con los medios de comunicación, y en RTVE y que se den explicaciones sobre la intromisión del Gobierno en la censura en las redes sociales.

Espera que Sánchez y el Gobierno actúen con “máxima eficacia, máxima transparencia y máxima humildad para reconocer errores”. “Por desgracia hay muchas cosas que se están haciendo muy mal”, lamenta.

Revela que el PP registrará una comisión de investigación en el Parlamento para saber en qué se ha fallado y la operatividad del Mando Único.

Confía en que Sánchez antes que Marlaska explique en el Congreso la posición del Gobierno de minimizar críticas al Ejecutivo. “Eso es gravísimo”, apunta Casado, que defiende a la Guardia Civil que realiza una labor de forma ejemplar.

Con respecto a las condiciones para la salida de los niños u otras propuestas de relajación del desconfinamiento, el Partido Popular apoyará lo que dictaminen los expertos.

Asegura que la hibernación tiene que ir acompañada de un invernadero, y luego a cielo abierto con todas las medidas de seguridad.

Pide una selectividad única, la aplicación de la LOMCE en referencia al paso de curso. «Si hablamos de cómo va a acabar el curso escolar o cómo podemos digitalizar el sistema educativo para prevenir futuras incidencias sería bueno recuperar la subcomisión del pacto educativo que abandonó el PSOE hace unos meses».

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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