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Casado anuncia que habrá una comisión parlamentaria «tal y como exigió a Pedro Sánchez»

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Este lunes, la videoconferencia de Pablo Casado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha dejado trece titulares que pasamos a resumir:

Asegura que en esa comisión parlamentaria “con luz y taquígrafos” se tratarán medidas económicas, sociales y sanitarias, y se abrirá a expertos y agentes sociales. “Más democracia, más transparencia y más eficacia”, añade.

Resalta que el PP no puede asumir que haya una mesa de reconstrucción con aquellos que quieren destruir España. “Allí el PP no puede estar, pero sí en una comisión que se cree en el Parlamento”, manifiesta. “Nuestro pacto de Estado ya lo hemos hecho apoyando los estados de alarma con las medidas más drásticas y extraordinarias de la democracia”, añade.

Plantea las exigencias del PP al Gobierno para apoyar la prórroga del estado de alarma en tres bloques de medidas urgentes: uno sobre las medidas sanitarias en la lucha contra el coronavirus; otro sobre economía y un tercero sobre libertades públicas.

En el bloque específico de Covid ha exigido que garantice material a los sanitarios y los trabajadores de manera inmediata; que los test masivos lleguen ya y que se mantenga el respeto a nuestros muertos con un recuento fidedigno de fallecidos y el decreto de luto nacional.

En el bloque económico pide la prestación inmediata a los 3.5 millones de afectados por ERTE, liquidez para pymes y autónomos, y reitera las peticiones específicas de establecer con urgencia una paga extraordinaria a los sanitarios, pago del sueldo bruto a trabajadores de sectores esenciales y la exención del pago del impuesto de sucesiones y donaciones a los familiares de los fallecidos.

Considera que es “imprescindible” que haya flexibilidad en la economía española “o no saldremos de la crisis”, por lo que reclama que se atienda su plan de competitividad que presentó hace unas semanas.

En el bloque sobre libertades públicas, requiere que se rehabilite el portal de transparencia y que se incluyan en él los informes de los expertos; que se garantice la neutralidad del Gobierno en su relación con los medios de comunicación, y en RTVE y que se den explicaciones sobre la intromisión del Gobierno en la censura en las redes sociales.

Espera que Sánchez y el Gobierno actúen con “máxima eficacia, máxima transparencia y máxima humildad para reconocer errores”. “Por desgracia hay muchas cosas que se están haciendo muy mal”, lamenta.

Revela que el PP registrará una comisión de investigación en el Parlamento para saber en qué se ha fallado y la operatividad del Mando Único.

Confía en que Sánchez antes que Marlaska explique en el Congreso la posición del Gobierno de minimizar críticas al Ejecutivo. “Eso es gravísimo”, apunta Casado, que defiende a la Guardia Civil que realiza una labor de forma ejemplar.

Con respecto a las condiciones para la salida de los niños u otras propuestas de relajación del desconfinamiento, el Partido Popular apoyará lo que dictaminen los expertos.

Asegura que la hibernación tiene que ir acompañada de un invernadero, y luego a cielo abierto con todas las medidas de seguridad.

Pide una selectividad única, la aplicación de la LOMCE en referencia al paso de curso. «Si hablamos de cómo va a acabar el curso escolar o cómo podemos digitalizar el sistema educativo para prevenir futuras incidencias sería bueno recuperar la subcomisión del pacto educativo que abandonó el PSOE hace unos meses».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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