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Los coches menos fiables, según OCU

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Los coches menos fiables
PIXABAY

La experiencia de 52.430 conductores europeos con sus coches revela las marcas y modelos más fiables, o lo que es lo mismo, los que sufren menos averías y de un carácter más leve, excluyendo las derivadas de un accidente. Pero también los gastos de mantenimiento en el taller oficial de la marca, tal y como recoge la encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) junto con otras cuatro asociaciones europeas de Bélgica, Francia, Italia y Portugal.

Los buenos resultados en fiabilidad, publicados en la revista Compra Maestra de junio, vuelven a recaer un año más sobre los fabricantes japoneses y coreanos, que copan siete de las diez primeras posiciones, liderados por Lexus, Subaru y Toyota. Mientras que entre los fabricantes europeos destacan Seat, Dacia y Skoda, por este orden. Aunque quizá los resultados más sorprendentes son los que señalan a Tesla entre las marcas menos fiables, junto con otras marcas de coches de lujo como Alfa Romeo, Land Rover o Jaguar, que comparten las últimas posiciones.

Los coches menos fiables:

Encuesta fiabilidad coches

Por tipo de motor, los modelos con menos averías son los automóviles híbridos no enchufables: hay hasta diez modelos por encima de un excepcional 95 sobre 100 en fiabilidad. Los motores de gas (GLP o GNC), así como los eléctricos, en cambio, todavía no disponen de una oferta tan amplia de coches a prueba de averías.

Ahora bien, curiosamente, el modelo más fiable entre las 523 versiones de coches que recoge la encuesta, es un coche con motor diésel, el Volkswagen T-Roc 1600 Diésel (versión 2017). Le siguen dos híbridos, como son el Toyota Corolla 2000 Híbrido Gasolina (versión 2018) y el Lexus IS 2500 Híbrido Gasolina (versión 2013). En la cola, el Renault Espace 1600 Diésel (versión 2015) y el Opel Astra 1500 D (versión 2015).

La encuesta también revela lo que gasta el conductor en mantenimiento del coche cuando lo lleva al taller oficial. Las diferencias son sin duda significativas: frente a un coste de entre 114 y 150 euros al año de los automovilistas de las marcas Hyundai, Dacia y Renault a los más de 300 euros al año de quienes tienen un vehículo Mercedes Benz, Audi o Volvo. Por cierto, las averías más comunes son las eléctricas (17%), seguidas por las que afectan al sistema de frenado (13%).

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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