Lejos de la vuelta a la normalidad, esta mañana el sector del taxi ha comenzado su semana con nuevas restricciones para el Área de Prestación Conjunta de Valencia (APCV). La Resolución de 24 de marzo del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad impone para el taxi tres días de descanso obligatorio a la semana, no permitiendo a asalariados y familiares que comparten vehículo poder cumplir las 40 horas laborales semanales por las que sí cotizan. Esta injustificable regulación se prolongará al menos hasta el mes de septiembre, para un sector que ha sido duramente castigado por el Consell durante el Estado de Alarma y que ahora pensaba recuperarse.
“Con la entrada hacia la nueva normalidad, esperábamos que la Generalitat fuera más flexible en su regulación para intentar levantar cabeza después de estos meses tan complicados, pero desgraciadamente no ha sido así y han decidido seguir castigándonos hasta que el taxista reviente y tire la toalla”, asegura la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi, Isabel Segura.
Y es que, tal y como indica la Presidenta, esta nueva vuelta de tuerca se suma a lo ocurrido durante el Estado de Alarma, “donde muchos taxistas hemos estado ayudando sin pensarlo al personal sanitario en sus desplazamientos, con una jornada laboral reducida por orden de la Conselleria de solo 2 ó 3 días a la semana (trabajo días pares o impares, menos el día de descanso semanal habitual), pero sí que hemos tenido que cotizar íntegramente el mes completo a la Seguridad Social y esto ha sido muy complicado económicamente para miles de familias”. Asimismo, la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi denuncia esta situación vivida por el taxi frente a la total libertad de las VTC, que durante estos meses de restricción de movimiento han podido seguir trabajando los 7 días de la semana sin regulación alguna ni reglas…
Además, la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi ha solicitado al Consell que al menos se apruebe una moratoria para las licencias que deben ser vendidas antes del 11 de julio, como medida excepcional por la crisis del Covid-19 al igual que lo es la dura situación vivida por todos.
El miedo del momento está provocando que la demanda de personas interesadas en adquirir una autorización de taxi sea nula. “No tenemos compradores y no vamos a conseguirlos antes de julio. Las personas que se habían decidido a comprar una licencia, han dado marcha atrás, ante la incertidumbre generalizada de no saber si podremos salir de esta recesión económica, cuándo será el día y quién sobrevivirá a ella”, explica Isabel Segura. “Si no se retrasan los plazos, vamos a perder nuestros taxis, pero curiosamente vamos a tener que reincorporar seis meses a los trabajadores acogidos a un ERTE, pero sin coche para conducirlo”, añade.
Sin duda, la máxima prioridad es lograr frenar esta pandemia que está causando tantas muertes injustas, pero las consecuencias económicas y empresariales van a ser devastadoras durante los próximos meses para muchos sectores como el del taxi.
Por ello, para la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi es intolerable que el Conseller, Arcadi España, anuncie que la Generalitat destinará al menos 3 millones de euros para ayudar al transporte en la Comunitat, con el objetivo de compensar las pérdidas que la crisis sanitaria por la COVID-19 ha ocasionado en el sector, además de los 800 millones de ayudas al transporte que Gobierno Central destinará a las Autonomías, y de todo ello no destine ni un euro al taxi como si éste no fuera transporte público y la crisis no le hubiera afectado de lleno …
“Para regularnos sí que se acuerda, para reducir al máximo el trabajo de los taxis estos días de pandemia sí que ha sido rápido, pero en cambio no lo es tanto para destinar parte de esta ayuda anunciada a esos miles de taxistas que sin casi ingresos lo han pasado muy mal para pagar su autónomo y que han estado al pie del cañón de forma incondicional los días más complicados de esta crisis sanitaria, colaborando con los sanitarios y ofreciendo los servicios mínimos que la población necesitaba”, denuncia la Presidenta.
Y aparte de todo esto, “tenemos que soportar que la policía esté ahora multando a compañeros por no tener al día la tarjeta de transporte o no haber pasado la ITV en plazo, como si no hubiéramos estado confinados y con los servicios cerrados para poder hacerlo”, manifiesta la Presidenta. “Es una vergüenza que la Generalitat haya tenido paralizados estos meses los trámites administrativos y las empresas de inspección técnica de vehículos cerradas sus puertas y que el taxista reciba ahora una sanción por no estar al día que por supuesto vamos a recurrir. Esto parece de chiste. Es indignante esta burla hacia un sector serio, comprometido, que se ha volcado estos meses, sin dudarlo y que ya no puede más”, concluye Isabel Segura.
