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Una mujer es detenida por lanzar un ‘borracho’ causándoles daño a dos falleras

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Recomendaciones pirotecnia fallas
Imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local de Valencia detuvieron a una mujer en la madrugada del pasado domingo por lanzar un cohete ‘borracho’ que produjo daños en la vestimenta de dos falleras de la comisión l’Antiga de Campanar. Los hechos se enmarcaron dentro del protocolario recorrido de la Ofrenda.

La detención se produjo alrededor de las 1:00 horas. Fue entonces cuando una mujer que, al parecer, trabaja en un establecimiento de las inmediaciones, lanzó un primer petardo cuando salió de trabajar. Este no produjo ningún daño, según han indicado fuentes de la Policía Local.

Posteriormente, lanzó un segundo artefacto pirotécnico, que está prohibido por su difícil control, y produjo daños en la vestimenta de las dos falleras. La Policía Local ha señalado que no hubo más desperfectos.

Este último se trataba de un cohete ‘borracho’, también conocido como carretilla. Es un surtidor de gran intensidad que realiza una cola blanca de chispas con paradas a lo largo de su efecto y acaba con una detonación.

La autora de los hechos fue detenida por agentes del dispositivo activado a lo largo de todo el recorrido de la Ofrenda.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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