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Dos detenidos por conceder títulos de vigilantes de seguridad a cambio de dinero

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BILBAO/VALÈNCIA, 11 Nov.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a dos personas y han investigado a otras 56 en varios lugares del Estado por conceder títulos profesionales de seguridad privada a cambio de dinero. Las primeras denuncias, en las que se informaba de un supuesto fraude relacionado con cursos formativos para vigilantes de seguridad, se empezaron a recibir en Vitoria, según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

Los arrestados, personal acreditado para la formación del sector de seguridad privada, han sido imputados por un delito de falsedad documental y un delito de estafa. Además, se ha tomado declaración a 122 personas en varias provincias españolas, como Ávila, Zamora, León, Palencia, Toledo, Tenerife, Valencia y Orense, de las que han resultado investigadas 56 por su posible implicación en los hechos.

Los arrestados pedían una contraprestación económica a vigilantes de seguridad para conseguir la titulación de un curso relacionado con su sector, sin la necesidad de realizar la acción formativa. También eran los responsables de confeccionar los títulos formativos. Por ello, se les imputa falsedad documental, además de un delito de estafa.

La investigación comenzó al recibir varias denuncias en Vitoria en las que se informaba de un fraude relacionado con cursos formativos destinados a vigilantes de seguridad. Con las primeras pesquisas averiguaron que se estaban entregando títulos profesionales a cambio de una contraprestación económica y sin la necesidad de realizar previamente la formación. En muchas ocasiones, el trabajador del sector de seguridad privada que recibía la titulación ignoraba la ilegalidad de dicha actividad.

El operativo ha culminado con la detención en Salamanca de los dos responsables de la confección y entrega de los títulos formativos, la
realización de un registro y el cierre de la academia en la que se
elaboraban los títulos que nunca llegaban a impartirse.

Fuente: EUROPA PRESS

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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