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El Conseller Vicent Soler dimite como diputado en Les Corts en plena polémica por los recortes

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VALÈNCIA, 5 Sep. – El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado este jueves su renuncia al acta de diputado en Les Corts, aunque mantiene su cargo en el Gobierno valenciano, con el objetivo de dedicarse «en cuerpo y alma» a lograr una financiación «justa», cuestión que considera que es la «más trascendental» y «prioritaria» para los valencianos en este momento.

Así lo ha anunciado en una comparecencia en la cámara autonómica, convocada este mismo jueves por la mañana, en la que ha comunicado su decisión de renunciar al acta de diputado, que tiene desde las pasadas elecciones autonómicas del 28 de abril, a las que concurrió como número tres por la circunscripción de Valencia.

Soler, de 69 años, doctor en Economía y catedrático de Economía Aplicada, ha explicado que se trata de una decisión «personal» que ya ha transmitido al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, y que se produce en plena polémica sobre los posibles recortes ante la falta de Presupuestos Generales del Estado y la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

Precisamente, el jefe del Consell anunció este miércoles que se reunirá el próximo martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigirle una solución «inmediata y legal» para las entregas a cuenta a las comunidades autónomas porque advirtió que es «absolutamente necesario para garantizar la tesorería y el buen funcionamiento las arcas» del Gobierno valenciano, al tiempo que insistió en que no habrá «ningún recorte en los intereses generales de los derechos de los valencianos».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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