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El dueño de la finca replica a los padres de Julen que piden 3 años y medio de cárcel

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Los padres de Julen, el niño de dos años que murió el pasado mes de enero tras caer a un pozo en Totalán (Málaga) han solicitado tres años y medio de prisión para David Serrano, tío del menor y dueño de la finca donde estaba ubicado el pozo por el que se precipitó el pequeño.

La abogada del matrimonio Roselló García ha presentado un escrito en el que describen que Serrano es autor de homicidio por imprudencia grave. La misma consideración hacia el procesado que mantiene la Fiscalía de Málaga solicitando por ello tres años de prisión.

Dicho escrito especifica la “falta total de respeto por las normas de seguridad” del acusado “e incluso a la lógica elemental de advertir de la presencia de un peligro real y oculto a simple vista lo que ha desencadenado el fatal desenlace”. La representante legal destaca la existencia de “multitud de infracciones normativas” como no haber avisado de la existencia del pozo a las personas que le acompañaron a hacer una paella el pasado 13 de enero. Algo que considera “una grave conducta omisiva negligente en el acusado, infringiéndose normas de mínimo cuidado con la creación de un previsible riesgo que se hubiera evitado adoptándose las mínimas medidas de seguridad previstas por la normativa”, según recoge Europa Press.

Tras presentar este escrito la reacción de David Serrano no se ha hecho esperar. Ha sido a través del programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 al que ha remitido un comunicado en el que asegura que él sí que avisó que había un pozo, tal como admitió el padre de Julen durante la instrucción.

Serrano atribuye a la nueva abogada de la acusación que los padres del niño «hayan maquillado» su declaración, pareciendo querer «venganza y no justicia».

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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