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El Ministerio de Educación niega cerrar el curso escolar en marzo

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El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha negado la posibilidad de cerrar el curso escolar 2019-2020 este mes de marzo tras la suspensión de las clases por el coronavirus, como ha apuntado este martes el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.

Fuentes del Ministerio dirigido por Isabel Celaá aseguran que no se contempla este escenario, que supondría dar por finalizado el curso tres meses antes de lo previsto. Una situación que será tratada este miércoles en la reunión que mantendrán la ministra Celaá traslade con todos los consejeros autonómicos en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación.

Una cita, que Celaá ya convocó la semana pasada y que se centrará en la situación que ha provocado la pandemia en los centros educativos españoles, donde la actividad lectiva presencial está suspendida desde la semana pasada, aunque la prolongación del estado de alarma podría mantener las aulas cerradas durante un mes. Una situación que afecta a unos 10 millones de estudiantes de todas las etapas educativas.

La ministra de Educación y Formación Profesional planteará la flexibilización de los días lectivos, pero no que el curso termine anticipadamente, apuntan desde su departamento. Desde la suspensión de las clases presenciales, los estudiantes de todas las comunidades siguen recibiendo tareas de forma telemática para continuar con su progreso académico.

Este martes, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, avanzaba que en la reunión de este miércoles se estudiará «conjuntamente» entre el Ministerio y las comunidades autónomas la opción de cerrar el curso escolar en marzo.

En una entrevista en Onda Cero el consejero también aseguraba que «es un tema que habría que estudiar, esa es una hipótesis, la estudiaremos y la estudiaremos mañana conjuntamente con el Ministerio y todas las comunidades. Deseamos que no, nosotros ahora estamos en el escenario de que las clases presenciales se pudieran reiniciar poco después del 11 de abril, eso es lo que es deseable, que las medidas que se han adoptado tengan éxito y que eso sea posible. Nosotros no contemplamos en estos momentos esa posibilidad de ir a septiembre, aunque hay que reconocer que en esta crisis muchas cosas que no contemplábamos han sucedido», ha añadido.

De la misma manera, el consejero madrileño ha reiterado que en estos momentos no se ha planteado tampoco alargar el curso, pero ha afirmado que «si la situación de alarma se prorrogara más» se «tomarían las decisiones adecuadas para que el curso fuera razonable», para agregar que, «por tanto, en ese escenario probablemente sí».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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