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El recibo de la luz aumenta más de un 4% en abril respecto a 2018

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Nueva tarifa regulada de la luz

Abril finaliza con una subida interanual del 4,5% en el recibo de la luz del usuario medio, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El recibo mensual será de 73,09 euros, 3,15 euros más caro que el del mismo mes de 2018, cuando se situó en 69,94 euros.

En cuanto al precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad, se ha encarecido un 6,2% con respecto al de abril del año pasado. Así, ha pasado de 13,86 a 14,76 céntimos (impuestos indirectos incluidos).

Reivindicaciones en materia tarifaria

La asociacion espera que tras su victoria electoral, Pedro Sánchez lidere un Gobierno de progreso que priorice la defensa de los consumidores impulsando los necesarios cambios normativos para aumentar y fortalecer sus derechos, enfentándose a los abusos de las grandes empresas, entre las que destacan especialmente las energéticas.

FACUA advierte de que el programa electoral del PSOE tiene demasiadas ambigüedades en sus compromisos en materia de política energética. En este sentido, reclama medidas claras y contundentes para acabar con los abusos tarifarios de las grandes compañías energéticas, de manera que se emprenda una intervención del sector mediante el establecimiento de tarifas reguladas por el Gobierno para la gran mayoría de consumidores domésticos.

Así, FACUA propone la creación de una tarifa totalmente regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Bajada del IVA al 4%

Además, la organización exige la bajada del IVA de la electricidad al 4%. La asociación considera desproporcionado e injusto que a la factura de la luz de las familias se le repercuta el impuesto sobre el valor añadido más alto, del 21%.

La bajada que reclama la asociación ahorraría al usuario medio 130 euros al año, si se toman como referencia las tarifas del año pasado. Antes de impuestos, este usuario pagó entonces 728,15 euros. El IVA del 21% vigente en la actualidad y el impuesto sobre la electricidad suman un 27,19% de incremento en la factura, situándola en 926,16 euros en 2018. Con el IVA al 4%, la suma de los impuestos indirectos representaría el 9,32%, con lo que la cuantía habría bajado a 796,01 euros.

Fuente: FACUA

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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