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El recibo de la luz aumenta más de un 4% en abril respecto a 2018

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Nueva tarifa regulada de la luz

Abril finaliza con una subida interanual del 4,5% en el recibo de la luz del usuario medio, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El recibo mensual será de 73,09 euros, 3,15 euros más caro que el del mismo mes de 2018, cuando se situó en 69,94 euros.

En cuanto al precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad, se ha encarecido un 6,2% con respecto al de abril del año pasado. Así, ha pasado de 13,86 a 14,76 céntimos (impuestos indirectos incluidos).

Reivindicaciones en materia tarifaria

La asociacion espera que tras su victoria electoral, Pedro Sánchez lidere un Gobierno de progreso que priorice la defensa de los consumidores impulsando los necesarios cambios normativos para aumentar y fortalecer sus derechos, enfentándose a los abusos de las grandes empresas, entre las que destacan especialmente las energéticas.

FACUA advierte de que el programa electoral del PSOE tiene demasiadas ambigüedades en sus compromisos en materia de política energética. En este sentido, reclama medidas claras y contundentes para acabar con los abusos tarifarios de las grandes compañías energéticas, de manera que se emprenda una intervención del sector mediante el establecimiento de tarifas reguladas por el Gobierno para la gran mayoría de consumidores domésticos.

Así, FACUA propone la creación de una tarifa totalmente regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Bajada del IVA al 4%

Además, la organización exige la bajada del IVA de la electricidad al 4%. La asociación considera desproporcionado e injusto que a la factura de la luz de las familias se le repercuta el impuesto sobre el valor añadido más alto, del 21%.

La bajada que reclama la asociación ahorraría al usuario medio 130 euros al año, si se toman como referencia las tarifas del año pasado. Antes de impuestos, este usuario pagó entonces 728,15 euros. El IVA del 21% vigente en la actualidad y el impuesto sobre la electricidad suman un 27,19% de incremento en la factura, situándola en 926,16 euros en 2018. Con el IVA al 4%, la suma de los impuestos indirectos representaría el 9,32%, con lo que la cuantía habría bajado a 796,01 euros.

Fuente: FACUA

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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