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Este es el sueldo neto de los diputados del Parlamento europeo

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MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) –

España celebra este domingo las octavas elecciones al Parlamento Europeo, en las que elegirá 54 diputados y dejará otros cinco en la reserva para el momento en que se formalice la salida del Reino Unido de la UE.

A estos comicios concurren un total de 1.902 candidatos de 32 listas, lo que supone 466 menos que en europeas de hace cinco años. A priori, en las candidaturas la paridad es casi total pues compiten 973 hombres (un 51,15%) y 929 mujeres (48,84%).

Además del PSOE, el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, también optan por uno puesto en la Eurocámara Vox, coaliciones de partidos de ámbito territorial y fuerzas extraparlamentarias de distinto signo, incluyendo comunistas, feministas, latinos, centristas y ultraderechistas.

JUNQUERAS Y PUIGDEMONT, CABEZAS DE LISTA DE ERC Y JUNTS
En concreto, ERC lidera una lista independentista con Bildu, el BNG y otros partidos asturianos, canarios y aragoneses denominada Ahora Repúblicas y encabezada Oriol Junqueras, mientras que Junts per Catalunya (JxCat) y sus marcas precedentes de PDeCAT y la antigua Convergència (CDC) concurren con una candidatura con la denominación Lliures per Europa (Junts) que encabezan el expresidente catalán Carles Puigdemont.

De su lado, el PNV, Coalición Canaria, Compromiso por Galicia, Agrupación Atarrabia, Proposta per les Illes Balears y Democrates Valencians se presentan bajo la marca Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) y con la nacionalista vasca Izaskun Bilbao de número uno, y los valencianos de Compromís lideran otra candidatura de coalición con más de una quincena de partidos de ámbito territorial como Nueva Canarias, Chunta Aragonesista o En Marea.

En las elecciones de hace cinco años, en las que también salieron elegidos 54 eurodiputados, el PP se alzó ganador, al sumar 16; seguido del PSOE, con 14; IU-ICV, con 6; Podemos, con 5; Unión, Progreso y Democracia (UPyD), con 4; Coalición por Europa (CiU, PNV, Coalición Canaria y Compromiso por Galicia), con 3; ERC y Ciudadanos, con 2 cada uno; y Los Pueblos Deciden (EH Bildu y el BNG) y Primavera Europea (Compromís, Equo, Chunta Aragonesista), con uno cada uno.

En mayo de 2014, Vox se quedó a las puertas de entrar por primera vez en el Parlamento europeo, pero en esta ocasión todo apunta a que los de Santiago Abascal conseguirá ‘estrenarse’ en Europa. El último CIS preelectoral auguraba a Vox entre 4 y 5 diputados.

EL ESTADO ABONARÁ A LOS PARTIDOS 32.500 EUROS POR ESCAÑO
Cada uno de los 54 parlamentarios electos en las urnas este domingo recibirá una asignación mensual de 8.757,70 euros que, tras la aplicación de un impuesto comunitario y el pago de una cotización de un seguro de accidente, se queda en una salario neto de 6.824,85 euros, más elevado que el que perciben los diputados del Congreso.

Además, el Estado abonará a cada formación política o coalición electoral que concurra a estos comicios un total de 32.508,74 euros por cada eurodiputado que consiga, y 1,08 euros por cada voto cosechado.

Éstos fueron los resultados de las últimas elecciones europeas, celebradas el 25 de mayo de 2014:

La participación fue de un 45,84 por ciento y la abstención, de un 54,16 por ciento.

(1) La coalición La Izquierda Plural integraba a IU, ICV, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y Anova, entre otros.

(2) Coalición por Europa (CEU) agrupaba a CiU, PNV, Coalición Canaria y Compromiso por Galicia (CxG).

(3) Los Pueblos Deciden (LPD) reunía a EH Bildu y el BNG, entre otros partidos.

(4) Primavera Europea fue la alianza que formaron Compromís, Equo, Chunta Aragonesista (CHA) y otros.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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